Mano dura contra los inmigrantes ilegales en Francia: hubo arrestos
En la operación para expulsar a inmigrantes ilegales de una edificación abandonada, participaron unos 500 policías, quienes encontraron la resistencia de algunos de los residentes en ese inmueble. Al intentar sacar por la fuerza a esas personas, incluidos varios menores, muchos de ellos arrojaron contra los agentes sus pertenencias, a través de las ventanas.
Sin embargo, el dirigente regional Remard Tomasini indicó que "no hubo choques con la policía, ni heridos, ni sangre".
Apenas 200 de los desalojados de ese edificio serán ubicados temporalmente en un hotel, mientras a aquellos que se encuentren ilegalmente en el país enfrentarán la deportación a sus naciones de origen.
La acción está muy relacionada con la política impulsada por el Ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy, para combatir la inmigración ilegal.
Sarkozy aboga por la drástica reducción del número de indocumentados en esta nación, uno de los principales temas de su temprana campaña electoral, de cara a los comicios presidenciales de 2007.
Un adiós para los inmigrantes sin papeles
Para Sarkozy, la operación sirve como confirmación de su discurso de "firmeza" y a favor de una "inmigración escogida y no impuesta". Es una oportunidad para demostrar que sus palabras van seguidas de actos y que trabaja para hacer realidad su objetivo de 25.000 expulsiones anuales de extranjeros, que no pueden ser regularizados. No se sabe aún con exactitud cuántas personas, de entre el millar de ocupantes de Cachan, se encuentran en Francia regularmente. La mayoría de ellos proceden de Costa de Marfil y Malí.
La política de Sarkozy cuenta con un respaldo considerable entre la población francesa que, sin respaldar las exageraciones del ultraderechista Jean-Marie Le Pen -que defiende que sin extranjeros todos los franceses tendrían trabajo-, sabe que la inmigración masiva plantea muchos problemas: escolares, de convivencia en los barrios, religiosos, de seguridad... La izquierda, durante años, creyó poder resolver la cuestión en un
horizonte utópico de pleno empleo, pero ni el horizonte es alcanzable ni bastaría para solucionarlo todo.
Ayer mismo, el ex Ministro socialista de Economía Dominique Strauss-Kahn dio una señal de impotencia política, al pedirle a Sarkozy que "aplace un mes el plazo para que los inmigrantes puedan presentar su demanda de regularización". Strauss-Kahn quiere mostrarse atento a los derechos de los inmigrantes, pero no se atreve a defender su presencia en Francia ni a criticar abiertamente las expulsiones. Otro socialista, el experto en seguridad Julian Dray, criticó al Ministro por "fabricar familias de inmigrantes clandestinos", y negó que haya una relación causa-efecto "entre esos inmigrantes y los problemas de inseguridad y violencia" que vivió Francia en otoño de 2005. "Todas esas personas sólo piden poder vivir tranquilamente en nuestro territorio".
Sarkozy, a pesar de haber pedido a los prefectos (delegados del Gobierno) que estudien caso por caso las demandas de regularización de inmigrantes con hijos escolarizados en Francia, se contradice cuando se fija objetivos numéricos antes de conocer cuántas serán las solicitudes.
De momento ha comenzado por el desalojo de los okupas de Cachan y algunas redadas con detenciones en campamentos de gitanos de origen búlgaro o rumano. Los vuelos que les devolvieron a Sofía y Bucarest fueron publicitados por el Ministerio del Interior.
El diputado socialista Gaëtan Gorce denuncio que "el tratamiento arbitrario de las demandas" de regularización y constata que ha habido "diferencias entre los criterios empleados en un departamento [provincia] y otro". Además, como han subrayado varias organizaciones humanitarias, las 25.000 órdenes de expulsión afectan a más de 100.000 personas, pues muy a menudo se trata de matrimonios con varios hijos
