A través de una publicación en Twitter, Quirno confirmó que se reunió con el máximo responsable de la categoría y explicó que viajó invitado por la ministra de Comercio de Singapur, Grace Fu, y el ministro de Energía, Tan See Leng. “Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1”, escribió el funcionario.

“Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue. Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección”, agregó el canciller.

El encuentro se produjo en el marco del Gran Premio de Singapur, donde Franco Colapinto disputó la carrera Sprint y la clasificación: abandonó la primera por un desperfecto técnico y quedó 16º en la clasificación, aunque largará 15.º por una sanción a George Russell.

Gracias a la invitación del Ministro de Comercio, Grace Fu, y el Ministro de Energía, Tan See Leng, del Gobierno de Singapur a su Gran Premio de Formula 1, me encontré con Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Fórmula 1.

Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a… pic.twitter.com/b5pahfFKms

— Pablo Quirno (@pabloquirno) October 10, 2026

El pedido de Milei y las posibilidades de volver en 2028

El antecedente más reciente fue el discurso que Milei brindó el 31 de agosto durante la apertura del Congreso Americano de la FIA, realizado en Buenos Aires. En aquella oportunidad, el Presidente sostuvo que el país reúne las condiciones para recuperar un lugar en el calendario de la Fórmula 1 y también para recibir nuevamente al Rally Mundial. “Me animo a invitarlos a soñar conmigo”, afirmó antes de cerrar con una referencia al piloto argentino: “Queremos ver a Colapinto en el país”.

La última carrera de Fórmula 1 disputada en la Argentina fue el 12 de abril de 1998, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El regreso de la categoría requiere, además de las gestiones políticas y comerciales, que el circuito cumpla con los estándares técnicos exigidos para albergar una competencia de ese nivel.

Por el momento, la Argentina no figura en el calendario de 2027, que la FIA y Formula One Management anunciaron el 16 de septiembre con 24 Grandes Premios. Una eventual incorporación para ese año dependería de cambios extraordinarios en el cronograma; otra posibilidad es apuntar a 2028, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre una fecha argentina.

En paralelo, avanzan las obras de renovación del Autódromo de Buenos Aires, que tiene previsto recibir al MotoGP del 9 al 11 de abril de 2027 tras 28 años de ausencia de la categoría en el país. La puesta a punto del circuito forma parte de los esfuerzos para recuperar competencias internacionales, aunque la realización del MotoGP no implica por sí misma que la Fórmula 1 vaya a regresar.

“Según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico”, sostuvo Espinoza. Además, cuestionó el impacto del modelo económico sobre la producción: “Este modelo económico está quebrando las economías regionales, a nuestros productores rurales y agropecuarios”, afirmó.

El titular de la FAM también alertó sobre la situación laboral y el deterioro de los ingresos. “Todos los días cierra una fábrica en Argentina, dejando 1000 ocupados en la calle”, expresó. En otro tramo de sus declaraciones, apuntó contra las dificultades que atraviesan los adultos mayores: “Nuestros jubilados tienen que elegir entre comprar el medicamento que necesitan o comer”.

El documento aprobado por los intendentes también reclama la restitución de los fondos educativos, la reactivación de la obra pública y una mayor inversión en salud, educación, seguridad y discapacidad. La entidad advirtió, además, sobre la pérdida de recursos para provincias y municipios, la caída del consumo y el aumento de las demandas sociales que deben atender los gobiernos locales.

“Más de seis millones de argentinas y argentinos están endeudadas, miles de familias endeudadas”, señaló Espinoza. Finalmente, planteó que la federación debe contribuir a construir una alternativa política: “En la FAM tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza y construir una alternativa amplia y superadora para una nueva Argentina”. Además, los intendentes reiteraron el pedido de una reunión urgente con Milei.

El proyecto contempla el reemplazo de equipamiento de Huawei ubicado en el núcleo de redes gubernamentales, además de la puesta en marcha de una estructura centralizada para monitorear amenazas. El futuro centro funcionará bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y no de ARSAT, en un nuevo capítulo de la cooperación entre Buenos Aires y Washington en materia tecnológica.

El financiamiento de Estados Unidos para la ciberseguridad argentina

La iniciativa coincide con una convocatoria del Departamento de Estado estadounidense por hasta US$13.912.185, destinada a brindar asistencia para diseñar, establecer y poner en funcionamiento un centro civil de operaciones de ciberseguridad en la Argentina. El programa prevé un plazo de hasta 36 meses y apunta a proteger las redes gubernamentales y la infraestructura crítica.

