Diputados aprobó la ley de ADN y Banco Nacional de Datos Genéticos
Tras cinco horas de fuerte debate, los legisladores aprobaron la denominada Ley de ADN con 154 votos a favor, 32 negativos y 14 abstenciones, y desataron los festejos de los militantes de agrupaciones de derechos humanos que presenciaron el debate en el recinto.
Luego, sin análisis, la Cámara baja sancionó y giró al Senado el proyecto que establece la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La diputada nacional, hija de desaparecidos y nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, Victoria Donda, defendió la Ley de ADN, y subrayó: "Nos entregaron como si fuéramos cachorros de otras familias. Hoy, yo y 97 nietos más podemos decir nuestros verdaderos nombres".
"De los últimos trece nietos recuperados, nueve fueron detectados a través" de un allanamiento judicial, aseguró la diputada del Encuentro Popular y Social.
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A la vez, destacó la importancia de que sea la Justicia quien ordene la obtención de ADN, ya que -sostuvo- para los hijos de desaparecidos es una "mochila" pesada tomar la decisión de
realizarse las pruebas genéticas.
El diputado fueguino Leonardo Gorbacz también se manifestó a favor, y consideró que "es bastardear la historia pensar que esta ley es para molestar a un medio de comunicación".
Miguel Bonasso, a su vez, defendió también la medida y aseguró que "es una imbecilidad decir que esta es una ley facista".
En contra, el radical Pedro Azcoiti sostuvo: "Quienes criticamos a disentimos no somos admiradores del (el militar, Jorge Rafael) Videla. Tenemos que animarnos a transitar un camino
en el medio. Estamos perdiendo la oportunidad de darle a esto un consenso amplio, porque todos coincidimos en que deben resguardarse los derechos de todas las víctimas".
El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, subrayó que los hijos de desaparecidos "son víctimas mayores que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo".
"Esta es una acción invasiva sobre personas adultas. Estamos ante una típica situación de dilema", afirmó Pérez, y su compañera de bancada, Elsa Quiroz, se quejó porque esta norma supone
"compulsión".
El proyecto establece que el juez que intervenga en causas por violaciones a los derechos humanos "podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario
para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación".
"Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la salud de la persona",
afirma el texto.
A la vez, faculta a la Justicia para "ordenar la obtención de ADN por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del
cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal".
En el caso de las víctimas, la Justicia también podrá ordenar allanamientos o requisas personales.
"Cuando se deba obtener ADN de la presunta víctima del delito, la medida ordenada se practicará teniendo en cuenta tal condición, a fin de evitar su revictimización y resguardar los derechos
específicos que detenta", agrega el proyecto, sin perjuicio de la "oposición de la víctima".
En tanto, el proyecto de ley que establece la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos busca "garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad".
Este organismo descentralizado funcionará dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, luego de que se cambiara a pedido de las agrupaciones la órbita de aplicación, que en el proyecto inicial
pertenecía a la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Su objetivo es "garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria para la identificación de hijos de desaparecidos y de los restos de las víctimas de desaparición forzada".
Con la aprobación de estos dos proyectos, Diputados concluyó el tratamiento de las cuatro leyes de derechos humanos que la presidenta Cristina Kircher envió al Congreso tras homenajear a
los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplirse treinta años de su visita al país durante la dictadura, el 11 de septiembre pasado.
Los dos primeros fueron la despenalización del delito de calumnias e injurias y la participación de agrupaciones como querellantes en los juicios por desaparecidos.
