La audiencia previa a difusión de la sentencia de Jimmy Lai comienza mañana en Hong Kong
El veredicto, dictado en diciembre tras 156 días de juicio sin jurado por un panel de tres jueces designados por el Ejecutivo para causas de seguridad nacional, marca el proceso más emblemático de la represión judicial contra la disidencia bajo el ampa...
Hong Kong, 11 ene (EFE).- El editor prodemocrático Jimmy Lai comparecerá este lunes ante el Tribunal Superior de Hong Kong para el inicio de una audiencia de mitigación de pena que podría derivar en cadena perpetua, tras ser declarado culpable de delitos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y conspiración para publicar material sedicioso.
El veredicto, dictado en diciembre tras 156 días de juicio sin jurado por un panel de tres jueces designados por el Ejecutivo para causas de seguridad nacional, marca el proceso más emblemático de la represión judicial contra la disidencia bajo el amparo de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020.
La condena definitiva no se conocerá hasta que concluyan las audiencias de mitigación, aunque el veredicto de culpabilidad de Lai ya intensificó la alarma internacional por el deterioro de la independencia judicial y las libertades en la Región Administrativa Especial.
El fundador del clausurado diario Apple Daily cumple ya una condena separada de cinco años y nueve meses por fraude.
Hasta su cierre forzoso en junio de 2021 tras redadas que congelaron sus activos y provocaron detenciones masivas, Apple Daily lideraba las ventas de periódicos en chino y actuaba como tribuna clave contra el autoritarismo continental y en favor de la democratización.
Lai recurrió a columnas, discursos y entrevistas para demandar la aplicación efectiva de la Ley Básica —'miniconstitución' desde 1997—, que fija como objetivo final la elección por sufragio universal del Consejo Legislativo, promesa neutralizada sistemáticamente por Pekín.
Estigmatizado durante años como traidor en medios oficialistas como China Daily, su arresto en agosto de 2020 ya anticipaba un resultado adverso.
El cargo de sedición le fue imputado en virtud de una norma colonial británica de 1938 que castiga expresiones que generen desafección hacia la autoridad y que no se usaba desde 1967.
El núcleo de la condena recayó, sin embargo, en la Ley de Seguridad Nacional, que penaliza con penas de hasta cadena perpetua las solicitudes a potencias extranjeras de sanciones contra Hong Kong o China continental.
Lai admitió haberlas respaldado antes del 1 de julio de 2020, pero rechazó haber continuado después. El tribunal, en un fallo de 855 páginas, consideró críticas posteriores al régimen como llamamientos encubiertos, una interpretación que expertos jurídicos reprochan por equiparar disenso político a subversión.
Desde 2020, el espacio cívico hongkonés ha sufrido un retroceso acelerado con la disolución de partidos políticos y sindicatos, purga de bibliotecas públicas, revisión de currículos escolares y vigilancia estricta de medios.
Absoluciones aisladas o concesiones de libertad provisional en causas sensibles provocan inmediatas réplicas de legisladores y prensa afines a Pekín, que exigen lealtad incondicional a todos los funcionarios, incluidos los jueces.
China encabeza la clasificación mundial de encarcelamiento de periodistas, con al menos un centenar de informadores presos, ocho en Hong Kong, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras.
Entretanto, seis exdirectivos de Apple Daily esperan sentencia tras declararse culpables en 2022 de colusión y colaborar como testigos de la Fiscalía como circunstancia atenuante.
El Ejecutivo hongkonés, ante las críticas internacionales previas al inicio de la audicencia del lunes, ha rechazado lo que considera intentos de "difamar" al Gobierno y ha aducido la publicidad del proceso y la exhaustividad del veredicto como prueba de solidez institucional.
Organizaciones como Human Rights Watch, por contra, denuncian irregularidades como la supresión del jurado, restricciones en la defensa y dilataciones procesales, que vulneran garantías de la Ley Básica y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado al ordenamiento, pero relegado en asuntos de seguridad estatal. EFE
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