De acuerdo con la documentación del programa, el Gobierno argentino solicitó apoyo para fortalecer sus capacidades de ciberseguridad y avanzar hacia el uso de tecnología que Washington considera confiable. Entre los objetivos figura reducir la dependencia de proveedores externos al hemisferio occidental, en línea con la estrategia estadounidense para limitar la presencia de empresas chinas en sistemas sensibles.

La primera etapa contempla un relevamiento de las redes, los sistemas informáticos y los centros de datos del Estado nacional. A partir de ese diagnóstico, se elaborará un inventario de los equipos y se establecerá un orden de prioridades para retirar, aislar o neutralizar aquellos que se consideren vulnerables, sin afectar la continuidad de los servicios esenciales.

El segundo eje apunta a desarrollar una capacidad de monitoreo permanente. El proyecto prevé herramientas para centralizar registros de seguridad, instalar sensores, detectar comportamientos anómalos y coordinar respuestas ante incidentes informáticos entre distintos organismos públicos. También incluye capacitación para analistas e ingenieros argentinos, con la intención de que el centro pueda operar sin una presencia permanente de especialistas estadounidenses una vez finalizada la asistencia.

Argentina deberá pagar gran parte del reemplazo tecnológico

El aporte de Washington no implica que Estados Unidos vaya a financiar la totalidad de la renovación tecnológica. La convocatoria contempla asistencia técnica, evaluaciones, diseño de la arquitectura informática, organización institucional y capacitación, pero establece que Argentina deberá asumir principalmente la compra de equipos, programas y los costos de funcionamiento del centro.

La propuesta también incluye recomendaciones para adecuar el marco institucional y normativo. Entre otros puntos, se deberán definir las atribuciones del centro, los mecanismos de intercambio de información entre organismos, las reglas para almacenar datos y las responsabilidades de cada área ante una intrusión o un ataque.

El programa se vincula con una discusión que el Ejecutivo ya mantenía sobre los proveedores de tecnología utilizados en sectores estratégicos. La Casa Rosada evalúa establecer requisitos de seguridad para redes, centros de datos e infraestructura crítica, en un contexto de creciente presión estadounidense para reducir la presencia de compañías chinas en sistemas considerados sensibles.

La disputa entre EEUU y China por la tecnología asiática

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a cuestionar esta semana el uso de tecnología china y sostuvo que la elección de proveedores no debe depender únicamente del precio. El diplomático vinculó la protección de las redes con la seguridad de los datos y con las condiciones necesarias para atraer inversiones extranjeras.

El gobierno de Trump sostuvo que el equipamiento de empresas como Huawei puede generar riesgos para la seguridad de la información y la infraestructura crítica. Esas advertencias forman parte de la posición oficial estadounidense, que promueve el reemplazo de tecnología de proveedores que considera de alto riesgo.

China rechazó esas acusaciones. La Embajada en Buenos Aires cuestionó los planteos de Washington, denunció una “mentalidad de Guerra Fría” y sostuvo que las advertencias buscan trasladar la competencia entre ambas potencias a terceros países. Beijing también defendió los antecedentes de Huawei en materia de ciberseguridad y protección de datos.

La controversia ya había escalado por la participación de Huawei en proyectos de conectividad e infraestructura tecnológica en Neuquén, en particular por su vínculo con la cooperativa CALF. En ese contexto, el Gobierno argentino analiza mecanismos más amplios para establecer criterios de seguridad sobre los proveedores que intervengan en sistemas estratégicos, más allá de acuerdos comerciales puntuales.

El vínculo tecnológico y militar entre Argentina y Estados Unidos

La cooperación en ciberseguridad se suma a otras iniciativas bilaterales en materia de defensa y seguridad. Equipos argentinos participaron recientemente en Estados Unidos de actividades de capacitación y ejercicios sobre protección de infraestructura crítica y respuesta ante ataques informáticos, en paralelo con la profundización de los vínculos entre ambos países.

En otro carril, ARSAT prepara una licitación pública internacional por US$49 millones para modernizar parte de su red, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dentro de la agenda de infraestructura vinculada con el Corredor Andes-Atlántico. Ese proceso contempla la renovación de equipamiento para las redes ópticas y de transmisión de datos, además de una ampliación de la capacidad.

Aunque ambas iniciativas forman parte de la agenda de modernización tecnológica, tienen alcances y fuentes de financiamiento diferentes: el programa estadounidense se concentra en la asistencia para la ciberseguridad estatal, mientras que la licitación de ARSAT apunta a actualizar infraestructura de telecomunicaciones.

