Miles de personas salieron a manifestarse en las principales ciudades de Colombia en el primer paro nacional convocado por centrales sindicales y partidos opositores contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La convocatoria reúne reivindicaciones concretas de tipo laboral, educativo, económico, social y territorial, pero también persigue expresar el rechazo general de distintas organizaciones civiles al Gobierno colombiano que tomó posesión hace dos meses y a sus primeras propuestas.
En Bogotá, cuatro marchas iniciaron su camino para terminar en la Plaza de Bolívar sin incidentes y sin acompañamiento policial.
Los manifestantes portaban pancartas con reivindicaciones laborales, banderas de Colombia, Palestina y distintas organizaciones sindicales, además de gritar consignas laborales, reivindicar derechos y lanzar críticas contra Estados Unidos y el Gobierno nacional, muy alineado con Washington.
“Es el momento oportuno para protestar”, dijo el senador del izquierdista Pacto Histórico, Wilson Arias, quien justificó la movilización por los recortes anunciados en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Agencia para la reincorporación de excombatientes (ARN) y la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, especialmente en el Caribe.
En una línea muy similar se expresó un estudiante de Derecho en la Universidad Pedagógica Nacional que prefirió no dar su nombre. “Desde ya es el momento de ponerse en contra y en la defensa de los derechos humanos, la educación gratuita y el valor por la vida”, aseguró tras acusar de “fascismo” al Gobierno de De la Espriella.
La manifestación tiene lugar apenas un día después de que De la Espriella firmara el decreto que pretende restringir la protesta social. El texto fue objeto de controversia en las últimas semanas.
El decreto 1525 de 2026 señala que las autoridades deben buscar el diálogo con los manifestantes, pero esto no es “un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.
El presidente afirmó que la protesta pacífica es una “garantía constitucional”, pero que este derecho “no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia”.
“Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal”, puntualizó el mandatario.
