Media sanción a la ley de Inocencia Fiscal II

Cerca de las 23 horas, se aprobó en general proyecto de Inocencia Fiscal II por 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. Ahora pasará a la Cámara de Senadores.

INOCENCIA FISCAL II
Adentro...!!!
Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD.
VLLC!

— Javier Milei (@JMilei) August 27, 2026

Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Con respaldo de sectores aliados, el oficialismo logró aprobar con una mayoría holgada la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa recogió 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y será girada al Senado.

El proyecto busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

A modo de pisar la emisión monetaria, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien”, señaló el presidente Javier Milei en sus rede sociales y sumó: “Ahora a pelearla en el Senado”.

Los proyectos centrales del Gobierno en Diputados

• Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: busca garantizar la independencia funcional y financiera del BCRA, fijando como misión exclusiva la preservación del valor de la moneda. Elimina la voz del Ministro de Economía en el Directorio, prohíbe el financiamiento monetario al sector público (adelantos transitorios) y establece que los directores solo podrán ser removidos con el aval de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso.
• Ley de Inocencia Fiscal II: tras negociaciones con bloques dialoguistas, el oficialismo aceptó excluir de manera total de los beneficios del régimen a los funcionarios públicos (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos de control) que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad en los últimos cinco años.
• Acuerdos internacionales: se debate la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur (firmado en 2023) y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con EE.UU. Este último incluirá una reserva sobre el Capítulo II atendiendo reclamos de laboratorios nacionales y semilleras, por lo que deberá regresar al Senado.

La inclusión de la “Ley Joaquín” y proyectos locales

Tras la reunión de la mesa política encabezada por Martín Menem, se amplió el temario con iniciativas parlamentarias de la oposición dialoguista y de Unión por la Patria:

• Ley Joaquín: impulsada por la familia de Joaquín Stefano Gatto, el niño de 12 años fallecido en Junín de los Andes tras caerle encima un arco de fútbol, fija medidas de seguridad obligatorias en predios deportivos y espacios de juego para evitar accidentes mortales.
• Declaraciones de capitales nacionales: proyectos promovidos por la oposición dialoguista para nombrar a Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro (impulsado por Antonela Giampieri del PRO) y a Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo (promovido por Eduardo Falcone del MID).

La Libertad Avanza apunta a sostener el quórum de 129 bancas y la votación favorable apoyándose en el bloque del PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales.

Sin embargo, el escenario político muestra matices: desde Provincias Unidas respaldarán los cambios en el Banco Central, pero la bancada cordobesa dentro de ese espacio plantea discrepancias respecto a la Ley de Inocencia Fiscal. Por su parte, Unión por la Patria rechazará las iniciativas del oficialismo e intentará forzar el debate sobre morosidad familiar -los proyectos ya fueron frenados por La Libertad Avanza - y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Javier Milei llamó a su comitiva de peso en la Cámara de Diputados encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el vicejefe Ejecutivo, Ignacio Devitt, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem. El objetivo es que negocien mano a mano con los bloques aliados junto al presidente del cuerpo, Martín Menem.

Reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II: el núcleo económico del debate

• Reforma del BCRA: redefine el mandato de la entidad para enfocarlo exclusivamente en la preservación del valor de la moneda, prohíbe el financiamiento al Tesoro y elimina los adelantos transitorios. Asimismo, modifica el esquema de remoción de autoridades y mantuvo discusiones abiertas sobre la incorporación de perfiles con perspectiva federal.
• Inocencia Fiscal II: amplía el régimen simplificado de Ganancias, remueve topes de ingresos y patrimonio y acota las atribuciones de la ARCA para revisar declaraciones, con la meta de incentivar la formalización de ahorros fuera del sistema. Tras exigencias de la oposición dialoguista, se aceptó excluir de los beneficios a altos funcionarios y exfuncionarios.

Ante la postura de gobernadores y bloques provinciales que vienen mostrando mayor dureza con la gestión nacional, la estrategia de la mesa política incluyó las siguientes concesiones en el temario para blindar el quórum de 129 bancas en un debate que se prevé de larga duración:

• Iniciativas regionales e internacionales: se sumaron temas como la baja del IVA para la harina y fécula de mandioca, declaraciones de capitales nacionales y tratados como el acuerdo Mercosur-Singapur o el Tratado de Patentes (PCT).
• Presencia de Karina Milei: la secretaria general de la Presidencia aguarda en Casa Rosada para trasladarse al Congreso una vez que la sesión esté totalmente encauzada.

De lograr la aprobación en la Cámara de Diputados, las leyes pasarán a un Senado con mayorías más complejas donde Patricia Bullrich deberá comandar las negociaciones. En tanto, el Gobierno busca abrochar estas medidas para encarar de inmediato la reforma del mercado de capitales redactada por el equipo de Federico Sturzenegger y preparar el terreno antes del ingreso del Presupuesto 2027, previsto para mediados de septiembre.

Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

Creado en diciembre de 2007 mediante el Decreto 897/07 -y consolidado tras la estatización de las AFJP en 2008-, el FGS es un fondo soberano administrado por la ANSES.

Su función principal es actuar como un resguardo anticíclico para garantizar la sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Es decir, busca preservar el valor de los recursos destinados a las jubilaciones y pensiones frente a eventuales crisis económicas o caídas en la recaudación tributaria.

Adicionalmente, la normativa le asigna dos objetivos secundarios fundamentalmente macroeconómicos:

• Rentabilidad y seguridad: invertir sus activos para generar ganancias financieras sin asumir riesgos desmedidos.
• Desarrollo nacional: financiar proyectos productivos, de infraestructura y del mercado de capitales que fomenten el empleo y el crecimiento económico de largo plazo.

De qué se compone el patrimonio del FGS de ANSES

El activo del FGS está integrado por una cartera diversificada de instrumentos financieros. Su mayor volumen histórico proviene de los títulos públicos, aunque abarca múltiples sectores:

• Títulos Públicos del Tesoro: representan la mayor parte de la tenencia (más del 75% del total de la cartera).
• Acciones de empresas privadas: el Estado posee participaciones en firmas líderes de sectores como energía, siderurgia, telecomunicaciones y bancos.
• Plazos fijos y depósitos: colocaciones líquidas en entidades financieras.
• Proyectos productivos y de infraestructura: financiamiento de obras estratégicas y préstamos directos.