La estrategia oficial apunta a transferir al sector privado la operación de empresas públicas, concretar las inversiones previstas en los pliegos y destinar parte de los recursos obtenidos a atender las necesidades financieras del Estado. Sin embargo, cada operación tiene sus propios plazos y todavía requiere completar distintas instancias administrativas.

AySA: cómo sigue el proceso después de las ofertas

La privatización de AySA es uno de los procesos más avanzados. En la apertura de las ofertas económicas por el 90% de las acciones, el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor presentó una propuesta de US$340,2 millones. Por su parte, el grupo conformado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre ofreció US$285 millones.

La apertura de los sobres económicos no implica una adjudicación automática. La Comisión Evaluadora debe emitir su dictamen y elevarlo para la resolución correspondiente. Antes de completar esa instancia, también deben intervenir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro.

Una vez cumplidos esos pasos, quedarán el cierre de la operación y la firma del contrato. En paralelo, el grupo ganador deberá constituir la sociedad que funcionará como holding controlante de AySA. Las estimaciones apuntan a que el proceso podría demandar alrededor de un mes y a que el pago se concretaría con la firma del contrato.

La operación contempla la transferencia del 90% del paquete accionario que actualmente pertenece al Estado nacional. El futuro operador, además, deberá asumir inversiones por US$2.000 millones para ampliar y mejorar el servicio. La llegada de los nuevos accionistas también podría derivar en cambios en la conducción de la compañía.

Intercargo: el Gobierno prepara un nuevo llamado

Otro de los objetivos del Ejecutivo es retomar la privatización de Intercargo, la empresa que presta servicios de asistencia en tierra a los aviones en los aeropuertos. El primer proceso licitatorio terminó sin ofertas válidas y fue declarado desierto en julio.

El llamado original contemplaba la venta del 100% de las acciones, con un precio base de US$45 millones. Ahora, el Gobierno analiza convocar nuevamente a los interesados con modificaciones en las condiciones de la operación.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para el nuevo llamado ni se conoce cuál será el precio base que establecerá el Ejecutivo. El esquema previsto busca que la empresa continúe funcionando como una unidad operativa, con sus contratos, licencias y servicios en los distintos aeropuertos donde tiene presencia.

Centrales termoeléctricas: licitaciones antes de fin de año

En el sector energético, el Gobierno prepara la venta de las participaciones estatales en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín, a través de licitaciones nacionales e internacionales. La iniciativa contempla desprenderse de la totalidad de las acciones que Energía Argentina (Enarsa) tiene en ambas compañías.

En la central Manuel Belgrano, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, Enarsa controla el 65% del capital social. En la José de San Martín, que funciona en Timbúes, Santa Fe, la participación estatal supera el 60%.

Ambas plantas operan con tecnología de ciclo combinado y cuentan con una potencia instalada cercana a los 800 megavatios cada una. El Gobierno trabaja en la preparación de los pliegos, con la intención de concretar las operaciones antes de fin de año, aunque todavía restan completar etapas administrativas y publicar las condiciones definitivas.

La estrategia oficial también contempla una segunda etapa para avanzar con la central Guillermo Brown, aunque el próximo paso está concentrado en las otras dos plantas.

Belgrano Cargas: ofertas en noviembre y concesiones por 50 años

El proceso de Belgrano Cargas se encuentra en una etapa decisiva. El Gobierno autorizó la licitación nacional e internacional para concesionar la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con una apertura de ofertas prevista para el 11 de noviembre a las 10.

El esquema contempla concesiones por 50 años y una reorganización de los componentes de la actividad ferroviaria, con separación entre infraestructura, operación y talleres. A diferencia de una venta tradicional de acciones, el proceso apunta a transferir la explotación de los servicios bajo las condiciones establecidas en los pliegos.

El Ejecutivo fijó obras obligatorias por al menos US$800 millones y prevé que la transferencia de la operación pueda concretarse durante 2027. El sistema contempla, además, obras optativas que sumarán puntaje en la evaluación de las propuestas, así como la posibilidad de que los interesados presenten ofertas por distintos componentes del material rodante.

Uno de los ejes del esquema es la competencia por peajes. Los operadores podrán utilizar la infraestructura ferroviaria mediante el pago de una tarifa dentro de bandas de referencia y deberán establecer un techo máximo. Las propuestas con peajes más bajos recibirán una mejor puntuación en ese aspecto de la evaluación. Los oferentes también podrán solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sujeto al cumplimiento de sus requisitos.

