Por Canal26
Jueves 16 de Agosto de 2007 - 00:00
El jefe de la Delegación Mendoza de la Policía Federal y otros nueve efectivos a su cargo
quedaron detenidos y acusados de haber pedido coimas a comerciantes para devolverles mercadería secuestrada, informaron fuentes judiciales y policiales.
Se trata del comisario David Ouviñas Salgueiro, titular de la delegación, un oficial principal, otro inspector, dos subinspectores, cinco sargentos y un cabo, quienes pasaron a disponibilidad preventiva por orden del jefe de la fuerza, comisario general, Néstor Valleca.
El resto de la dotación que no está involucrada en la causa quedó a cargo de un subcomisario que ejercía como segundo jefe, hasta la detención de su superior.
Los policías acusados quedaron detenidos por orden del juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien los imputó por los delitos de "exacciones ilegales (coimas) e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".
El comisario general Valleca ordenó el pase a disponibilidad de todo el personal involucrado y ordenó una investigación de Asuntos Internos.
Dichos efectivos -indicaron fuentes judiciales- "realizaron secuestro de mercadería en locales del rubro electrónico y pidieron dinero a cambio de devolvérselos a los comerciantes".
En base a varias denuncias de los comerciantes informales del denominado "mercado persa" local, el juez Bento allanó la sede central de la delegación policial acompañado por efectivos de Gendarmería.
Además de secuestrar para la investigación libros de guardia y otros documentos, el juez entregó citaciones "a los uniformados para presentarse en los tribunales federales".
Luego de tomarles declaración, el magistrado detuvo a 10 de los policías en la Alcaidía de los Tribunales y liberó a uno de ellos.
Un vocero judicial precisó que "la mercadería secuestrada (DVD, CD y videojuegos) en varios operativos por un origen presuntamente trucho ya habría sido negociada en un 90 por ciento y devuelta a cambio de dinero a algunos comerciantes del persa".
Consultado sobre el hecho, el comisario mayor Daniel Rodríguez informó a Télam que "acorde con los hechos se comisionó a personal de Asuntos Internos para determinar la situación administrativa, y a los efectos legales se decretó la disponibilidad del personal afectado hasta el avance y conocimiento concreto de la situación procesal y judicial de los imputados".
El "conocimiento concreto de la situación" está referido a que el juez Bento decretó el secreto del sumario, lo que impide a la fuerza tomar otra medida que no sea la preventiva.
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