La citación responde a la causa principal por el desvío de fondos en la empresa estatal de telecomunicaciones.

La imputación contempla los delitos de administración fraudulenta, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

A horas de su primera declaración indagatoria, el lugar de detención de Facundo Leal se encuentra bajo siete llaves, teniendo en cuenta el secreto de sumario en el que se encuentra la causa.

Las primeras informaciones del caso señalaban que Leal se encontraba en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el dato no fue confirmado y se espera un traslado estratégico de máxima seguridad para evitar filtraciones.

El caso: drogas y fajos de dólares

La Justicia acusó formalmente al ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, por el presunto alquiler con sobreprecios de predios destinados al almacenamiento de materiales de fibra óptica, una causa por corrupción que derivó en el secuestro de más de 2.3 millones de dólares en efectivo y un lote de drogas sintéticas en sus propiedades de Mendoza y Palermo.

El juez Lino Mirabelli decretó el secreto de sumario sobre el expediente tras ordenar la incomunicación del exfuncionario, por lo que los peritos contables analizan los contratos comerciales de la entidad estatal y la procedencia de las millonarias sumas de dinero termoselladas que la Policía Federal halló ocultas en una valija y en una caja fuerte.

Las fuerzas de seguridad federales incautaron más de 2.3 millones de dólares en efectivo, dinero de diversos países y una importante cantidad de sustancias sintéticas durante los procedimientos realizados en las propiedades Facundo Leal. Los operativos se desarrollaron en las provincias de Mendoza y Buenos Aires bajo el marco de un expediente penal por presuntas irregularidades administrativas, por lo que el imputado permanece actualmente detenido e incomunicado por orden de las autoridades judiciales.

La Policía Federal detectó un particular sistema de almacenamiento de divisas extranjeras en el interior de una valija ubicada en el domicilio mendocino del imputado. La suma total de 1.7 millones de dólares se encontraba fraccionada en bloques individuales de 10.000 dólares con fajas de origen bancario, los cuales a su vez conformaban estructuras termoselladas de 100.000 dólares por cada fajo sellado.

La decisión de la representación diplomática francesa elevó el conflicto a un plano institucional y generó un fuerte impacto político, al tratarse de una medida inusual contra una funcionaria en ejercicio.

El mensaje de Hebe Casado que desató la polémica

La controversia comenzó durante el encuentro entre Francia y Paraguay por los octavos de final de la Copa del Mundo. A través de su cuenta en la red social X, Casado publicó: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.

El comentario generó una inmediata ola de críticas por su contenido, que fue interpretado por distintos sectores como discriminatorio hacia los jugadores del seleccionado francés, muchos de ellos descendientes de inmigrantes africanos.

Con el paso de las horas, la polémica trascendió las redes sociales y llegó a la Embajada de Francia en Argentina, que decidió responder oficialmente.

La respuesta de Francia

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, fue contundente al condenar las declaraciones de la dirigente mendocina. “El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, sostuvo el diplomático.

Además de declarar a Casado “persona no grata”, la Embajada informó que ningún funcionario francés participará en reuniones oficiales con el Gobierno de Mendoza si la vicegobernadora forma parte de esos encuentros. No obstante, aclararon que la medida no implica restricciones para que la funcionaria pueda viajar a Francia.

La defensa de Hebe Casado

Tras el revuelo, la vicegobernadora defendió sus publicaciones y aseguró que sus expresiones formaban parte del “folklore futbolero”.

“El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto”, afirmó en declaraciones a medios mendocinos.

Casado también rechazó que su comentario tuviera un contenido racista y cuestionó la interpretación realizada por quienes la criticaron.

“No le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior”, sostuvo durante una entrevista radial.

Según explicó, la intención de su mensaje nunca fue discriminar, sino hacer referencia a la composición del plantel francés en un contexto futbolístico.

Otro posteo que profundizó las críticas

La polémica creció aún más cuando Casado compartió una publicación que afirmaba que Francia era “la selección de África” y exhibía un listado de futbolistas que supuestamente no habían nacido en territorio francés.

Sin embargo, esa información fue cuestionada porque contenía datos inexactos. En el actual plantel francés, solo algunos jugadores nacieron fuera de Francia, entre ellos Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba, mientras que la mayoría nació en suelo francés, aunque muchos tienen ascendencia africana o de otros países.

Un historial marcado por las controversias

No es la primera vez que Hebe Casado protagoniza declaraciones que generan fuerte repercusión pública.

La dirigente, médica de profesión y actualmente alineada con La Libertad Avanza tras su paso por el PRO, ya había sido cuestionada en 2025 por calificar algunas carreras universitarias como “hobbies” y poner en duda el financiamiento estatal de propuestas académicas sin salida laboral.

