Ordenaron allanar la casa de Sergio Schoklender: tanto él como su hermano Pablo tiene prohibido salir del país
Lo ordenó esta noche el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la causa por presunto lavado de dinero y defraudación al Estado. En tanto dispuso que se impida la salida del pais de él y de su hermano Pablo.
Según se pudo saber esta noche, Oyarbide hizo lugar al pedido del fiscal federal Jorge Di Lello, y ordenó la realización de cuatro allanamientos en inmuebles vinculados con las empresas relacionadas con las actividades del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En su dictamen, Di Lello además pidió investigar al otro Schoklender, Pablo, quien sigue vinculado a la Fundación, junto a a otras siete personas, como integrantes de una asociación ilícita, y también requirió la prohibición para salir del país.
De todos modos dejó en claro que la presunta defraudación no sólo tuvo como víctima al Estado, sino también a la Fundación de las Madres, la cual -remarcó- cuenta con una "importante y
trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los derechos humanos".
En el escrito, sostuvo que el pedido de prohibición de salir del país para todos los imputados es "a fin de evitar situaciones que pudieran dilatar el trámite" de la investigación.
La investigación que reclamó Di Lello es para los Schoklender; el presunto socio de Sergio, Alejandro Abraham Totkink; la cónyuge de éste, Marcela Nancy Zlotogorsk; Daniel Laurenti; Gustavo Adrián Serventich; Leonardo Alejandro Hubscher; Marcelo Gabriel Lewkowicz y Alberto Marcelo García.
El fiscal pidió que, como medida "cautelar", se ordene la inhibición para modificar cualquier situación accionaria de una gran cantidad de empresas, en las cuales Sergio Schoklender habría
ocupado distintos cargos.
Para Di Lello hubo un manejo irregular de fondos públicos ejecutados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que financiaron la realización de obras en la Capital Federal y en varias provincias.
El representante del Ministerio Público recordó que de la documentación recolectada hasta el momento, "se ha construido una hipótesis delictiva en la que se presume el desvío de fondos
públicos", los cuales eran "administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de su apoderado" Schoklender.
Según el dictamen, esos fondos fueron entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal de la Nación a la Fundación de las Madres para la construcción de viviendas.
"El desvío (de dinero) habría consistido en maniobras que realizara el apoderado de dicha fundación, Schoklender y/o cómplices, direccionando los fondos hacia la empresa Antártica
Argentina S.A. u otras, habilitando la libre disposición de los mismos por parte de Alejandro Gotkin", sostuvo Di Lello.
Además, probó que Sergio Schoklender contaba con un "Poder General Amplio" de la Fundación para abrir/cerrar cuentas bancarias, librar y endosar cheques, hacer giros en descubierto, y hasta de disponer del movimiento de cuentas corrientes.
Di Lello dejó en claro que la presunta defraudación no sólo tuvo como víctima al Estado, sino también a la Fundación.
En el escrito, también se hizo mención a la denuncia realizada tiempo atrás por diputados de la Coalición Cívica sobre la adquisición de 12 lotes en la localidad bonaerense de José C. Paz
por parte de Sergio Schoklender.
También pidió investigar a las empresas Regie Royale S.A., Gorlac S.A., Expedition S.A. Fun Pro S.R.L., Sabero Argentina S.A., Armorin Systems S.A., Sky Performance S.A., Urban Constructios S.A., Itrnet Systems S.A., La Mailu S.A ., Partner Human Resources S.A., Tagle Security & Investigación S.A., Envío Express S.R.L. y Monetización S.A, entre otras.
Y a la constructora Meldorek S.A, la cual realizaba viviendas sociales con dinero de la Fundación, y de quien Sergio Schoklender negó ser el director, y luego se supo que era dueño del 90 por
ciento de las acciones de la misma.
Di Lello detalló que empleados de la Fundación , como Gotkin y Zlotogorsky, son titulares de varios automotores, por lo que reclamó profundizar la investigación sobre el origen de los fondos
con los que compraron esos bienes.
En otro punto del dictamen le sugirió a Oyarbide que ordene oficios con pedidos de información a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Registro de la Propiedad Inmueble y de Aeronaves, sobre los bienes anotados a nombre de los involucrados.
Por otra parte, solicitó que se certifique si Schoklender tiene una causa por estafa y amenazas en Resistencia, Chaco, que fue iniciada tras una denuncia del dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados Emerenciano Sena.
La causa en marcha contra los Schoklender fue a raíz de dos reportes de operaciones sospechosas emitidos por dos entidades bancarias, y que llegó a manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella.
Pero la UIF contaba con el sumario administrativo desde hace bastante tiempo, y llevó la documentación ante la Justicia recién esta semana cuando estalló el escándalo en los medios con
cuestionamientos a Schoklender, quien renunció a la Fundación de las Madres hace pocos días.
Luego de ello, el fiscal y titular de la Unidad especial contra el Lavado de Dinero, Raúl Pleé, formalizó la denuncia.
