El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, fue aprobado este miércoles 21 de octubre de 2026 por la Cámara de Diputados con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.
La iniciativa modifica los desalojos, las indemnizaciones por expropiaciones y los registros inmobiliarios, además de restablecer límites a la compra de campos por extranjeros. Como se cambió el texto del Senado, todavía no es ley y debe volver a esa Cámara.
Qué cambiaría para inquilinos y propietarios ante un desalojo
Según el dictamen de mayoría de Diputados, las acciones de desalojo de inmuebles urbanos y rurales se tramitarían mediante juicio sumarísimo, un proceso judicial abreviado. También se habilitaría al juez a ordenar entregas anticipadas cuando se cumplan determinadas condiciones y se presente una caución.
En alquileres de vivienda con falta de pago, el propietario tendría que intimar formalmente al inquilino y darle al menos diez días corridos para cancelar la deuda antes de demandar. Ese plazo ya figura en el Código Civil y Comercial vigente: no significa que el desalojo ocurra automáticamente en diez días.
Cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos de protección y disponer hasta diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin suspender el proceso. También se prevén multas de hasta diez alquileres contra propietarios que obtengan una desocupación inmediata ocultando información relevante.
Cómo serían las indemnizaciones y la regularización de viviendas
En las expropiaciones, la declaración de utilidad pública debería identificar un objetivo concreto y superar criterios de necesidad y proporcionalidad. La indemnización podría incluir ganancias dejadas de percibir —lucro cesante—, debidamente probadas, con un tope general del 30% del daño emergente, ampliable si se acredita un perjuicio superior.
El texto exige pagar íntegramente la indemnización antes de transferir el dominio. Para actualizarla contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa vinculada a los plazos fijos tradicionales del Banco Nación desde la mora.
Otra modificación alcanza a la regularización dominial de viviendas. La Ley 24.374 vigente exige tres años de posesión anteriores al 1 de enero de 2009; el proyecto plantea diez años de posesión continua antes de solicitar el beneficio, con causa lícita. Para los registros inmobiliarios, permitiría documentos digitales y fijaría un máximo de 30 días para su calificación.
Cuánto podrían comprar los extranjeros y qué falta para que rija
El capítulo incorporado en Diputados busca restablecer plenamente la Ley de Tierras Rurales 26.737, que limita la titularidad extranjera al 15% de las tierras rurales del país y de cada jurisdicción. También establece un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o una superficie equivalente según su ubicación.
Esta legislación había sido derogada mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, aunque su eliminación quedó frenada judicialmente. El proyecto aprobado busca restituir expresamente su vigencia.
El Senado deberá decidir si acepta las modificaciones o insiste en su versión anterior. Hasta que concluya el trámite legislativo, las reformas propuestas no se aplican como normas vigentes.