Durante los últimos años, el patrimonio del FGS experimentó un fuerte crecimiento impulsado por la revalorización de los bonos sovereignes. De administrar unos US$ 25.838 millones en octubre de 2023, escaló hasta superar los US$ 70.000 millones a fines de 2025 y alcanzar los US$ 80.000 millones en la actualidad.

Por qué el Gobierno acudió al FGS para los créditos hipotecarios

Uno de los principales frenos para la expansión del crédito hipotecario a 15, 20 o 30 años en Argentina es el denominado descalce de plazos: los bancos captan depósitos de la gente a corto plazo (generalmente a 30 días), lo que les dificulta prestar a largo plazo en un contexto de volatilidad histórica.

Es allí donde entra la función del FGS. Al poseer un volumen mensual operativo cercano a los $300.000 millones y liquidez estructural, el Estado utilizará el fondo para colocar plazos fijos en los bancos a plazos de entre 1 y 5 años mediante licitaciones transparentes.

“Para este gobierno es una prioridad: uno, porque hace a la justicia social, no hay nada más justo que una persona que tenga trabajo tenga una vivienda y no tenga que esperar 30 años para ahorrar para poder comprarla”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo en la conferencia de prensa de este miércoles por la mañana.

“Tiene un efecto multiplicador en la economía, porque la gente tiene que comprar distintas cosas como una cama o un televisor y todo esto motoriza otros sectores. Además, ayuda a la formalidad: con un salario en blanco, una pareja o un trabajador puede pasar de pagar un alquiler a abonar la cuota de su vivienda propia”, añadió.

Puntos clave del nuevo rol del FGS

• Monto asignado: $2 billones para licitar plazos fijos en bancos.
• Meta de alcance: alrededor de 18.000 familias beneficiadas con soluciones habitacionales.
• Riesgo: el FGS no asume el riesgo crediticio de las personas humanas ni compra carteras morosas; simplemente inyecta liquidez en el sistema bancario para que los bancos evalúen y otorguen los préstamos.

Emociones y clima social

El estado de ánimo prevalente en la sociedad argentina está signado por la negatividad. Un 21% de los encuestados manifiesta sentir incertidumbre, un 20% angustia/tristeza y un 19% bronca/enojo. Por el contrario, solo el 17% expresa esperanza y un 13% confianza.

Respecto a la percepción general del momento que atraviesa la Argentina, el 55% sostiene que se encuentra en una crisis profunda, mientras que un 25% la califica como una situación difícil pero que va a mejorar y apenas un 18% cree que está en un proceso de mejora.

Preocupaciones, economía y endeudamiento

El deterioro económico encabeza la agenda de preocupaciones ciudadanas. Las principales problemáticas a nivel país son:

• Los bajos salarios: 24%
• La desocupación / Desempleo: 24%
• La corrupción: 10%
• La inseguridad, el Gobierno y la pobreza: 7% cada uno
• La inflación: 5%

En cuanto al impacto personal del ajuste, el 58% de los consultados afirma estar peor desde que asumió Milei, frente a un 24% que dice estar igual y un 18% que asegura estar mejor.

La crisis golpea de lleno el bolsillo: un 28% afirma que no llega a fin de mes y un 23% sostiene que tiene muchas dificultades para llegar. Para afrontar los gastos diarios, el 53% tuvo que recurrir al endeudamiento en los últimos tres meses. Entre quienes se endeudaron, el destino principal de esos Fondos fue la compra de alimentos (39%) y el pago de servicios básicos como luz, gas y teléfono (18%). Ante este panorama, el 67% opina que el Gobierno debería tomar medidas para ayudar a las familias con moras.

Evaluación de la gestión y figura presidencial

La imagen del presidente Javier Milei registra un 59% de negativa frente a un 38% de positiva (un diferencial de -21 puntos). Al evaluar la gestión global del Gobierno Nacional, el 58% la desaprueba (43% “muy mala” y 15% “mala”), mientras que el 38% la aprueba. Asimismo, el 63% considera que el país va en la dirección equivocada.

En relación con el desempeño y capacidad técnica de Milei, el 58% considera que no sabe cómo resolver los problemas del país. En tanto, un 55% opinó que el mandatario no merece un segundo mandato.

Escenario político y proyecciones electorales 2027

A tres años de los próximos comicios presidenciales, la fragmentación y la búsqueda de alternativas marcan el tablero político:

• Liderazgo de la oposición: un 34% sostiene que la oposición no tiene un líder definido. Entre las figuras mencionadas, Axel Kicillof se posiciona como el principal referente opositor con el 29%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con el 18%.
• Preferencia de rumbo: el 59% de los argentinos prefiere que en 2027 gane un candidato que incentive el consumo, frente a un 30% que desea que continúe el rumbo económico de Milei.
• Intención de voto por candidato: ante la pregunta sobre a quién votaría si las elecciones fueran hoy, el listado lo encabeza Javier Milei (28%), seguido de cerca por Axel Kicillof (22%), Myriam Bregman (7%), Sergio Massa (6%) y Victoria Villarruel (5%). Un 15% permanece indeciso.
• Intención de voto por espacio / bloques: si se mide el voto general por bloques políticos, el 41% votaría a un candidato de la oposición, mientras que el 29% elegiría al oficialismo.

Cómo funciona el mecanismo de liquidez

El FGS colocará fondos en los bancos mediante “licitaciones transparentes” de plazos fijos a plazos de entre 1 y 5 años. Esta inyección de capital permitirá a las instituciones financieras acelerar la concesión de préstamos hipotecarios bajo condiciones y topes de tasa predeterminados:

• Tasa mínima requerida al banco (1 año): UVA + 2,5%.
• Tasa mínima requerida al banco (5 años): UVA + 4,5%.
• Tasa máxima para el usuario: los bancos no podrán cobrar a los clientes una tasa superior a UVA + 7,5%, aunque podrán competir ofreciendo costos menores.
• Sin riesgo crediticio directo: el FGS no comprará carteras de deuda ni financiará directamente a particulares; el riesgo de morosidad y la evaluación del cliente quedan a cargo de los bancos.

