Denuncian a líderes de la barrabrava de River por tenencia ilegal de armas
Los líderes de la barra brava de River, conocida como "Los Borrachos del Tablón", Alan Schlenker y Hugo Rousseau, fueron denunciados por el Registro Nacional de Armas (Renar), que los acusó por tenencia ilegal de armas de guerra, al haber vencido los permisos que tenían como "legítimos usuarios" sin que hubieran sido renovados.
Fuentes tribunalicias dijeron a Télam que la acción contra Rousseau tramita en el juzgado de instrucción 28, en tanto la denuncia contra Schlenker fue presentada en la Cámara en lo Criminal y Correccional que deberá sortear el juzgado que habrá de intervenir. Se trata de sendas presentaciones efectuadas por la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) del Renar que suscriben los fiscales Jorge Di Lello y Edgardo Marceno.
Esa unidad funcional tiene por objeto investigar conductas que, relacionadas con armas de fuego y explosivos, "puedan configurar delitos de acción pública". En el caso de Rosseau, los fiscales explicaron que estaba inscripto como "legítimo usuario" de armas bajo el legajo 3-235522673, registrando la tenencia de una pistola semiautomática marca Browning, calibre 6.35 y una pistola automática calibre 9 milímetros, serie 429761, habiendo vencido el 1 de enero de 2007 el permiso "lo que produce la caducidad automática de todas las autorizaciones".
En lo que hace a Schlenker, los investigadores dijeron que, también, se encontraba inscripto como "legítimo usuario" registrado bajo el legajo 3-25317565, registrando la tenencia de una pistola semiautomática Bersa, número de serie 15286; y que esa autorización venció en agosto de 2007.
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En este caso, con "los elementos reunidos en el marco de esta investigación, se puede concluir que Alan Schlenker tendría en forma ilegítima un arma de fuego -de uso civil condicional- toda vez que en la actualidad, no cuenta con la debida autorización del RENAR para ello".
En ambas investigaciones, por tratarse de pistolas calibre 9 milímetros, corresponde la calificación de arma de "uso civil condicional", o "arma de guerra" en el argot judicial, lo que agrava las penas de posibles condenas a escalas de prisión que van desde los dos a los seis años.