El Congreso peruano respalda al Gobierno de Boluarte en medio de investigación fiscal

Dina Boluarte. Foto: EFE

El escándalo político en Perú se acrecienta tras la investigación fiscal contra la mandataria por la posesión de relojes y otros objetos de lujo no declarados. El Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, recibió el respaldo del Congreso, que dio el voto de confianza al nuevo gabinete de ministros en plena crisis.

El Consejo de Ministros que preside desde marzo pasado el primer ministro Gustavo Adrianzén, obtuvo 70 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones del pleno del Parlamento.

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Aunque el legislativo apoyó al gabinete, el debate estuvo protagonizado por duras críticas de los sectores opositores, principalmente de la izquierda, hacia el Ejecutivo por el caso abierto contra Boluarte, así como por el aumento de la inseguridad ciudadana en el país. Durante la sesión algunos parlamentarios recordaron las decenas de muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023.

Finalmente, gran parte de los congresistas de izquierda votaron en contra de otorgar la confianza al gabinete, mientras que las bancadas de centro, derecha y ultraconservadores se posicionaron a favor "por la estabilidad del país".

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Pasos a seguir

Después de conocerse el resultado de esta votación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, pidió que se informe al pleno que se han presentado dos mociones de vacancia (destitución) de Boluarte, por una supuesta "incapacidad moral" para seguir al frente de la jefatura del Estado.

Congreso peruano. Foto: EFE

Las solicitudes, que fueron presentadas el lunes pasado y este miércoles por parlamentarios de agrupaciones de izquierda y de centro, piden que se declare la vacancia de la Presidencia y se aplique la sucesión en la jefatura de Estado que ordena la Constitución.

En el actual gobierno, Boluarte no tiene vicepresidentes, por lo que, de dejar el cargo, este tendrá que ser ocupado por el presidente del Congreso, quien deberá convocar de inmediato a elecciones generales para realizar el cambio de gobierno en un plazo máximo de ocho meses.

Soto anunció que la posible admisión a debate de estas mociones será vista durante la siguiente sesión del pleno, donde tendrán que recibir el voto de, por los menos, el 40 % de los legisladores hábiles para continuar con el procedimiento en otra reunión plenaria.