Cálculo del crédito hipotecario: montos, cuotas e ingresos requeridos

El programa está destinado exclusivamente a la adquisición de primera vivienda. Las condiciones financieras proyectadas fijan los siguientes parámetros:

• Monto máximo financiable: Hhasta 150.000 UVAs (un equivalente aproximado a 200.000 dólares).
• Alcance estimado: se prevé dar solución habitacional a unas 18.000 familias.
• Ejemplo a 25 años: para un crédito promedio, la cuota mensual se ubicaría en torno a los $865.000, un valor que busca equipararse al costo de un alquiler habitual.
• Ingreso familiar necesario: la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos del hogar, fijando el piso de ingresos requeridos en $3.460.000. Considerando un ingreso promedio neto de $1.800.000 por trabajador, el acceso queda perfilado para hogares con dos ingresos acumulados.

Oferta y demanda: crédito a desarrolladores y obras

La medida se complementa con la normativa dispuesta semanas atrás por el Banco Central, que permite a las entidades bancarias prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a personas jurídicas. Con esta combinación, el Ministerio de Economía busca impulsar tanto la construcción de nuevos proyectos como la demanda de los compradores finales.

“De esta manera estamos atacando tanto la oferta como la demanda. Por un lado, los desarrolladores van a tener acceso a financiamiento en dólares a tasas mucho más accesibles para nuevos proyectos; por otro lado, generamos mayor demanda a través de estos créditos hipotecarios. La combinación dará un gran impulso a la industria de la construcción, que venía rezagada”, explicó Caputo.

El estado del FGS y la visión económica del Gobierno

Respecto del impacto en el fondo previsional, Caputo remarcó que el FGS maneja un flujo operativo cercano a los $300.000 millones mensuales, por lo que la asignación de $2 billones representa un impulso sustancial sobre el volumen actual del mercado crediticio.

“El FGS tiene como mandato principal la búsqueda de rentabilidad y seguridad, pero como objetivo secundario promover la macroeconomía. Al asumir el Gobierno, el fondo tenía 30.000 millones de dólares en activos y hoy supera los 80.000 millones, un incremento de más del 160%. Nos parece conveniente y ventajoso aplicar parte de esa ganancia a este programa”, señaló el ministro.

Para finalizar, Caputo cruzó las lecturas de la oposición sobre la coyuntura del país y defendió el rumbo de la gestión. “La economía viene creciendo y contrario a lo que se dice en algunos medios, crece por primera vez en términos per cápita, con el producto a niveles récord, consumo récord y exportaciones, incluso de pymes. El escenario que trata de vender la oposición es opuesto a lo que está ocurriendo”, concluyó.

La decisión fue tomada luego de un pedido de la defensa del exjefe de Gabinete, encabezada por el abogado Matías Ledesma, quien argumentó que todavía no había podido acceder a todos los archivos y documentos utilizados por el fiscal Gerardo Pollicita para elaborar el requerimiento patrimonial.

Ledesma había solicitado suspender el plazo hasta obtener las copias de los archivos de una extracción forense y, posteriormente, contar con 15 días adicionales para preparar la respuesta. Lijo rechazó la suspensión, pero aceptó otorgar la prórroga una vez vencido el plazo original.

Además, el magistrado autorizó a la defensa a obtener copias de los archivos mencionados en el expediente, en resguardo del derecho de defensa de Adorni. La diligencia estará a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Las dudas de la fiscalía sobre el patrimonio de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita había presentado un dictamen de 207 páginas en el que planteó 20 puntos que Adorni debe explicar. La investigación analiza la evolución de su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, cuando el exfuncionario dejó su cargo.

Entre los principales interrogantes aparece el origen de dólares en efectivo declarados como producto de una “venta de activos”. La fiscalía pidió que se identifiquen los bienes vendidos, los compradores y la documentación que respalde esas operaciones.

También solicitó explicaciones sobre supuestos préstamos familiares, el dinero utilizado para comprar un Jeep y los fondos destinados a la compra y remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Otro de los puntos bajo análisis son las operaciones con criptomonedas que, según la investigación, no habrían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción. También se revisan consumos realizados con tarjetas de crédito de terceros y distintos movimientos de dinero.

Una diferencia de más de $43 millones

Uno de los principales puntos señalados por la fiscalía es la diferencia entre los ingresos y los gastos del grupo familiar.

Según el dictamen, la fiscalía pudo acreditar ingresos por $229,7 millones durante el período investigado, mientras que los gastos alcanzaron los $272,8 millones. De esta manera, quedó una diferencia de $43.068.549 que, hasta el momento, no tendría una explicación suficiente.

Además, Pollicita señaló unos US$ 402.578,12 vinculados con operaciones relacionadas con inmuebles, refacciones y mobiliario cuyo origen, según la fiscalía, todavía no estaría corroborado. Entre esos movimientos aparecen gastos relacionados con la propiedad de Indio Cuá y otros bienes.

Qué podría suceder con Adorni

La presentación que ahora deberá realizar Adorni constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez que la defensa entregue sus explicaciones, el fiscal Pollicita deberá evaluar si considera suficiente la documentación presentada.

Si las respuestas no logran justificar las diferencias detectadas, la fiscalía podría solicitar que el exjefe de Gabinete sea citado a indagatoria. La decisión de convocarlo, en ese caso, quedará en manos del juez Lijo.

Entre los principales temas que llegarán al recinto se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

El resto de la agenda contempla iniciativas vinculadas con la reducción del IVA para la fécula de mandioca, la declaración de capitales nacionales en distintos rubros, la denominada “Ley Joaquín”, el reconocimiento del “Camino de Brochero” como patrimonio inmaterial, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y modificaciones en tribunales federales.

Reforma del Banco Central: emisión cero e independencia

Uno de los proyectos centrales para el oficialismo es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que el presidente Javier Milei definió como “la más importante” de esta etapa de su Gobierno.

