Esa erosión puede comenzar con líderes que llegan al poder de manera absolutamente legítima, elegidos por el voto popular. El problema aparece cuando, una vez en el gobierno, en lugar de fortalecer las instituciones, comienzan a debilitarlas, a cuestionar sus límites y a descalificar a quienes ejercen controles.

Uno de los primeros síntomas suele aparecer en el lenguaje. El insulto como herramienta política nunca es inocente. Cuando desde el poder se agrede de manera permanente a periodistas que preguntan, a opositores que piensan diferente o a empresarios que no se alinean con el discurso oficial, se instala una lógica peligrosa: quien no aplaude, se convierte en enemigo.

Y cuando el insulto y la descalificación bajan desde lo más alto del poder, también se habilita una sociedad más intolerante. Se deteriora el respeto por el otro y se rompe, poco a poco, uno de los pactos esenciales de toda democracia: aceptar que quien piensa distinto no es un enemigo, sino parte de la misma comunidad.

Después, la erosión puede avanzar sobre las instituciones. Si la Justicia dicta una sentencia que incomoda al poder, se la acusa de estar comprada. Si el Congreso no acompaña una iniciativa del Ejecutivo, se cuestiona su legitimidad. Si un medio de comunicación critica al Gobierno, se lo acusa de mentir o de formar parte de una conspiración.

Así, los controles dejan de ser vistos como una garantía democrática y comienzan a presentarse como obstáculos. Pero una democracia no consiste solamente en votar cada determinado tiempo. Democracia también significa respetar las instituciones, aceptar los límites del poder, garantizar la libertad de expresión, tolerar al adversario y comprender que ninguna mayoría tiene derecho a eliminar las reglas que protegen a las minorías.

La democracia no suele quebrarse de un día para otro. Se va vaciando de a poco. Primero se naturaliza el insulto. Después, la descalificación. Luego, el desprecio por las instituciones. Y finalmente puede quedar apenas la cáscara: se vota, pero ya no se escucha; se gobierna, pero ya no se tolera; se discute, pero ya no se puede convivir.

Por eso es tan peligroso naturalizar el insulto como una forma legítima de hacer política. Porque las democracias no se defienden solamente el día de las elecciones. Se defienden todos los días: respetando al que piensa diferente, aceptando los límites del poder y cuidando las instituciones que pertenecen a todos.

Y cuando una sociedad deja de defender esas reglas, la democracia puede seguir teniendo elecciones, pero empieza a perder aquello que le da verdadero sentido: la libertad, el pluralismo, el respeto y la convivencia.

Hubo una época en la que el suelo temblaba a menudo. Durante cuatro décadas, el polígono de ensayos de Semipalatinsk fue uno de los lugares que más lo sintió, hasta que su cierre, hace 35 años, sumió en el silencio una extensión de la estepa kazaja. Esa decisión reflejó una tendencia más amplia a abandonar los ensayos nucleares. En los años previos a la apertura a la firma del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), en 1996, se llevaron a cabo más de 2.000 explosiones de ese tipo. Desde entonces, menos de una docena. El hecho de que los temblores se volvieran menos frecuentes no es una casualidad de la historia. Es una decisión que los Gobiernos tomaron y vuelven a tomar cada año y, a diferencia de un hecho, una decisión se puede revocar. No debe ser así.

Esa decisión es también algo que se construye, se mantiene y se verifica. En el centro de todo ello se encuentra una red mundial de más de 300 estaciones y laboratorios, repartidos por más de 90 países, que escuchan la Tierra con una precisión extraordinaria. El Sistema Internacional de Vigilancia, establecido como parte del régimen de verificación del Tratado, puede detectar una explosión equivalente a 500 toneladas de TNT, aproximadamente el 3% de la potencia de la bomba de Hiroshima. Todos los ensayos declarados por la República Popular Democrática de Corea se detectaron, incluso los más pequeños. El sistema no pide al mundo que confíe en él. Ofrece al mundo una comprobación.

La ciencia, en ese sentido, es el antídoto a la desconfianza. Permite a los Estados actuar con la confianza de que se están cumpliendo los compromisos y comprobar que los demás hacen lo mismo.

Nada de esto es algo aislado. El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, las zonas libres de armas nucleares y el propio TPCE no son conceptos abstractos. Juntos conforman la arquitectura de la no proliferación y el desarme mundiales, el andamiaje silencioso que sustenta la paz y la seguridad internacionales, y cada uno de ellos ha marcado la forma de actuar de los Gobiernos durante décadas. Pero ningún tratado se sostiene por sí solo. Se mantiene únicamente porque los Estados a los que vincula deciden, año tras año, seguir acogiéndose a él.

Esa es la parte de la historia que en este momento no se puede dar por sentada. Las armas nucleares no son un problema que un solo país pueda resolver solo. Sus consecuencias no se detendrán en las fronteras nacionales, y ningún Estado puede contener esos riesgos por sí solo. Un mundo libre de ensayos nucleares no se puede construir de forma fragmentaria. Depende de los compromisos compartidos y de la voluntad de cada Estado, incluidos aquellos que poseen armas nucleares, de mantener los sistemas que hacen posible la confianza entre ellos.

Digo esto porque algunos Gobiernos están hablando, con más franqueza que en los últimos años, sobre la posibilidad de volver a realizar ensayos. Esa es precisamente la cuestión que el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares pretende abordar: ¿qué estamos haciendo, juntos, en este preciso momento, para asegurar que el mundo no vuelva a caer en los ensayos nucleares, ni este año ni ningún otro?

Creo que la respuesta consta de tres partes. En primer lugar, un llamamiento directo a los nueve Estados restantes del anexo 2 cuya ratificación es necesaria para que el Tratado entre en vigor: actúen sin demora. El TPCE no puede alcanzar todo su poder, jurídico y moral, hasta que lo hagan.

En segundo lugar, un apoyo constante, tanto en palabras como en financiación, al régimen de verificación y a la organización que lo mantiene en funcionamiento. Un instrumento tan preciso como este no se mantiene solo.

En tercer lugar, y como base de ambos, el reconocimiento de que el sistema multilateral, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y los propios Estados deben trabajar en conjunto, no en paralelo ni en competencia. Ya se dispone de las herramientas para ello: el diálogo, la transparencia y las medidas prácticas que fomentan la confianza. Lo que hace falta es la voluntad de utilizarlas.

Nada de esto es teórico. Existen los acuerdos. Existe la infraestructura. Lo que han conseguido hasta ahora es la prueba de lo que se puede lograr cuando se toman en serio.

Los últimos 30 años no eran inevitables. Tampoco lo son los siguientes 30. Eso no es una advertencia. Es una invitación dirigida a todos los Gobiernos que aún se están planteando qué tipo de mundo quieren dejar como legado.

Se optó por la contención, a propósito. Hay que volver a optar por ella una y otra vez.

Un tratado. Una meta. Cero ensayos.

*Robert Floyd es secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.