Gobierno oficializó oferta de pago de deuda a bonistas: tres años de gracia y 62% de quita de intereses

La propuesta incluye el canje de bonos por nuevos títulos que vencen entre 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047, con rendimientos que van del 0,75% al 4,5%, denominados en dólares y euros.
Alberto Fernández, Cristina Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, coronavirus en Argentina, pandemia, NA
Alberto Fernández, Cristina Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, coronavirus en Argentina, pandemia, NA

La Argentina presentó hoy ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) la "invitación" a los bonistas para renegociar deuda por US$ 66.238 millones, con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, y un plazo de gracia de tres años.

La propuesta incluye el canje de bonos por nuevos títulos que vencen entre 2030 y 2047, con rendimientos que van del 0,75% al 4,5%, denominados en dólares y euros.

El país informó que se propone "invitar" a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera a "cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República".

La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta.

Los plazos de los nuevos títulos se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047.

Los plazos de los nuevos títulos irán desde 2030 (los más cortos) hasta 2047.

La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4%, US$ 3.600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.

A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%.

Los intereses empezarán a pagarse en 2022 en algunos de los nuevos títulos.

Los bonos que se canjearán serán los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016, según la propuesta del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.

Se espera un decreto del Poder Ejecutivo para darle el andamiaje legal a la operación que, según pretende el Gobierno, demandará tres semanas de negociaciones con los acreedores.