El objetivo principal es consolidar el principio de emisión cero y limitar las herramientas mediante las cuales el Banco Central puede financiar al Tesoro. Para ello, el proyecto propone prohibir los adelantos transitorios al Estado, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles.

Además, establece que la transferencia de utilidades solo podrá realizarse sobre la base de ganancias reales obtenidas por la entidad.

La iniciativa también modifica los objetivos del organismo y establece como mandato central la preservación del valor de la moneda, dejando de lado la multiplicidad de propósitos contemplada actualmente en su Carta Orgánica.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

En la misma línea, el proyecto plantea eliminar determinadas facultades del Directorio vinculadas con la orientación del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Otro de los ejes es el fortalecimiento de la independencia del Banco Central. Para eso, se endurecerían los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, con la exigencia de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Inocencia Fiscal: qué cambia con el nuevo proyecto

El segundo proyecto de fuerte interés para el oficialismo es la modificación de la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal.

La iniciativa amplía el universo de personas que podrán incorporarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por esta modalidad, sin límites relacionados con sus ingresos o patrimonio.

Actualmente, el régimen alcanza a quienes tienen ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

El nuevo proyecto también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios del régimen.

Al mismo tiempo, ARCA mantendrá sus facultades de fiscalización sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica o relevancia en términos de recaudación.

La propuesta redefine, además, el concepto de “discrepancia significativa”, que funciona como criterio para que el organismo pueda impugnar una declaración jurada simplificada y avanzar con una revisión del Impuesto a las Ganancias.

La discrepancia se configurará cuando la impugnación implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Quienes se incorporen al régimen simplificado también deberán realizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

Como parte de las modificaciones incorporadas al dictamen, se acordó además una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Patentes: qué implica la adhesión al tratado internacional

Otro de los proyectos que llegará al recinto es la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un sistema internacional al que ya se incorporaron 158 países.

El mecanismo permite simplificar el proceso de solicitud de patentes en distintos países mediante un formulario unificado. Para investigadores y empresas argentinas, esto podría facilitar la protección internacional de sus desarrollos y productos y favorecer su llegada a nuevos mercados.

Sin embargo, la adhesión también genera cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la competencia local.

Uno de los principales riesgos señalados está relacionado con la posibilidad de que multinacionales extranjeras puedan patentar sus desarrollos con mayor facilidad en la Argentina, lo que podría incrementar los costos en determinados sectores, particularmente en el sistema de salud.

En el caso de los medicamentos, el patentamiento de productos desarrollados en Estados Unidos podría dificultar o retrasar la fabricación de medicamentos genéricos por parte de laboratorios nacionales, cuyos precios suelen ser considerablemente menores.

De concretarse ese escenario, parte de los mayores costos podría trasladarse al sistema sanitario y, eventualmente, impactar en el acceso de la población a los medicamentos.

Finalmente, el Gobierno decidió dejar en reserva el capítulo II del tratado. De esta manera, la Argentina se incorporaría al sistema internacional de patentes, pero conservaría el control local sobre determinados mecanismos de evaluación técnica y sobre el patentamiento de medicamentos.

El resto de los proyectos que tratará Diputados

Además de las iniciativas prioritarias para el Gobierno, el temario incluye una serie de proyectos incorporados a partir de acuerdos con sectores dialoguistas.

Entre ellos se encuentra la reducción del IVA de la fécula de mandioca del 21% al 10,5%, una medida especialmente vinculada con Misiones.

También se tratará una iniciativa para establecer de manera simbólica capitales nacionales de diferentes actividades y rubros en distintas ciudades y provincias del país.

Otro de los proyectos es la denominada “Ley Joaquín”, que propone establecer medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

El temario se completa con la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina; la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur; y el reordenamiento y la creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

Así, después de dos meses sin sesiones, Diputados retomará su actividad con una agenda que combina las principales reformas impulsadas por el Gobierno con proyectos acordados con distintos bloques políticos.

Nardini destacó el valor de poner la tecnología al servicio del vecino: “Es importante porque le da la posibilidad al comerciante que no quiere perder tiempo, que no puede venir o que tiene dudas. Es estar cerca. Es sumar tecnología al recurso humano municipal. Un conjunto que le facilita la vida a la gente”.

“Habilitá tu comercio 100% online” permite realizar la habilitación de comercios de menos de 100 metros cuadrados de manera totalmente digital.

El trámite puede iniciarse desde la web municipal, la app Malvinas +Digital o a través de Malvi, el asistente virtual, al 11-7120-8888. El proceso es sencillo: generar un usuario, completar la información requerida y firmar la declaración jurada para dar inicio al trámite en pocos minutos.

El intendente subrayó la importancia de replicar este modelo de tecnología aplicada a los servicios públicos en otros distritos y a nivel provincial: “Cada distrito tiene su particularidad, pero en general es un sistema que nos puede resolver cuestiones a todos, incluso a nivel bonaerense.

“Por eso es fundamental que cada municipio adapte las herramientas a sus propias realidades y que exista una consulta permanente con las y los intendentes en lo que hace al desarrollo, no solo de las gestiones locales sino también de la gestión provincial”, dijo.

Finalmente concluyó: “Es muy valiosa la experiencia que cada intendente puede aportar a la dinámica de una gestión provincial y nacional, en base a la resolución de problemas de todos los días”.

El mandatario enfocó su discurso en la política económica del Gobierno y “reafirmó el rumbo”.

En ese marco, Milei les regaló a cada legislador oficialista el libro “La Economía en una lección” de Henry Hazlitt.

A la reunión en Casa de Gobierno también asistieron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

En la Cámara de Diputados, LLA y sus bloques aliados concentrarán sus esfuerzos en la sesión convocada para este miércoles, donde el Poder Ejecutivo busca obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, entre otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas.

En paralelo, la bancada oficialista en la Cámara de Senadores convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles con la intención de sesionar al día siguiente. El temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

Entre las postulaciones enviadas por el Ejecutivo destacan los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Se trata de un tribunal estratégico que interviene de manera directa en las causas por corrupción.

