Falta de mérito para jubilado que asesinó a "viuda negra"

El hombre, de 88 años, había matado de dos disparos a una mujer, de 52, que había intentado robarle 10 mil dólares de su casa. La justicia entendió que actuó en su legítima defensa.

La Cámara Penal porteña desprocesó a un jubilado de 88 años que recibía en su departamento a una mujer 36 años menor y la mató de dos disparos, en medio de un forcejeo, luego de que ella le robara 10.000 dólares que él escondía en la vivienda.

Fuentes judiciales revelaron hoy a DyN que el tribunal de alzada benefició a Salvador Acardi, anulando su procesamiento por homicidio simple con dolo eventual y la prisión preventiva domiciliaria en su contra, para pasar su situación judicial a la de falta de mérito.

Según los camaristas Carlos González, Alberto Seijas y Mariano González Palazzo el jubilado podría haber actuado en legítima defensa a raíz de que la mujer, identificada como Miguelina Benítez, viuda de 52 años, "comenzó a golpearlo con un paraguas, lo insultaba y amenazaba con matarlo".

Entonces Acardi tomó el revólver calibre 32 que "guardaba en uno de sus muebles" y Benítez le habría espetado "qué me vas a matar viejo de mierda....." y entre los dos se desató "un forcejeo y la caída de ambos al piso" donde el jubilado "oyó el sonido de dos disparos y su agresora 'aflojó'".

La 'viuda negra', el 31 de mayo pasado, recibió dos disparos en la arteria femoral de la pierna izquierda y, resaltaron los camaristas, "fue retirada todavía con vida del inmueble" pero "momentos después falleció como consecuencia de las heridas sufridas" en el hospital Rivadavia.

Todo ocurrió el 31 de mayo pasado en el departamento tercero C del edificio ubicado en la calle Güemes 4419, donde el hombre solía recibir a la víctima, que incluso "pernoctó alguna vez" allí y de donde la mujer "le sustrajo la suma de diez mil dólares", según la resolución.

El juzgado de instrucción 14 procesó a Acardi por homicidio simple y le impuso prisión preventiva domiciliaria, pero tras la apelación de los abogados defensores Miguel Plo y María Plo, la Cámara lo anuló y ordenó "otras medidas de prueba" para saber si, como plantea la defensa, fue un caso de legítima defensa.