El destino de los fondos de las privatizaciones

El avance de estas operaciones forma parte de la política oficial para reducir la participación estatal en distintas actividades económicas y obtener recursos a partir de las ventas y concesiones. El Gobierno busca que los procesos pendientes se traduzcan en ingresos y, a la vez, en compromisos de inversión por parte de los nuevos operadores.

Dentro del esquema previsto, el Ejecutivo estableció que el 10% de los fondos obtenidos por las privatizaciones se destine a Defensa. Para las empresas vinculadas directamente con esa área, como Fabricaciones Militares, FAdeA, Coviara y el Astillero, el porcentaje previsto asciende al 70%.

Con AySA en la etapa de evaluación de las ofertas, Intercargo a la espera de un nuevo llamado, las centrales eléctricas en preparación y Belgrano Cargas con fecha para recibir propuestas, el Gobierno busca completar un calendario de privatizaciones y concesiones que combina ingresos fiscales, inversiones privadas y cambios en la gestión de empresas públicas.

El programa Peace Cóndor contempla una inversión superior a los US$300 millones y constituye uno de los principales proyectos de modernización de la Fuerza Aérea Argentina.

El segundo lote realizó una travesía de unos 14.000 kilómetros desde la Base Aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, con una escala técnica en Natal, Brasil. Para completar el traslado fueron necesarias 10 operaciones de reabastecimiento en vuelo con apoyo estadounidense.

La formación incorporada está integrada por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza, mientras que otra aeronave será utilizada para tareas de instrucción técnica destinada al personal de mantenimiento.

Mantenimiento y apoyo de Estados Unidos para los cazas

El sostenimiento de los F-16 argentinos también tendrá respaldo estadounidense. El Departamento de Defensa de Estados Unidos incluyó a la Argentina en un contrato internacional de soporte logístico valuado en US$2.400 millones. El acuerdo contempla trabajos de revisión, reparación, remanufactura y provisión de repuestos para los motores Pratt & Whitney F100, utilizados por los cazas.

El programa se extenderá hasta septiembre de 2036 y será administrado desde el Centro de Sostenimiento de la Fuerza Aérea estadounidense ubicado en la Base Aérea Tinker, en Oklahoma.

El contrato involucra además a otros países que operan F-16 equipados con esta motorización, entre ellos Chile, Brasil, Países Bajos, Polonia, Taiwán, Japón e Israel.

Córdoba y Tandil, claves para entrenar a los pilotos

Mientras Río Cuarto funciona como centro de recepción y mantenimiento inicial, la VI Brigada Aérea de Tandil será la base operativa definitiva del sistema F-16.

En Tandil ya funciona el Centro de Simulación Táctica, diseñado para reproducir la cabina de los cazas y permitir el entrenamiento de los pilotos sin necesidad de utilizar una aeronave en cada práctica.

Los simuladores permiten ejercitar procedimientos de emergencia, maniobras complejas y tácticas de combate BVR (Beyond Visual Range), es decir, enfrentamientos contra objetivos ubicados más allá del alcance visual.

La incorporación del nuevo sistema también exige una intensa capacitación de personal. Cerca de 200 profesionales, entre ingenieros, mecánicos, arquitectos y especialistas, participan de distintas tareas vinculadas con la adaptación de la infraestructura y el mantenimiento de los aviones.

Entrenamiento con instructores estadounidenses

Las operaciones de vuelo realizadas actualmente en Río Cuarto se desarrollan con pilotos argentinos acompañados por instructores estadounidenses. El esquema acordado para la incorporación de los F-16 contempla la presencia de instructores en tierra durante un período inicial de dos años, además del apoyo de la empresa Top Aces.

La Fuerza Aérea mantiene bajo reserva la identidad de los pilotos seleccionados por razones de seguridad operacional. El sector donde funciona el Escuadrón F-16 cuenta con controles de acceso, cámaras con reconocimiento facial y restricciones para el ingreso de dispositivos electrónicos.

Con la mitad de la flota ya en Argentina, el programa Peace Cóndor entra así en una nueva etapa: acelerar la recepción de los cazas restantes y completar, durante 2027, la infraestructura, capacitación y capacidades necesarias para operar el sistema desde Tandil.

El Ejecutivo proyectaba votar la ley de gastos durante los primeros días de noviembre, pero las complicaciones hicieron que se trabaje para tratarlo en Diputados durante la tercera semana de penúltimo mes del año.

