La semana pasada, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, lanzó un contundente mensaje a los delincuentes más buscados del país, a los que advirtió que si no se someten a la Justicia van a terminar “en una bolsa y muertos”.
De la Espriella hacía referencia a los siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), entre ellos alias Cholo, el segundo cabecilla del grupo paramilitar, que murieron en un operativo de la Fuerza Pública en la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena (norte).
“Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos”, advirtió el presidente en Bogotá.
El discurso desde la Casa de Nariño, el máximo recinto del poder del país, encendió las alarmas sociales debido a su contenido cargado de violencia en medio del clima hostil que atraviesa el país.
Números que hablan: 112 líderes sociales fueron asesinados en lo que va del año
No se trata de un hecho aislado, la escalada de violencia cobró ese mismo lunes la vida de al menos tres militares, quienes murieron por la activación de un campo minado en el departamento del Meta (centro), un ataque que las autoridades achacan a una disidencia de las FARC.
Asimismo, este domingo la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que al menos 112 líderes sociales fueron asesinados entre enero y agosto pasado.
Según ese organismo, de los líderes asesinados, 91 eran hombres y 21 mujeres. Con 21 casos, el departamento con el mayor número de víctimas mortales es el Cauca (suroeste), donde opera el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC; la guerrilla del Ejército Liberación Nacional (ELN) y otros grupos narcotraficantes.
De igual forma, el organismo estatal señaló que entre enero y agosto pasados fueron asesinados 10 excombatientes que firmaron el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016.
En mayo pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que las consecuencias del conflicto armado en Colombia alcanzaron en 2025 el nivel “más grave de la última década”, con un fuerte aumento de desplazamientos, confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos.
Según el balance anual del CICR, el año pasado al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual, 87.069 lo hicieron en movimientos masivos y 176.730 permanecieron confinadas por acciones de grupos armados.
Frente a 2024, todos los indicadores aumentaron de forma significativa: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 %, el confinamiento un 99 %, las víctimas de artefactos explosivos un 34 % y las nuevas desapariciones documentadas por el CICR un 22 %, según el informe.
Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE con edición de Canal 26.
