Margarita Stolbizer
MARGARITA STOLBIZER
CANDIDATA A DIPUTADA NACIONAL DEL ACUERDO CÍVICO Y SOCIAL POR LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lugar y fecha de nacimiento:
Morón, 17 de marzo de 1955
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Estado civil:
Casada y madre de tres hijos.
DETALLES
Gran jugadora de voley, creó el primer equipo femenino del Colegio de Abogados de Morón.
Sus tres hijos juegan al básquetbol en el Club Deportivo Morón.
Padeció el síndrome de Guillan-Barré, una enfermedad que la paralizó por completo durante meses cuando tenía treinta años
TRAYECTORIA POLÍTICA
Comenzó su militancia política en la Juventud Radical.
Entre 1983 y 1985 fue Directora de Acción Social y Minoridad del Municipio de Morón.
En 1985 fue elegida como Concejal.
En 1997 fue elegida diputada nacional, ocupando las presidencias de las comisiones de Juicio Político y Legislación Penal, y la vicepresidencia del Bloque de la Unión Cívica Radical.
En el gobierno de la Alianza adhirió a la corriente alfonsinista que lideró Federico Storani, ministro del Interior.
En 2003 fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical. Obtuvo el cuarto puesto.
En 2007 se retiró de la Unión Cívica Radical por diferencias con la conducción del partido ante el apoyo de la candidatura de Roberto Lavagna para presidente. Ese mismo año organizó un partido propio llamado Generación para un Encuentro Nacional (GEN) y fue nuevamente candidata a gobernadora de la Provincia, esta vez en la lista de la Coalición Cívica. Logró el segundo lugar.
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Estudió abogacía en la Universidad de Morón. Luego fue docente de esa casa de altos estudios.
Fue secretaria general del Colegio de Abogados de Morón.
Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).
Participó en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano y del Foro de Parlamentarios contra la Corrupción.
PUNTOS PRINCIPALES DE SU PROPUESTA
(SEGÚN SU SITIO OFICIAL http://www.margaritastolbizer.com.ar)
COMPROMISO CON EL CAMPO Y EL INTERIOR PRODUCTIVO
1) Granos y Oleaginosas: Eliminación inmediata de retenciones en trigo, maíz, y sorgo. Reducciones de retenciones a la soja al 25% y al girasol al 20%, con segmentación en beneficio de pequeños y medianos productores.
2) Carne y Lácteos: Eliminación total de retenciones. Plan estratégico de ganados, carne y leche con incentivos fiscales y crediticios para retención de vientres, aumento de peso de faena, producción de novillo pesado, incremento de la oferta forrajera, productividad y sanidad.
3) Apertura y Liberación de Exportaciones: Apertura irrestricta de las exportaciones, derogación de los ROE y toda la normativa de la ONCAA, que facilita el manejo discrecional, propicio para la corrupción que hoy la caracteriza. Sólo por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y debatidas por la cadena de valor afectada, pueden aceptarse restricciones cuantitativas o temporales.
4) Economías Regionales: Eliminación total de retenciones a las frutas, té, yerba mate, arroz, lino, y otros productos regionales.
5) Conservación del Suelo: La sustentabilidad debe aplicarse a todos nuestros recursos, especialmente al suelo. Es deber insoslayable de cada generación dejar a las venideras el suelo con la misma o mejor aptitud productiva. El estado debe facilitar las condiciones para ello. Proponemos la deducción del 50% de lo que se invierta en fertilizantes del impuesto a las ganancias, e incentivar la rotación de cultivos y/o actividades.
6) Emergencia Agropecuaria: Nueva ley de emergencia que atienda en forma rápida y ágil a los productores con un fondo permanente y afectado a tal fin.
7) Oferta Interna de Alimentos: Oferta abundante, mercados competitivos y transparentes, son la mejor defensa del interés de los consumidores. A ello propenderán nuestras políticas públicas.
8) Infraestructura: Priorizar la inversión en infraestructura física y social para darle a todo el territorio nacional y provincial competitividad sistémica.
9) Investigación y Desarrollo: Promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, públicos y privados, y la interrelación de estos con el mundo productivo, propia de la sociedad del conocimiento.
10) Participación: Proponemos un ámbito participativo para fijar políticas de desarrollo para cada una de las cadenas de valor de origen agropecuario.