Con el 30 de noviembre como fecha tope, la Casa Rosada analiza extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.

La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.

Entre los principales puntos para negociar aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obra pública que reclaman los gobernadores.

El Ejecutivo considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconoce que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación.

Otros proyectos con los que LLA busca avanzar

La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el miércoles 21 de octubre al mediodía en la Cámara de Diputados y la Secretaría Parlamentaria rápidamente confirmó la convocatoria con la que el oficialismo busca bloquear el intento opositor para voltear el DNU 70/23.

La solicitud de la sesión especial, encabezado por Gabriel Bornoroni (jefe del bloque LLA), repite dos proyectos que son parte de la convocatoria de la oposición al recinto el próximo 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.

No se incluyó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno pretende fortalecer la posición soberana del Estado argentino sobre las Islas Malvinas respecto a la usurpación del territorio y la expoliación extranjera de sus recursos naturales, además de introducir reformas al sistema de Seguridad Nacional y en el aparato de Defensa.

En cambio, sí aparece en el temario el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se dictaminará en un trámite ultra exprés en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá por primera y única vez el miércoles a las 16 hs.

La obra será financiada con recursos nacionales y prevé una primera etapa de 240 metros de muelle, destinada a brindar apoyo logístico a las unidades de la Armada Argentina en el Atlántico Sur.

Base Naval Integrada de Ushuaia: cómo será la construcción del muelle militar

La publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial representa un avance administrativo clave para concretar una de las principales obras de infraestructura naval proyectadas en el extremo austral del país. El procedimiento habilita el proceso de contratación y establece las condiciones presupuestarias y los plazos previstos para ejecutar los trabajos.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa bajo la conducción del teniente general Carlos Alberto Presti, contempla una inversión oficial de $189.321 millones, con financiamiento asignado directamente a través de la Armada Argentina.

El proyecto busca fortalecer la infraestructura de amarre y apoyo logístico en Ushuaia, una ubicación estratégica para las operaciones navales en el Atlántico Sur y las aguas que rodean Tierra del Fuego.

Los primeros 240 metros de muelle y el plazo de ejecución

El cronograma técnico establece como primera meta la construcción de 240 metros de muelle en un plazo de 18 meses. Esta etapa inicial permitirá que las unidades de la División de Patrullado Austral puedan amarrar y recibir apoyo logístico sin necesidad de esperar a que se complete la totalidad de la base.

El diseño general contempla un muelle de 585 metros, cuya finalización está proyectada para 2029. El plazo total de ejecución fijado para la obra licitada es de 36 meses.

La construcción por etapas apunta a poner en funcionamiento parte de la infraestructura antes de la finalización integral del complejo, con el objetivo de adelantar sus beneficios operativos para la Armada.

Cinco licitaciones públicas para reorganizar el proyecto

La convocatoria se enmarca en una reorganización del esquema de ejecución de la Base Naval Integrada de Ushuaia. En septiembre, después de una inspección territorial realizada por representantes de Defensa y Cancillería, la Armada definió avanzar mediante cinco licitaciones públicas en simultáneo, en lugar de mantener el modelo anterior centralizado en la empresa estatal Tandanor.

El nuevo mecanismo busca distribuir los procedimientos de contratación y avanzar con los distintos componentes de la infraestructura prevista. La licitación del muelle constituye uno de los pasos necesarios para llevar el proyecto desde su planificación hasta el inicio efectivo de los trabajos.

Cómo se financiará la Base Naval Integrada de Ushuaia

La asignación de fondos a través de la Armada Argentina cobra relevancia porque el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado al Congreso no incluyó una partida individualizada bajo la denominación específica de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Para sostener la inversión inicial, el financiamiento se articuló mediante reasignaciones de crédito aprobadas por el Decreto 867/2026 y aplicaciones financieras asignadas a la fuerza, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto.

El Ministerio de Defensa ratificó que la obra se ejecutará con recursos argentinos, sin financiamiento ni participación operativa extranjera. De esta manera, el Gobierno busca asegurar la continuidad del desarrollo mediante fondos nacionales.

El papel estratégico de la base naval en el Atlántico Sur

La Base Naval Integrada de Ushuaia fue concebida como un componente central del dispositivo de defensa y vigilancia aeronaval argentino. Su infraestructura permitirá complementar la presencia de buques de superficie con capacidades de exploración marítima y aviación de combate.

Entre los medios previstos para operar dentro de este esquema se encuentran los aviones de exploración marítima P-3 Orion y los cazas F-16 Fighting Falcon, además de las unidades navales destinadas a las tareas de patrullado y control.