Años antes, durante la pandemia de coronavirus, también había generado rechazo al publicar un mensaje en el que deseaba que el entonces presidente Alberto Fernández, tras contraer Covid-19, contagiara a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La nueva controversia, esta vez con repercusiones diplomáticas, vuelve a colocar a la vicegobernadora mendocina en el centro del debate público y suma tensión a la relación entre la representación francesa y las autoridades provinciales.

La actual prórroga venció el pasado 9 de julio, por lo que el equipo económico ya tiene listo un nuevo decreto que se espera sea publicado en el Boletín Oficial entre este lunes y el martes. En paralelo, la emergencia para el transporte y la distribución de gas continuará vigente hasta fines de 2026.

La decisión apunta a darle al Poder Ejecutivo mayor margen de acción mientras el sector privado avanza con inversiones destinadas a incrementar la capacidad de generación, transporte y almacenamiento de electricidad en todo el país.

El objetivo del Gobierno es dejar atrás la emergencia energética en 2027

Fuentes del sector señalaron que la intención oficial es que la próxima prórroga sea una de las últimas, ya que las principales obras licitadas deberían comenzar a entrar en funcionamiento durante 2027.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno declaró y luego prorrogó en dos oportunidades la emergencia energética, al considerar que el sistema presentaba un deterioro significativo tras años de falta de inversión.

El decreto 370/2025, que rigió hasta el 9 de julio de este año, justificó la medida por la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos frente a un escenario caracterizado por problemas en la infraestructura, distorsiones tarifarias y ausencia de señales de mercado para incentivar nuevas inversiones. Durante este período, el Gobierno impulsó una serie de reformas orientadas a normalizar el funcionamiento del mercado eléctrico y gasífero.

Las medidas que ya implementó el Gobierno en el marco de la emergencia eléctrica

Entre los principales cambios figura la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que estableció un esquema de actualización mensual de tarifas junto con compromisos de inversión para las empresas distribuidoras y transportistas.

También avanzó en la transformación del régimen de subsidios, dejando atrás el esquema de segmentación por ingresos (RASE) para implementar un sistema más focalizado.

En paralelo, el Ejecutivo profundizó la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el objetivo de fomentar una mayor competencia entre privados.

A estas medidas se suman la reconcesión de las represas hidroeléctricas del Comahue y la transferencia al sector privado de Transener, la principal empresa transportadora de energía eléctrica del país.

Las obras millonarias para reforzar el sistema eléctrico

Uno de los ejes centrales de la estrategia oficial es la ejecución de obras que permitan aumentar la capacidad del sistema y evitar interrupciones del servicio durante los picos de consumo.

Entre los proyectos más avanzados se encuentran inversiones por US$650 millones destinadas a sistemas de almacenamiento de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuya puesta en marcha comenzaría hacia diciembre.

Además, la Secretaría de Energía adjudicó recientemente obras por otros US$700 millones para incorporar más de 700 megavatios (MW) mediante baterías de almacenamiento distribuidas en siete regiones del país. Estas instalaciones permitirán responder con mayor eficiencia durante los momentos de máxima demanda eléctrica.

Un plan de US$6.600 millones para ampliar la red

En paralelo, el Gobierno avanza con licitaciones por US$6.600 millones para fortalecer el sistema nacional de transporte eléctrico, considerado uno de los principales cuellos de botella de la infraestructura energética argentina.

El plan contempla 16 proyectos prioritarios, íntegramente financiados por capital privado, que incluyen la construcción de más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión.

Entre las obras más relevantes figuran AMBA I, destinada a reforzar el abastecimiento en la región que concentra cerca del 40% del consumo eléctrico del país, y dos nuevas líneas de transmisión de 500 kV que conectarán Mendoza y Chubut con la provincia de Buenos Aires.

Con estas inversiones, el Gobierno apuesta a robustecer la red eléctrica nacional, incrementar la capacidad de transporte desde los centros de generación hacia los principales polos de consumo y dejar atrás un régimen de emergencia que se mantiene vigente desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y el entonces secretario de Obras Públicas José López, son los principales acusados.

Según la Justicia, hubo cobro de sobornos para la concesión de la obra y la construcción de los gasoductos Norte y Sur, por unos 13 millones de pesos en aquel momento.

Los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset argumentaron que “la empresa consumó prácticas corruptas, en el sector crítico de infraestructura de la obra pública y adoptó el soborno como método de acceder a las licitaciones”.

Pedido de penas

El Ministerio Público pidió 5 años de prisión para Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa por administración fraudulenta y cohecho.

En tanto, para los directivos de Skanska requirió 4 años y 6 meses por cohecho activo, y para los responsables de Infinity Group, 4 años.

Para otros 17 imputados, los fiscales pidieron la absolución por considerar que no se acreditó su responsabilidad en los hechos.

El caso

Entre las idas y vueltas, la Cámara Federal había archivado el expediente que supo estar en manos del fallecido juez Norberto Oyarbide, al desconocer la grabación de un directivo de Skanska que reconoció el pago de sobornos a funcionarios.

