Se trata del ex suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda, quien participó de la "Masacre de Budge" junto a otros dos policías, y estuvo prófugo por nueve años. Los familiares de las víctimas de ese hecho se enteraron por casualidad. El arresto domiciliario se lo dieron por cuestiones de salud.
Por Canal26
Viernes 9 de Octubre de 2009 - 00:00
Juan Ramón Balmaceda junto a los policías de la comisaría de Ingeniero Budge (el cabo Isidro Romero y el agente Oscar Miño), había sido condenado en 1994 a 11 años de prisión por matar a tiros a Oscar Aredes (19), Roberto Argañaraz (24) y Agustín Olivera (20), el 8 de mayo de 1987.
El caso tuvo una gran repercusión pública en su momento, ocurrió en el barrio Ingeniero Budge de Lomas de Zamora, donde tres jóvenes tomaban cerveza en una esquina cuando fueron acribillados por los tres policías.
Al enterarse que Balmaceda tenía la prisión domiciliaria los familiares de Aredes, Argañaraz y Olivera reclamaron que el ex policía cumpla su condena de once años "en una cárcel común".
Balmaceda fue capturado recién en 2006, gracias a las campañas de afiches y actos recordatorios que los familiares realizaron cada 8 de mayo.
Las razones de salud por la cual se le otorgó el beneficio e Balmaceda son que sufría diabetes y en la cárcel debieron amputarle una pierna. Luego de eso su defensor pidió que fuera beneficiado con arresto domiciliario y un año después de ser detenido, en 2007, el Juzgado de Ejecución Penal 1 de Lomas de Zamora le otorgó ese beneficio. Desde entonces, Balmaceda cumple la condena en su casa de Florencio Varela.
Ante esta noticia, Gustavo Smietniansky, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo declarço a un matutino "nos enteramos de casualidad, porque los abogados fueron a ver la causa. Lo que nos dijeron es que una vez que está la condena y el detenido en la cárcel, el Juzgado no tiene la obligación de comunicarles a los particulares damnificados una disposición como esta. Da a entender que podría implicar una especie de venganza de los familiares ante un atributo del Estado",
El abogado Alejandro Zimerman, que representa a los familiares de las víctimas, señaló que su apelación fue rechazada, por lo que ahora recurrirán a Casación. Dijo que el beneficio de la prisión domiciliaria no es una obligación sino una facultad discrecional del juez que la otorga.
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