En relación con los F-16, el Informe N.º 142 de la Jefatura de Gabinete ratificó ante el Congreso que no existen restricciones operativas impuestas por Estados Unidos para su empleo en la jurisdicción del Atlántico Sur, según la información oficial citada sobre el programa.

La ubicación de Ushuaia también otorga relevancia logística al proyecto por su proximidad a las rutas marítimas australes y su conexión con las operaciones argentinas en el extremo sur.

Cuándo comenzarán las obras del muelle militar

Tras la publicación formal del llamado a licitación, el procedimiento deberá avanzar con la recepción de ofertas y la posterior adjudicación, de acuerdo con las condiciones establecidas para la contratación.

La Armada fijó como objetivo interno iniciar los trabajos en el terreno el 2 de enero de 2027. El cumplimiento de esa fecha dependerá del avance del proceso administrativo y de la adjudicación correspondiente.

El nuevo escenario geopolítico y los desafíos de la Defensa argentina

Durante una exposición en el Hotel Libertador, titulada “Coordinación estratégica en un mundo cambiante: el Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas ante los nuevos desafíos del siglo XXI”, Della Nogare describió un escenario internacional marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, la incertidumbre global y la aparición de nuevas amenazas.

“Estamos en un momento de alta competencia entre Estados Unidos y China, de alta incertidumbre y posiblemente entrando en una nueva era”, afirmó.

El almirante también destacó el cambio de prioridades de Washington durante la administración de Donald Trump. “Estados Unidos vuelve a mirar hacia América”, sostuvo, al analizar las implicancias de ese giro para la región.

En ese contexto, advirtió sobre el crecimiento de amenazas vinculadas con organizaciones armadas no estatales, el narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal y el contrabando de combustibles.

“Tenemos amenazas que antes no teníamos o que no veíamos con la misma intensidad”, señaló.

Submarinos: Alemania y Francia compiten por el contrato

Una de las principales novedades que dejó la exposición fue la confirmación de que la Argentina ya recibió las propuestas para la compra de tres submarinos destinados a la Armada.

Las ofertas corresponden a Alemania y Francia, cuyos representantes presentaron alternativas tecnológicas y esquemas de financiamiento que contemplan cubrir el 100% del costo de las unidades mediante pagos en cuotas.

Según explicó Della Nogare, la Armada ya realizó la evaluación técnica y cuenta con una posición sobre las opciones disponibles. Sin embargo, la decisión final también dependerá de factores políticos, estratégicos y económicos.

El jefe militar destacó que ambas alternativas ofrecen plataformas de alto nivel tecnológico. No obstante, advirtió que la incorporación de los submarinos demandará tiempo: desde la firma del contrato hasta la llegada de la primera unidad podrían transcurrir entre cinco y seis años.

Fabricaciones Militares podría producir los nuevos fusiles

Della Nogare también anticipó avances en la renovación del armamento individual de las Fuerzas Armadas. Tras analizar distintas propuestas durante dos años, la empresa israelí IWI fue seleccionada para avanzar con el suministro de nuevos fusiles.

El objetivo es reemplazar progresivamente los históricos FAL, que llevan alrededor de seis décadas en servicio, y recuperar capacidades industriales locales.

“Queríamos fabricar parte de esos fusiles”, afirmó el almirante, quien adelantó que se negocia con la compañía israelí para definir qué proporción de la producción podrá realizarse en el país.

En ese esquema, Fabricaciones Militares podría volver a fabricar armamento y municiones. La iniciativa busca combinar la incorporación de tecnología moderna con el desarrollo de la industria nacional de defensa.

Base Naval Integrada de Ushuaia: cuándo comenzaría la obra

Otro de los proyectos estratégicos abordados fue la Base Naval Integrada de Ushuaia, destinada a fortalecer la presencia argentina en el extremo sur y mejorar las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.

Della Nogare señaló que el Gobierno ya asignó partidas para iniciar la primera etapa, que contempla tres edificios, instalaciones de servicios marítimos y un primer tramo del muelle.

La construcción podría comenzar, como máximo, durante la primavera de 2027 y demandaría entre tres y cinco años para su desarrollo completo.

El proyecto se complementa con trabajos en la Base Antártica Naval Conjunta, donde se prevé instalar nuevos módulos y adaptar la pista para permitir operaciones de aviones Hércules.

