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Ley de Financiamiento: qué está dispuesto a ceder el Gobierno y qué pide el Consejo Interuniversitario Nacional

Este jueves 15 de octubre, se llevará a cabo la quinta Marcha Federal Universitaria en un contexto marcado por la negativa del Gobierno a cumplir con las medidas judiciales que le exigen el acatamiento del financiamiento de las universidades.

Marcha Federal Universitaria en el centro porteño. Foto: NA.
Se viene la Quinta Marcha Federal Universitaria.
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En cuanto a la negociación por la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno busca mantener la reducción de las contribuciones patronales de las universidades como medida principal en lugar de llevar el presupuesto a los $11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional. De este modo, buscan paliar aquel monto con el alivio en materia de contribuciones sin cubrirlo íntegramente a través de mayores transferencias presupuestarias.

Desde el Gobierno buscan modificar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario de modo que se reemplace el sistema de negociación vigente por uno nuevo acordado con sectores universitarios y bloques aliados.

Marcha Federal Universitaria Argentina. Foto: NA
Marcha Federal Universitaria Argentina. Foto: NA

En cuanto al frente judicial, el juez Martín Cormick impuso multas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida cautelar que obliga al Estado a actualizar salarios docentes y no docentes y los fondos destinados a becas. Esta medida sigue vigente a la par de la apelación oficial contra el fallo que exige el cumplimiento de la ley.

La discusión sobre el financiamiento universitario comenzó en 2010, cuando se creó un régimen especial para algunas universidades nacionales que tenían deudas previsionales, es decir, relacionadas con los aportes jubilatorios. El Decreto 1571/2010 estableció que estas instituciones pagaran una contribución reducida del 10,17% sobre los salarios de sus empleados. De ese porcentaje, el 8,67% se destinaba al sistema jubilatorio (SIPA) y el 1,5% al PAMI.

En 2023, este régimen fue modificado por el Decreto 645/2023, que estableció un aumento gradual de las contribuciones patronales. De esta manera, las universidades comenzarían a pagar porcentajes cada vez más altos hasta alcanzar las tasas generales correspondientes al sector público.

Las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) Foto: unlam.edu.ar

De esta manera, las universidades que terminen de pagar sus deudas deberán aumentar gradualmente sus contribuciones al sistema jubilatorio (SIPA) y al PAMI. Según el texto, la tasa será del 13,65% en 2026 y del 17,13% en 2027. A partir del 1 de enero de 2031, deberán pagar las tasas generales que corresponden al sector público.

Este tema es importante para la negociación porque la UBA sostiene que no debe pasar directamente a pagar una contribución del 24%, sino que debe seguir el aumento gradual establecido por el Decreto 645/2023. Como su plan para regularizar la deuda está cerca de terminar, la universidad busca evitar que sus gastos por los aportes patronales aumenten demasiado.

Por su parte, el Gobierno está dispuesto a negociar con la UBA, a través de ARCA, para decidir si se mantiene el régimen de contribuciones reducidas o si se modifica. Sin embargo, todavía no hay una decisión definitiva sobre qué porcentaje deberán pagar las universidades ni qué norma se utilizará para aplicar el cambio.

El Gobierno está dispuesto a negociar con la UBA, a través de ARCA, para decidir si se mantiene el régimen de contribuciones reducidas o si se modifica. Foto: NA

En la UBA insisten en que aún no hay una definición concreta y que los intercambios se mantienen en una instancia informal. Además, advierten que una suba de las contribuciones repercutiría directamente en sus finanzas, dado que aproximadamente el 90% de sus recursos se destina al pago de salarios, mientras que el 10% restante se utiliza para cubrir los gastos operativos.

El debate tampoco involucra de manera automática a todas las universidades nacionales bajo un mismo esquema. El régimen previsto por el Decreto 1571 comprende a las instituciones que cumplían con los requisitos relacionados con las deudas previsionales. Mientras algunas ya completaron sus respectivos planes de regularización y comenzaron a incorporarse a la escala de convergencia, otras todavía mantienen la alícuota reducida.

La estrategia de la Casa Rosada apunta a resolver en simultáneo los tres conflictos: el Presupuesto, las contribuciones patronales y la disputa judicial. Con ese objetivo, busca negociar una ampliación de los fondos previstos para 2027 y condiciones más favorables para las obligaciones previsionales, a cambio de introducir cambios en la Ley de Financiamiento Universitario. La tasa que propondrá, las universidades alcanzadas y el instrumento legal que se utilizará aún están sujetos a negociación.

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