La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la aplicación de la multa diaria de $100.000 contra el Gobierno por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por la Sala III, que admitió una queja del Ministerio de Capital Humano y ordenó tramitar con efecto suspensivo la apelación presentada por el Estado.
La sanción había sido dispuesta por el juez Martín Cormick, quien consideró que el Gobierno no había cumplido con una orden judicial que exigía actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y garantizar los fondos para las becas estudiantiles. Tras vencer el plazo que había fijado para acatar la medida, el magistrado hizo efectivo el apercibimiento y estableció astreintes por cada día de incumplimiento.
Por qué la Justicia suspendió la multa contra el Gobierno
En su presentación, el Estado sostuvo que la cautelar ya había sido cumplida y solicitó que la apelación tuviera efecto suspensivo, motivo por el cual la sanción no se ejecutara mientras se revisaba la decisión. Cormick había rechazado ese pedido, por lo que el Gobierno acudió a la Cámara mediante una queja.
Ahora, la Sala III hizo lugar a ese planteo y dispuso que el recurso sea concedido con efecto suspensivo. Es por eso que la multa quedará en pausa mientras continúa el trámite judicial. Sin embargo, la resolución no determina si el Gobierno cumplió efectivamente con la orden ni resuelve la controversia de fondo sobre la aplicación de la ley.
La sanción había sido dictada luego de un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que pidió que se hiciera efectiva la advertencia judicial ante la falta de cumplimiento de la medida. Cormick había establecido inicialmente una multa de $100.000 diarios contra el funcionario a cargo de la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli y había dejado abierta la posibilidad de modificar el monto o ampliar la lista de funcionarios alcanzados si persistía la situación.
La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto se originó en la decisión del Poder Ejecutivo de condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos, mediante el decreto 759/2025. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma, un fallo que el Gobierno también apeló.
Por otra parte, la cautelar que exige actualizar los salarios del personal universitario y garantizar los fondos para las becas había sido confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de 2026, según los antecedentes de la causa.
La decisión conocida ahora se limita a la sanción económica contra Santilli: no anula la cautelar, no declara inválida la Ley de Financiamiento Universitario ni confirma la postura del Gobierno sobre su cumplimiento. La discusión deberá continuar en los tribunales mientras se sustancia la apelación.