Malvinas y los salarios militares: las otras definiciones

Durante la ronda de preguntas, Della Nogare destacó la importancia estratégica de las Islas Malvinas por su proximidad con la Antártida y su ubicación respecto de las comunicaciones bioceánicas.

“Siempre dije que creo que Malvinas se va a terminar recuperando el día que económicamente no sea factible para el Reino Unido mantenerlas”, expresó al referirse a la cuestión de la soberanía.

El jefe militar también reconoció las dificultades salariales dentro de las Fuerzas Armadas. Estimó que un soldado voluntario cobra alrededor de $700.000 y advirtió sobre la situación de los cuadros profesionales, cuyos ingresos se encuentran por debajo de los de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, la exposición dejó un panorama de las prioridades de la Defensa argentina: recuperar capacidades militares, modernizar equipamiento, fortalecer la producción nacional y adaptar las Fuerzas Armadas a un escenario internacional cada vez más complejo.

La solicitud de la sesión especial, encabezado por el libertario cordobés Gabriel Bornoroni (jefe del bloque LLA), repite dos proyectos que son parte de la convocatoria de la oposición al recinto el próximo 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.

No se incluyó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno pretende fortalecer la posición soberana del Estado argentino sobre las Islas Malvinas respecto a la usurpación del territorio y la expoliación extranjera de sus recursos naturales, además de introducir reformas al sistema de Seguridad Nacional y en el aparato de Defensa.

En cambio, sí aparece en el temario el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se dictaminará en un trámite ultra exprés en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá por primera y única vez el miércoles a las 16.

La idea del oficialismo es incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras en el articulado de la norma sobre Propiedad Privada y devolver el proyecto al Senado, donde se había aprobado con media sanción hace poco más de dos meses.

Si bien el Gobierno está en contra de cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales a extranjeros, dio un giro pragmático al darse cuenta que era una batalla perdida socialmente, y que si insistía con la derogación de la norma, la oposición podía llevarse puesto no solamente la derogación de la Ley de Tierras sino el DNU 70/23 completo.

El fallo de la Corte Suprema activó al oficialismo

Este viernes, la Corte Suprema le “dio una mano” al oficialismo con su último fallo por el cual aceptó dar lugar al pedido de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie para reponer la vigencia de la Ley de Tierras.

Además de los proyectos de Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el temario incluye la iniciativa sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural.

El oficialismo estaba esperando el fallo de la Corte Suprema para pedir la sesión especial, ya que la resolución judicial le dio la tranquilidad de que la oposición no reuniría quórum el 15 de octubre.

Los diputados indecisos de los bloques dialoguistas encontraron en la medida del máximo tribunal una vía des escape y la excusa perfecta para prescindir de la convocatoria opositora: la reposición de la Ley de Tierras (aunque sea de manera provisoria y no definitiva) les quitó incentivos para ir contra todo el paquete desregulatorio del DNU 70.

En su publicación, el mandatario sostuvo que existe un mecanismo que se repite en distintos países de América Latina y que consiste en apropiarse de reclamos considerados legítimos para impulsar mayores niveles de gasto estatal.

“Los discapacitados, los jubilados, la universidad pública. Después, en nombre de esa causa, exige cada vez más gasto público, crea estructuras burocráticas gigantescas y administra cajas multimillonarias sin controles ni transparencia”, expresó.

Milei aseguró que cuando se intenta auditar o revisar el destino de los fondos públicos, quienes administran esas estructuras responden con cuestionamientos ideológicos en lugar de brindar explicaciones sobre los recursos.

“¿Qué pasa cuando alguien llega y se anima a preguntar dónde está la plata? ¿Cuando alguien pretende auditar esas cajas? Aparece el chantaje moral”, escribió.

Según el Presidente, quienes son señalados por pedir rendición de cuentas son acusados de estar en contra de los sectores que supuestamente se busca proteger.

“No muestran los números. No rinden cuentas. No explican nada. Te acusan de estar en contra de los discapacitados, de los jubilados o de la educación”, afirmó.

Críticas a las organizaciones y pedido de auditorías

En otro tramo de su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que detrás de muchas estructuras financiadas con fondos públicos suelen aparecer “intermediarios, estructuras militantes, privilegios y curros”.

A su vez, consideró que las principales perjudicadas son las personas que realmente necesitan asistencia, mientras que los contribuyentes terminan financiando mecanismos que, según su visión, benefician a grupos de poder.

“Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta”, señaló.

LA ESTAFA DE LAS BANDERAS NOBLES.