Con esta agenda de reuniones en la sede de Gobierno, el jefe de Estado busca retomar la centralidad política y sostener la exposición de las últimas jornadas, como la del Council of Americas (CAC) en el Hotel Alvear y la de este lunes, en la cual frente a su Gabinete reafirmó el rumbo del plan económico y rechazó las críticas sobre el nivel de morosidad en el sistema de préstamos.

El modelo de Javier Milei propone transferencias temporales por hasta 20 años donde las provincias asumen los costos de conservación, obras y eventual explotación por peaje. Mientras tanto, Vialidad Nacional conserva la supervisión técnica y la jurisdicción formal.

Las provincias que ya firmaron el traspaso de rutas nacionales

• Río Negro: es el acuerdo más reciente. La provincia asumió la gestión integral de 508 kilómetros de las Rutas Nacionales 22 y 151 (además de la operación del servicio ferroviario del Tren del Valle). El traspaso será progresivo y tramo por tramo.
• Santa Fe: el 22 de julio se formalizó la cesión de la Ruta Nacional A012 por un plazo de 20 años. Se trata de un corredor estratégico que rodea el Gran Rosario y conecta con los puertos agroexportadores de la región.
• San Juan: el 10 de agosto firmó la transferencia de las Rutas Nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, sumadas al nudo vial de la Ruta Nacional A014, también por un período de dos décadas.
• San Luis: selló previamente un convenio más acotado que comprende la administración de un tramo de 12 kilómetros de la ex Ruta Nacional 7.

Los distritos que negocian la cesión de rutas nacionales con el Gobierno

• Córdoba: el gobierno de Martín Llaryora gestiona el traspaso total de la Ruta Nacional 19. Aunque la Jefatura de Gabinete dio su compromiso de otorgarla, el acuerdo formal aún está pendiente de firma.
• Neuquén: el mandatario Rolando Figueroa solicitó la transferencia de la Ruta Nacional 22, la Ruta de los 7 Lagos (RN 40), el Paso Internacional Samoré y la Ruta Nacional 242. Bajo la premisa de que “las rutas son nacionales, pero los accidentes los tiene nuestra gente”, la provincia busca tomar el control operativo de dichos tramos.
• Corrientes: amparada por el Decreto 253/2026, la gestión de Juan Pablo Valdés mantiene conversaciones con el Ministerio de Economía para concesionar tramos viales internos mediante convenios específicos con Vialidad Nacional.

El rechazo confirmado y privatizaciones por peaje

• El no de Tucumán: el gobernador Osvaldo Jaldo fue contundente al rechazar la transferencia de trazas nacionales, advirtiendo que “no será posible” aceptar la cesión si esta implica desequilibrar las finanzas provinciales, postura que ratificó en los últimos meses.
• Concesiones al sector privado: en forma paralela a los acuerdos provinciales, la Nación ejecuta licitaciones a privados bajo la figura del peaje. En este marco, se adjudicó por 20 años la explotación comercial de las Rutas Nacionales 12 y 18 en Entre Ríos, y de las Rutas Nacionales 12 y 14 en Corrientes.

El reducido círculo designado por el mandatario buscó ordenar el cronograma legislativo para las próximas semanas y limitar el margen de error en el debate que tendrá lugar este miércoles.

Durante la sesión en la Cámara Baja también se tratará el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y algunos proyectos provinciales como la baja del IVA a la fécula de mandioca.

En paralelo, la Cámara de Senadores habilitará una reunión de Labor Parlamentaria para discutir en torno a una agenda tentativa que contempla la Ley de Hojarasca, los 60 pliegos judiciales pendientes y proyectos sobre zonas frías y cálidas.

Este martes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, integró por única vez la plana de asistentes para conversar sobre los proyectos que hacen a la cartera.

Durante la reunión, que duró poco más de dos horas y media, Karina Milei dio detalles de los primeros contactos del Gobierno con representantes del Episcopado en el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para los primeros días de noviembre.

En las oficinas ubicadas en la planta baja de la Casa Rosada, se hicieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

También el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la senadora Patricia Bullrich y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El intercambio se dio en la previa a la convocatoria de Javier Milei a diputados y senadores para motorizar los principales proyectos en el Congreso.

El Alcalde describió “una intervención con 335 artefactos nuevos más 16 columnas colocadas; además, contempló tareas hidráulicas y viales en el área junto con la puesta en valor de la plaza”.

Luego, el Jefe Comunal remarcó “la inversión realizada mediante el pago de las tasas municipales por parte de la comunidad: la compra de maquinarias, camiones y aparatos lumínicos fue el reflejo de ello”.

“La gestión aportó mayor protección, fue un cambio notorio para cada vecino y vecina”, destacó Alicia Gómez, frentista. “El Intendente hizo realidad algo que parecía imposible”, afirmó.

“Prometió y cumplió. A pesar del desfinanciamiento del gobierno nacional, él continuó con los trabajos: logró avances en la zona”, comentó Julio Ávalos. El residente en las inmediaciones estaba “muy contento con las mejoras”. “Antes, era muy oscuro; ahora, quedó genial”, resaltó.

Beatriz Riis, oriunda de la región, recordó: “Participé en una reunión con él, dialogamos sobre las reformas a implementar y un tiempo después, todo fue ejecutado”.

Estuvieron el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo, y el subsecretario de Gobierno, Matías Schneeberger.

Durante su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada, Ravier sostuvo que el puerto se encuentra bajo control nacional y descartó que la operación del buque represente una cesión o pérdida de soberanía. “No representa un riesgo en la pérdida de soberanía para la Argentina”, afirmó el funcionario al ser consultado por la polémica generada a partir de la llegada del VS Promise.

El Gobierno cuestionó el reclamo de Tierra del Fuego

El vocero presidencial también puso el foco en la jurisdicción de la monoboya utilizada para la operación del buque. Según explicó, antes del amarre la maniobra también debía contar con autorización del Gobierno de Tierra del Fuego debido a que ese sector es de jurisdicción provincial.

