El juez federal Martín Cormick resolvió aplicar la sanción económica luego de un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó medidas frente a la falta de cumplimiento de la ley. En una primera etapa, la multa al Gobierno será de $100.000 diarios y el magistrado advirtió que podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados por la resolución.
La decisión recayó sobre Diego Santilli en su condición de titular de la Jefatura de Gabinete, en función de las atribuciones vinculadas con la administración general del país. El objetivo de las astreintes es presionar para que se cumpla la orden judicial, que incluye los pagos correspondientes a los salarios de docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles.
El fallo judicial por la Ley de Financiamiento Universitario
La resolución se sumó a una serie de decisiones judiciales sobre la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). El martes de la semana pasada, Cormick declaró inconstitucional el decreto firmado por el presidente Javier Milei para evitar la aplicación de la norma, aprobada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras después del veto presidencial.
El viernes siguiente, el juez concedió la apelación presentada por el Gobierno, aunque aclaró que continuaría con la ejecución de la medida cautelar que ordena cumplir con los pagos, que había sido dictada en diciembre y luego fue convalidada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo.
Además, la medida quedó firme en junio, cuando la Corte Suprema rechazó los planteos del Poder Ejecutivo. El 22 de septiembre, Cormick ya había intimado al Gobierno a cumplir con la ley y había advertido sobre la posibilidad de aplicar multas ante la persistencia del incumplimiento.
La reacción del Consejo Interuniversitario Nacional
El martes, el CIN pidió formalmente que se aplicaran astreintes para forzar el cumplimiento de la norma. Su titular, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), valoró que la sanción recaiga sobre una autoridad con responsabilidades concretas y no sobre el Estado de manera genérica.
“No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente y no sobre el Estado vagamente”, sostuvo Bartolacci en declaraciones a Página 12. También señaló que el proceso judicial continúa y expresó su expectativa de que las medidas adoptadas permitan alcanzar una respuesta al reclamo universitario.
La decisión se dio a conocer en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria pautada para este jueves 15 de octubre en defensa de la educación pública y el financiamiento de las universidades nacionales. El contexto está marcado por el conflicto entre el Gobierno y las instituciones académicas por la aplicación de la ley.
