Justicia peruana ordenó archivar la denuncia a Castillo por traición a la patria

El presidente peruano. Foto: REUTERS.

La Justicia peruana, a cargo del Tribunal Constitucional (TC), declaró la nulidad de la resolución parlamentaria que acusó al presidente Pedro Castillo de traición a la patria. Se ordenó archivar la causa y así quedó descartada la posibilidad de que sea inhabilitado.

La decisión, adoptada por unanimidad de sus miembros, está contenida en la resolución del recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa del jefe del Estado, según el texto del fallo, difundido por el TC y reproducido por varios medios locales.

El TC “ha resuelto declarar fundada la demanda de habeas corpus y declarar la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022”, dice el documento.

Te puede interesar:

Perú: la Justicia rechazó los recursos presentados por Pedro Castillo y seguirá en prisión

Los motivos de la decisión

La decisión se basó en que, a juicio de los magistrados, la acusación vulneró “el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en decisión dividida -11 votos a 10-, imputó a Castillo el presunto delito de traición a la patria por haber afirmado en una entrevista televisada que estaría dispuesto a conceder una salida al mar a Bolivia si así lo decidía la ciudadanía en referendo.

Además, recomendó la inhabilitación de Castillo para ejercer cargos públicos por cinco años.

El recurso de habeas corpus fue presentado el martes pasado por uno de los abogados del mandatario, Eduardo Pachas, quien lo justificó con el argumento de que “el delito de traición a la patria tiene una condena de 15 años de cárcel, por eso su libertad personal está en peligro”.

El abogado agregó que el el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no especifica cuál es el delito cometido para que se aplique el concepto de “traición a la patria” y denunció que el proceso era “un linchamiento político típico de la Inquisición”.

La acusación ya había sido cuestionada por los jueces del TC ese mismo día, durante una audiencia destinada a que la subcomisión la sustentara, cuando el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse preguntó al procurador parlamentario si “la opinión es un delito”, según el diario limeño La República.