De esta manera, la Casa Rosada buscó responder al cuestionamiento de la administración de Melella, que había considerado “inadmisible” que un barco de bandera británica opere en Ushuaia mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

El Ejecutivo fueguino había reclamado además que el Gobierno nacional explicara bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación, y había vuelto a exigir el cese de la intervención del Puerto de Ushuaia.

La provincia de Tierra del Fuego sostiene que existe una contradicción entre los argumentos utilizados por Nación para intervenir el puerto vinculados con la defensa de la soberanía, los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur y la autorización de una embarcación de bandera británica.

Ravier también respondió por Fernando Cerimedo

Durante la misma conferencia de prensa, Adrián Ravier fue consultado por la situación del consultor político Fernando Cerimedo, quien se encuentra involucrado en una causa judicial en Bolivia.

El vocero presidencial aseguró que Cerimedo no tiene vínculos con el presidente Javier Milei, pese a que el consultor realizó visitas a la Casa Rosada durante 2024 y participó de la campaña electoral de 2023.

La aclaración se produjo ante las preguntas de la prensa acreditada sobre la relación entre el consultor y el actual Gobierno nacional. Así, la conferencia de Ravier estuvo marcada por dos temas sensibles: la controversia entre Nación y Tierra del Fuego por la presencia del buque petrolero británico en Ushuaia y las consultas sobre los vínculos de Cerimedo con el oficialismo.

En el primer caso, la Casa Rosada buscó bajar el tono de la polémica y sostuvo que la operación del VS Promise no pone en riesgo la soberanía argentina, mientras que el Gobierno fueguino mantiene su rechazo y reclama explicaciones por la decisión.

“La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, remarcaron desde el área a cargo de Pablo Quirno, donde precisaron que ambos instrumentos internacionales “rigen plenamente” y poseen carácter definitivo para Argentina. La aclaración se produjo luego de que el brigadier Valverde calificara en una entrevista al Estrecho de Magallanes, el extremo sur y el pasaje de Drake como espacios de soberanía y “llave bioceánica Atlántico-Pacífico” donde el país debe mantener presencia.

Las expresiones del jefe militar provocaron el rechazo inmediato del gobierno de Chile y diversos sectores políticos del país vecino. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, calificó la soberanía de su país sobre la totalidad del Estrecho como “indiscutible” y confirmó la presentación de una nota de protesta formal ante Buenos Aires. A los cuestionamientos se sumó el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, quien rechazó que se ponga en duda un principio territorial saldado e hizo un llamado a actuar con responsabilidad institucional para no generar confusión en la ciudadanía.

Sin hacer alusión directa a los dichos de Valverde, el comunicado de la Cancillería argentina enfatizó la perspectiva de Estado sobre el valor estratégico del Atlántico Sur, la Antártida y Malvinas: allí se destacó el trabajo conjunto que ambos países desarrollan a través de la Patrulla Antártica Naval Combinada y las áreas marinas protegidas. Finalmente, desde el área diplomática que dirige Quirno reafirmaron “su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”.

pic.twitter.com/p9hSZrH0Um

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) August 25, 2026

Salió a la luz el plan de Argentina y Chile para sacar la energía de Vaca Muerta al Pacífico: “Juntos seríamos dinamita”

Los gobiernos de Argentina y Chile negocian un tratado de integración energética diseñado para conectar la producción de Vaca Muerta con las terminales de exportación del Pacífico. La propuesta cobró impulso tras la visita a Buenos Aires de la ministra de Energía chilena, Ximena Rincón, quien destacó la complementariedad entre los recursos no convencionales argentinos y la infraestructura logística de su país con el objetivo de proyectar una alianza estratégica con garantías legales que evite interrupciones en el suministro y abra el camino a los mercados globales de mayor demanda.

“Chile y Argentina juntos serían dinamita. La Argentina tiene una riqueza enorme en materia de gas natural e hidrocarburos, y nosotros tenemos infraestructura para la salida de esos recursos al Pacífico. Pero además podemos poner nuestra energía renovable en Argentina. Es un win-win desde todo punto de vista. La pregunta es si somos capaces de construir un acuerdo de integración energética -ya no solo minero, ya no solo de cooperación- para aprovechar los recursos que existen en ambos lados de la cordillera”, dijo.

Al analizar el alcance de las propuestas parlamentarias y la postura que adoptará la bancada oficialista, el portavoz consideró que si bien “hay que conocer los detalles”, dentro del bloque de La Libertad Avanza “no habría una posición de acompañar este proyecto”, ya que, según consideró, la medida “va a contramano de las palabras de Milei”. En esta línea, sostuvo que un eventual auxilio estatal representaría una transferencia injustificada de fondos públicos hacia las instituciones crediticias.

Pese al rechazo categórico de la iniciativa, el funcionario reconoció la complejidad del escenario y manifestó: “Claramente hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar los créditos que tomaron. Pero el problema en gran parte es de las entidades financieras, las entidades financieras no bancarias y de los bancos que otorgaron créditos, en algunos casos, con tasas de interés elevadas. Quizás para cubrirse de los riesgos que estaban asumiendo, y esto dejo comprometidas a estas entidades financieras”.

En el cierre de la conferencia de prensa, Ravier remarcó la negativa de intervenir con recursos del Tesoro y reiteró su cuestionamiento hacia otros sectores de la Cámara de Diputados. “Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero que pagan los contribuyentes implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, aseveró. Y concluyó: “Nos sorprende que desde la Izquierda, que siempre cuestionan esto de ‘salvar, ayudar a los bancos’, se esté promoviendo una medida que en todo caso capitalice a los bancos para que puedan recuperar un capital que prestaron a riesgo, y se cubrieron con altas tasas de interés”.

Javier Milei negó que el Gobierno sea responsable de la morosidad en las familias: “No hay elementos para culpar a la política”

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario durante este viernes 21 de agosto, el presidente Javier Milei defendió el rumbo de su programa económico, negó que el Gobierno tenga responsabilidad en los niveles de morosidad en las familias y cruzó con dureza a la oposición y a sectores del periodismo. En un enérgico discurso, el mandatario enmarcó los cuestionamientos sobre el sistema financiero dentro de una “estrategia de campaña negativa” basada en la teoría de los “mercados repugnantes”, ratificó la política monetaria de su gestión y descartó cualquier tipo de auxilio estatal para deudores o bancos.

