Conmocionados por el suicidio, velaron restos del “Malevo” Ferreyra

Los restos del ex comisario tucumano Mario "Malevo" Ferreyra, quien se suicidó para evitar ser detenido en una causa por desaparición de personas en la dictadura, fueron velados en su casa de la localidad de San Andrés, y este domingo se realizó el la inhumación en el cementerio Los Pereyra.

La esposa y los cuatro hijos de Ferreyra realizaron la ceremonia de velatoria en la misma casa donde el ex comisario se pegó un tiro en la sien.

Los familiares pidieron a los policías que custodian el predio les dejen "elaborar su duelo".

En tanto, una bandera roja fue atada en lo alto del tanque de agua donde Ferreyra se mató para evitar ser arrestado por Gendarmería Nacional. La vivienda ubicada en la calle del Cielo, en San Andrés, fue visitada por gran cantidad de familiares y allegados a los Ferreyra que se mostraron conmocionados por la decisión del ex jefe policial.

En tanto, los restos de Ferreyra fueron inhumanos cerca del mediodía en el cementerio Los Pereyra, en las afueras del Gran Tucumán.

El ex comisario Mario "Malevo" Ferreyra, de 63 años y padre de cuatro hijos, se mató ayer ante las cámaras de televisión cuando en medio de un reportaje observó el ingreso de gendarmes a su propiedad con la orden de detención en su contra.

El jueves por la noche, Ferreyra se confesó ante un sacerdote.

Ferreyra estuvo recluído en las últimas semanas con su esposa y su hijo de 11 años en su casa de la localidad de San Andrés, en la zona este de Tucumán, luego de que el juez subrogante Daniel Bejas ordenara su captura para que responda sobre las actividades que desempeñó durante la dictadura en vinculación con el centro clandestino de detención del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

"No tengo nada que ver. Que investiguen, que vayan a los lugares, que busquen. Si miento, que me fusilen", dijo el ex comisario en una reciente entrevista al diario La Gaceta.

Además, sostuvo que detrás de la causa que busca conocer el destino de desaparecidos que estuvieron detenidos en ese centro clandestino hay intereses económicos, porque los deudos "cobran 250 mil pesos por cada preso o desaparecido".

"Hay dos mujeres en esto, (la jueza) Alicia Noli y (abogada de los organismos de Derechos Humanos) Laura Figueroa. Supe que Figueroa cobra una parte", denunció Ferryera.