El socialismo tiene un mecanismo perverso que repite sistemáticamente en toda América Latina: SE APROPIA DE CAUSAS NOBLES PARA JUSTIFICAR CURROS INDEFENDIBLES.

Primero elige una causa moralmente atendible. Los discapacitados, los jubilados, la…

— Javier Milei (@JMilei) October 9, 2026

“Que se abran todas las cuentas”

Hacia el final de la publicación, Milei reclamó mayores niveles de transparencia en el manejo de los recursos públicos y exigió la apertura de todas las cuentas vinculadas al financiamiento estatal.

“Que se abran todas las cuentas. Que se publique cada contrato. Que cada responsable rinda cuentas hasta del último peso. Los argentinos merecen saber en qué se gasta su dinero”, manifestó.

El mensaje concluyó con una de las consignas habituales del mandatario: “Viva la libertad, carajo”.

“Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, escribió la senadora en X.

Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad.

TMAP 🇦🇷 pic.twitter.com/bzYEg3r2ZR

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026

Por su parte, el mandatario compartió en su cuenta de Instagram: “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”.

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El encuentro, que duró más de dos horas, se produjo después de una serie de declaraciones de la senadora en las que dejó en claro sus diferencias con la estrategia del oficialismo, en especial en lo que refiere al tratamiento de la Ley de Tierras, la situación del DNU 70/2023 y decisiones relacionadas con el Presupuesto 2027, como los recortes en Discapacidad.

Pese al acercamiento, fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que Bullrich le planteó al mandatario que “va a seguir marcando lo que ella ve que está mal”, algo que el líder de La Libertad Avanza recibió de buena manera.

Días atrás, la ex ministra de Seguridad anunció que votaría en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas enviado por el Poder Ejecutivo, debido a su actuación en el caso Chocobar.

Otra de sus últimas diferencias tuvo que ver con la estrategia legislativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Antes del encuentro de este viernes, Bullrich estuvo presente en otras reuniones de Gobierno que se llevaron a cabo durante esta semana. El lunes, Milei reunió a su gabinete en Casa Rosada y la líder de LLA en el Senado estuvo presente.

Un día despúes, el vocero presencial Adrián Ravier sostuvo que Bullrich “apoya la candidatura de Javier Milei para 2027”.

La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.

El máximo tribunal consideró necesario adoptar una decisión provisoria para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente, debido a que los tribunales inferiores no habían resuelto los planteos formulados por los demandantes.

Por qué la Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras

La Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares iniciaron a fines de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche.

En su presentación solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, al considerar que la derogación de la Ley 26.737 comprometía el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Los demandantes sostuvieron que la eliminación de esa legislación ponía en riesgo la utilización racional de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica.

Sin embargo, el Juzgado Federal de Bariloche remitió el expediente a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa vinculada con la misma disposición del decreto.

Posteriormente, el expediente llegó a la Corte Suprema sin que los tribunales anteriores se pronunciaran sobre la legitimación de los actores ni sobre la medida cautelar solicitada.

Las diferencias entre los casos Árbol de Pie y CECIM

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó la demanda presentada por CECIM, que cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras a partir de una presunta afectación de la soberanía nacional.

En aquella resolución, el tribunal consideró que la entidad carecía de legitimación activa para impulsar el reclamo, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Tras ese fallo, los representantes de Árbol de Pie solicitaron que se aclarara si la decisión también alcanzaba a su presentación y reiteraron el pedido de protección cautelar.

La Corte distinguió ambos expedientes porque el planteo de Árbol de Pie se encontraba vinculado con la protección del ambiente, mientras que CECIM había fundamentado su demanda en cuestiones de soberanía.

El tribunal destacó que el trámite judicial había dejado sin respuesta los pedidos de los demandantes y que estaban comprometidos tanto el derecho a obtener una decisión judicial oportuna como la protección ambiental.

En ese contexto, resolvió suspender los efectos de la derogación hasta que el juzgado competente examine los planteos pendientes.

La disidencia de Rosenkrantz

El juez Carlos Rosenkrantz se pronunció en contra de la medida adoptada por la mayoría.

Aunque reconoció que la legitimación invocada por Árbol de Pie difería de la planteada por CECIM, consideró que la Corte Suprema carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina en ese expediente.

Por ese motivo, sostuvo que correspondía remitir la causa a la Justicia federal de Bariloche sin disponer ninguna suspensión.

Esa posición habría mantenido vigentes los efectos derogatorios del artículo 154 del DNU 70/2023 mientras continuaba la tramitación judicial.

La cautelar de la Corte, texto completo