Al abrir su análisis, el jefe de Estado rechazó de manera taxativa las lecturas que le imputan al Gobierno el incremento en la morosidad de las familias y empresas y calificó esta situación como una construcción de la oposición en la antesala del año electoral. “¿Ustedes recuerdan todas las cosas que hicieron los que quieren que volvamos al pasado? Ahora entramos como imbéciles nuevamente diciendo: ‘No, el problema es la morosidad’. Me niego a creer que seamos tan pelotudos", lanzó.

“Se podrían quejar de la política si hubiera sido discrecional y no anunciada. El tema es que cuando vine acá dije lo que iba a hacer y lo hice. Consecuentemente, no hay elementos para culpar a la política del Gobierno en términos de morosidad. Están utilizando políticamente una categoría del mercado que entra en la definición de ‘repugnante’ y tratan de cargar esas culpas sobre el Gobierno cuando anunció la política que iba a hacer y la cumplió”, lanzó Milei.

En un contexto marcado por la visita del Papa León XIV a Argentina, el domingo 30 de agosto arribará a Buenos Aires una comitiva técnica de la Santa Sede liderada por el sacerdote mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de la coordinación de los Viajes Apostólicos desde junio de 2025. La delegación, integrada además por el jefe de seguridad del Vaticano y especialistas en logística, permanecerá en el país hasta el jueves antes de continuar su gira por Uruguay y Perú con el objetivo de recorrer y auditar sobre el terreno las condiciones de los lugares propuestos antes de que Roma de el aval definitivo a mediados de septiembre.

Los tres escenarios principales en evaluación para las celebraciones multitudinarias son:

• El Monumento a los Españoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• La Basílica de Luján en la provincia de Buenos Aires
• El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la provincia de Córdoba

Los enviados del Vaticano analizarán los accesos, la infraestructura, los desplazamientos del Papa y los protocolos de máxima seguridad que deberán articularse con las fuerzas federales argentinas.

En el plano operativo, el gobierno de Milei constituyó una mesa de trabajo coordinada por Mara Gorini, designada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El dispositivo, que ya mantuvo reuniones con representantes de la Nunciatura Apostólica donde se hospedará el Papa y el Episcopado, concentrará la logística y las tareas de seguridad a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva. En tanto, las autoridades eclesiásticas locales de Córdoba y Luján abrieron canales de diálogo iniciales para coordinar la infraestructura de los actos masivos a la espera de las definiciones de la Santa Sede.

El pedido de San Lorenzo al papa León XIV: lo invitó a que visite el Nuevo Gasómetro durante su visita a la Argentina

San Lorenzo presentó un pedido formal para que el papa León XIV visite el estadio Pedro Bidegain durante su viaje a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. La propuesta fue elevada a través de la Conferencia Episcopal Argentina y ahora quedó en manos del Vaticano, que deberá definir si incorpora al Nuevo Gasómetro dentro de la agenda oficial del Pontífice.

La visita de León XIV al país será histórica, ya que marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 40 años. El itinerario contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de escalas en Uruguay y Perú como parte de una gira por Sudamérica.

La iniciativa impulsada por San Lorenzo tiene un fuerte componente simbólico debido al histórico vínculo entre la institución azulgrana y la Iglesia Católica. El club nació gracias al impulso del sacerdote Lorenzo Massa, quien promovió la creación de la entidad a comienzos del siglo XX para brindar un espacio de contención a los jóvenes del barrio de Boedo.

La iniciativa amplía un mecanismo que ya funcionaba en las unidades del Servicio Penitenciario Federal y ahora podrá extenderse a las cárceles de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. La adhesión será voluntaria y cada jurisdicción deberá suscribir un convenio específico para incorporarse al sistema.

Cómo funcionará el bloqueo de celulares en las cárceles

El programa fue oficializado mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y establece un mecanismo para identificar los teléfonos que se encuentren activos dentro de las áreas restringidas de los establecimientos penitenciarios.

Para detectar cada dispositivo se tendrán en cuenta tres datos:

• IMEI: es el código que identifica de manera individual a cada teléfono celular.
• IMSI: permite identificar la línea o tarjeta SIM asociada al dispositivo.
• Número telefónico: corresponde a la línea utilizada por el equipo.

Una vez identificados estos datos dentro de las zonas restringidas, serán enviados a las empresas de telefonía, que deberán ejecutar el bloqueo correspondiente.

Las provincias no podrán bloquear los celulares directamente

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las provincias que adhieran no podrán solicitar directamente a las compañías telefónicas la inhabilitación de los equipos.

El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como una ventanilla única entre las jurisdicciones y las empresas de telefonía. De esta manera, los pedidos de bloqueo deberán canalizarse a través del organismo nacional.

El sistema se basa en el artículo 160 de la Ley 24.660, que establece la prohibición de las comunicaciones mediante teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.

A su vez, el programa toma como referencia un manual de procedimiento técnico elaborado por el ENACOM, aprobado semanas atrás mediante la Resolución 734/2026.

Qué deberán hacer las provincias que adhieran

La implementación del sistema establece distintas responsabilidades para las autoridades provinciales y penitenciarias.

El ministerio provincial que tenga competencia sobre el sistema penitenciario deberá identificar los equipos que se encuentren activos en las zonas restringidas y enviar la información a la ventanilla nacional.

Por su parte, el servicio penitenciario de cada jurisdicción tendrá que realizar un monitoreo remoto de los sistemas de detección y comunicar inmediatamente cualquier incidente que se registre.

Una vez que las empresas de telefonía reciban la solicitud formal de bloqueo, tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar que la medida fue ejecutada.

El programa busca ampliar una medida que ya funcionaba en cárceles federales

La nueva iniciativa representa una extensión de la política de detección y bloqueo de celulares que el Gobierno ya había aplicado en el ámbito federal.

Según establece la resolución, el Ministerio de Seguridad Nacional había autorizado previamente al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos destinados a detectar y bloquear los identificadores IMEI e IMSI dentro de sus establecimientos.

