La Justicia define si deja a Montoya sin superpoderes

La Cámara en lo Contencioso Administrativo del partido bonaerense de San Martín podría expedirse esta semana sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ley que permite al director de Rentas provincial secuestrar autos de deudores fiscales.


Así lo señaló la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios Argentinos (ADECUA), Sandra González, quien denunció "graves errores" de la dirección que encabeza Santiago Montoya con personas discapacitadas.

"El viernes pasado presentamos la apelación que recayó en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín. En teoría se debería expedir entre el jueves y el viernes", estimó González.

La directora de ADECUA explicó que el rechazo del amparo que presentó la entidad ante el juez de primera instancia "no tiene que ver con la cuestión de fondo, que es el pedido de inconstitucionalidad, sino con el amparo, porque dice que esa no es la vía".

"Así y todo ya tenemos lista un pedido de incostitucionalidad para presentar el 1ro de febrero ante la Corte Sumprema", señaló González.

La dirigente defensora de los derechos de los consumidores aseguró que "Montoya confunde a evasores con deudores" y advirtió que la dirección de Rentas está cometiendo "graves errores" con las bases de datos.

"Tenemos un caso de una señora a la que quieren embargar por una deuda de 132 pesos. También tenemos un caso de un joven discapacitado al que ya en 2005 lo citaron más de 25 veces porque figura como deudor cuando los discapacitados estÐn excentos de impuestos", afirmó González.

"La ley que se votó en la provincia es absolutamente inconstitucional, a una persona que debe patentes le pueder secuestrar el auto o bien que no deba pero que figure como deudora por un error de Rentas", agregó.

González consideró que "se está dejando de lado al Poder Judicial, ya que se avasallan los derechos de defensa", señaló.

Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria de la provincia Karina Roca, defendió los superpodres al señalar que "se trata de herramientas que se necesitan para tener una mejor recaudación y volcar esos recursos en obras públicas y en las cosas que necesita la gente".

En cambio el bloque del ARI de la provincia presentó la semana pasada un pedido de informes al gobierno de Felipe Solá, y adelantó que en 60 días podría recurrir también a la vía judicial.

De acuerdo con la norma votada por la legislatura bonaerense, a partir del 1ro de febrero Montoya estará habilitado para secuestrar bienes de deudores fiscales de la provincia sin tener que recurrir a la autorización de un juez.


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