TRANSPARENCIA POLÍTICA, PRIMERA CONDICIÓN PARA UN PLAN DE SEGURIDAD
Establecer un marco normativo provincial para la regulación del financiamiento de campañas electorales. Los partidos políticos deberán establecer mecanismos para facilitar el acceso a la información actualizada de los gastos y actividades de campaña a los ciudadanos y organizaciones de la comunidad que lo soliciten. Al finalizar la campaña deberán presentar una rendición de cuentas de acuerdo con la normativa de la ley. Este ordenamiento jurídico debe reflejar algunos principios fundamentales:
1. Una rendición de cuentas similar al realizado a nivel nacional ante la Cámara Nacional Electoral.
2. Un régimen efectivo de sanciones para quien incumple con esta rendición y con otras obligaciones o prohibiciones establecidas en el régimen de financiamiento.
3. Límites a los gastos y a la duración de la campaña y limitaciones para la aceptación de donaciones o contribuciones.
4. Deber de informar los aportes recibidos para la campaña.
Poner en marcha un nuevo régimen de declaraciones juradas. Todos los funcionarios deberán dar a conocer sus declaraciones patrimoniales en el marco de un nuevo régimen para regular las Declaraciones Juradas Patrimoniales de funcionarios, legisladores e intendentes. Hoy sigue siendo necesario acreditar un interés legítimo para acceder a esta información. Es absolutamente necesario salir del régimen fijado en la última dictadura militar, por intermedio del Decreto-Ley 9624/80, para asegurar dos principios:
1. Centralización y seguimiento de las DD JJ
2. Amplio acceso de la ciudadanía a las DD JJ
3. Presentación de las declaraciones juradas dentro de los 30 días hábiles de asunción del cargo, actualización anual y dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.
4. Responsabilidades por el incumplimiento en la presentación.
Avanzar en un procedimiento participativo de designación de jueces. Un sistema democrático transparente exige una verdadera independencia del Poder Judicial. En esta línea, proponemos dotar de mayor publicidad y participación ciudadana (con el involucramiento de ONG’s, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos) al mecanismo de designación de los funcionarios judiciales a través de las siguientes acciones:
1. Establecer un procedimiento participativo para la elección de jueces de la Suprema Corte de la Provincia.
2. Posibilitar la observación de los candidatos propuestos.
3. Implementar Audiencias Públicas en el ámbito del Senado antes de otorgar acuerdo a los candidatos elevados por el Poder Ejecutivo.
Modificar el sistema de contratación de la publicidad oficial. Actualmente, la contratación de la publicidad oficial en el ámbito provincial es absolutamente discrecional (se realiza de manera directa) y tiene calidad de “secreto” de la administración pública. Para terminar con la discrecionalidad, es perentorio:
1. Definir el concepto de publicidad oficial, diferenciándola de la publicidad comercial y de la propaganda política.
2. Plantear un nuevo sistema de contratación de la publicidad oficial, que deje de lado la contratación directa y establezca la licitación pública como principio.
3. Prohibir el establecimiento de cláusulas de confidencialidad en los contratos de publicidad oficial.
4. Limitar las contrataciones durante los procesos electorales.
Implementar un sistema de monitoreo de los procedimientos de licitación y contratación de obras públicas. Para evitar que los fondos públicos se desvíen hacia el financiamiento de campañas electorales, proyectamos:
1. La creación de la Oficina Provincial de Monitoreo de la Obra Pública.
2. Generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo permanente de las obras públicas a través de Testigos Sociales.
3. Establecer un sistema de información de todo proceso de obra pública y articular la información obtenida con los organismos de control correspondientes, para lograr una mayor eficacia en el control y auditoría de las obras públicas.
Regular las respuestas a los pedidos de informes. El Poder Ejecutivo bonaerense tiene una extrema reticencia a contestar los pedidos de informes que realizan los legisladores en ejercicio de su rol constitucional de controladores de la administración pública provincial. Este incumplimiento constityue un flagrante desprecio por la Constitución de la Provincia, por la oposición parlamentaria y por la población en general. Ante esta situación de suma gravedad institucional, resulta indispensable:
1. Modificar el procedimiento, los plazos y las responsabilidades en las contestaciones de los pedidos de informes.
2. Crear un registro de solicitudes de informes y ponerlo a disposición pública.
3. Sancionar administrativa y económicamente a los funcionarios que no cumplan en tiempo y forma con las requisitorias.
4. Cuando no se contesten los informes en los plazos establecidos, difundir la falta de respuesta en los dos diarios de mayor circulación a costa de los funcionarios incumplidores.