Con el nuevo programa, ese mecanismo podrá llegar a las cárceles provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que las respectivas jurisdicciones decidan adherir.

Quién estará a cargo de implementar el programa

La coordinación de la iniciativa estará en manos de la Subsecretaría de Articulación Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

El organismo deberá trabajar junto con las jurisdicciones interesadas en incorporarse al programa y tendrá además la facultad de suscribir los convenios de adhesión con las provincias.

De esta manera, el Gobierno busca establecer un sistema coordinado a nivel nacional para impedir que los teléfonos celulares detectados dentro de áreas penitenciarias restringidas puedan continuar funcionando y ser utilizados para planificar o coordinar maniobras ilícitas desde las cárceles.

Durante su testimonio ante las preguntas de la fiscal Fabiana León, Zabaleta confirmó la veracidad de los registros: “Sí, es cierto”, indicó, para luego precisar que las entregas “eran de dinero”. Respecto al volumen de los paquetes, detalló: “Cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza, era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares”.

Sumado a eso, el testigo remarcó sobre la orden recibida. “A mí me instruyó entregar esos paquetes Luis Betnaza. Lo que me pedía Luis y estaba dentro de lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía”, señaló.

La situación de Zabaleta y Betnaza cuenta con un encuadre particular dentro del expediente. Aunque estuvieron procesados por estos desembolsos, la Justicia les otorgó un tratamiento diferenciado al considerar que los pagos no se vincularon a la obra pública, sino a una situación de emergencia surgida tras la decisión del gobierno de Hugo Chávez de expropiar la siderúrgica Sidor en Venezuela con el objetivo de lograr la intercesión del Poder Ejecutivo argentino para garantizar la integridad y el regreso de los trabajadores de la empresa. Por este motivo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó sus procesamientos en 2020 y posteriormente el juez Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de ambos y del CEO del grupo, Paolo Rocca.

Pese a que el tribunal presidido por Enrique Méndez Signoti le recordó al testigo la posibilidad de abstenerse de declarar para evitar la autoincriminación, Zabaleta respondió los cuestionamientos de las partes. En su intervención, relató su vínculo personal y laboral con Paolo Rocca, detalló sus días de detención y negó contactos con miembros de la firma durante dicho período.

La jornada cerró con un momento de tensión cuando el tribunal rechazó un planteo de la defensa de Baratta respecto a supuestas contradicciones de la declaración. Al respecto, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta cuestionó la validez del testimonio y dijo: “Estamos en un caso inédito del señor Zabaleta, inédito para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero que esos mismos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito”.

La fiscalía pidió la pena máxima para Julio De Vido y los hermanos Schoklender por la causa “Sueños Compartidos”

La causa Sueños Compartidos ingresó en una instancia decisiva luego de que el fiscal Diego Velasco solicitara las penas máximas previstas para los principales acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Durante una extensa exposición de más de diez horas ante el Tribunal Oral Federal N° 5, el representante del Ministerio Público pidió condenas de seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario Abel Fatala; y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender.

El programa móvil contempla la cobertura de más de 15 servicios orientados a la contención social y sanitaria de la población local. Entre las prestaciones operativas se destacan:

• Atención oftalmológica con confección y entrega de anteojos
• Controles odontológicos y odontopedriátricos
• Consultas de fonoaudiología
• Esquema de vacunación
• Asistencia técnica para la resolución de trámites ante organismos estatales

Además, la agenda incorporó instancias de educación alimentaria junto con talleres recreativos, culturales y pedagógicos destinados a niños y familias de las comunidades visitadas. La iniciativa busca descentralizar el acceso a servicios esenciales y facilitar la atención primaria en localidades alejadas de los centros urbanos principales.

Durante la jornada inaugural, las autoridades recorrieron los vagones adaptados y supervisaron el inicio de la atención al público en el predio ferroviario. Se prevé que la formación continúe su trayecto por diferentes nodos del mapa provincial durante las próximas semanas para ampliar la cobertura territorial.

Desde la administración de Gustavo Melella, gobernador de dicha provincia, señalaron que resulta inadmisible que una embarcación británica opere en el puerto de la capital provincial mientras el Reino Unido mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

El gobierno fueguino también volvió a cuestionar la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, una medida que se encuentra judicializada. Según sostuvo, la Casa Rosada justificó esa decisión en el carácter estratégico de la terminal y en la necesidad de proteger la soberanía y los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana”, denunciaron desde el Ejecutivo provincial.

El reclamo de Tierra del Fuego al Gobierno nacional

En ese sentido, la administración de Melella reclamó que el Gobierno nacional explique públicamente bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos autorizó la operación del VS Promise en Ushuaia.

La Provincia consideró especialmente contradictorio que una embarcación de bandera de la potencia que ocupa las Islas Malvinas pueda operar en un puerto cuya administración fue intervenida precisamente bajo argumentos vinculados con la soberanía nacional.

Finalmente, el Gobierno de Tierra del Fuego exigió nuevamente el cese de la intervención del Puerto de Ushuaia y la restitución inmediata de su administración a la Provincia.

El reclamo completo

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.

Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.

La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.

En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.

Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.

La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.

Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:

Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.

Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.

Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.

Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.

La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.

La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.

En la Cámara de Diputados, LLA y sus bloques aliados concentrarán sus esfuerzos en la sesión convocada para este miércoles, donde el Poder Ejecutivo busca obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, entre otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas.

En paralelo, la bancada oficialista en la Cámara de Senadores convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles con la intención de sesionar al día siguiente. El temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

Entre las postulaciones enviadas por el Ejecutivo destacan los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Se trata de un tribunal estratégico que interviene de manera directa en las causas por corrupción.

En ese frente, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, encabeza las conversaciones con sectores aliados para asegurar los votos requeridos.

Con esta agenda de reuniones en la sede de Gobierno, el jefe de Estado busca retomar la centralidad política y sostener la exposición de las últimas jornadas, como la del Consejo de las Américas (CAC) en el Hotel Alvear y la de este lunes, en la cual frente a su Gabinete reafirmó el rumbo del plan económico.