En ese primer tramo, fueron sobreseídos el ex secretario de Energía Daniel Cameron y el ex interventor de Enargas Fulvio Madaro.

Fue la Corte Suprema la que validó la grabación hecha por Javier Azcarate y, a partir de ahí, se reactivó la denuncia que apuntó a De Vido, López y otros.

Según la investigación, entre 2004 y 2006 De Vido recibió sobornos a cambio de direccionar la obra a favor de la multinacional sueca.

La denuncia se hizo en 2006 y la realizó el entonces diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez por supuestas irregularidades en el proyecto de ampliación de gas en 2005.

A lo largo de los años, muchos de los acusados fueron favorecidos por un cierre parcial de la causa de la mano de la Cámara Federal que sobreseyó al ex secretario de Energía Daniel Cámeron y al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro, entre otros.

“La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento. A su vez, los sobornos que se pagaron, de acuerdo al egreso que se acreditó de la firma Skanska, rondarían los 14 millones de pesos”, dijo el juez Sebastián Casanello al elevar el caso a juicio en 2019.

“Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”, concluyó.

Un acuerdo con un tope de US$12 millones para reemplazar los FAL

Además de la primera compra, el convenio fija un marco de cooperación con una vigencia de tres años, durante el cual Argentina podrá solicitar nuevo equipamiento militar por un monto máximo de 12 millones de dólares.

Tras esta primera adquisición, el Ministerio de Defensa dispondrá de un saldo de 10.269.501 dólares para incorporar más fusiles ARAD 7, de calibre 7,62 mm, y ARAD 5, de 5,56 mm, de acuerdo con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. El contrato no establece un cronograma definitivo para futuras compras ni para los pagos correspondientes, sino que habilita nuevas adquisiciones dentro del límite económico previsto durante la vigencia del acuerdo.

Israel será el principal proveedor de los nuevos fusiles para Argentina

El armamento será fabricado por Israel Weapon Industries (IWI), empresa elegida por el Ministerio de Defensa israelí como contratista principal para ejecutar el convenio con Argentina. Como ocurre habitualmente en este tipo de contratos entre Estados, el acuerdo incluye cláusulas que prohíben la reventa o transferencia del material adquirido a terceros sin autorización. Además, se incorporaron mecanismos para contemplar eventuales demoras tanto en los pagos como en las entregas.

Entretanto, la compra de los fusiles ARAD forma parte del proceso de reequipamiento militar impulsado por el Gobierno nacional, con el objetivo de actualizar sistemas que llevan décadas en servicio. Las negociaciones comenzaron durante 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, inició conversaciones técnicas con representantes del Estado Mayor Conjunto y de las tres fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La firma del acuerdo también refleja el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa entre Argentina e Israel, en línea con la política exterior impulsada por el presidente Javier Milei, que ha consolidado a Israel como uno de los principales socios estratégicos del país.

En paralelo, el Ministerio de Defensa mantiene abiertas conversaciones con otros países para avanzar en la adquisición de drones, helicópteros y diversos sistemas militares. Sin embargo, proyectos de mayor envergadura, como la recuperación de una capacidad submarina para la Armada Argentina, continúan condicionados por las limitaciones presupuestarias y el elevado costo de ese tipo de equipamiento.

“La carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero”, aseguró.

En una entrevista radial, el jefe de Estado afirmó que el primer aspecto de la reforma es “quitarle la actual función al Banco Central de cinco objetivos y por el cual puede emitir por cualquier cosa”. En ese sentido precisó que “el único objetivo pasará a ser preservar el valor de la moneda”.

Como segundo punto marcó “la prohibición total y absoluta de financiar al fisco” tanto de “manera directa como indirecta”.

“La política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos”, enfatizó el presidente.

Milei afirmó que, si se viola la independencia del Banco Central, “debería ir preso el directorio de banco que lo avale eso, el Poder Ejecutivo y los diputados y senadores que hagan ese tipo de desastres”.

Al ser consultado sobre si el Congreso votaría en su propia contra, contestó: “Que le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando. Esto es cambiar una ley que trajo 90 años de decadencia de los argentinos”.

Como tercer aspecto subrayó un respaldo contundente a la gobernanza del Banco Central y en ese sentido indicó que la idea es que “no se puede echar de cualquier manera al presidente y al directorio”.

“Vamos a trabajar para que los políticos populistas no los puedan remover fácil”, señaló el jefe de Estado.

El cuarto punto que remarcó el presidente es limitar el reparto de utilidades, para que esto no derive en una emisión de dinero a través del reparto de dividendos ficticios.

El quinto punto es eliminar las Letras Intransferibles del Tesoro al Banco Central, proceso que se inició en las últimas semanas.

En el entorno de Milei consideran que la actual gestión avanzó con todas las flexibilizaciones para fomentar el uso de divisas como el dólar, pero remarcan que no van a forzar una dolarización, sino que la única forma de que suceda es que se dé naturalmente por voluntad de los individuos.