El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa un plan de liberación anticipada y condicional para presos acusados de colaborar con las pandillas, detenidos durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. La medida podría alcanzar a cerca del 50% de los reclusos señalados por este tipo de vínculos, aunque el mandatario no precisó cuándo se implementaría ni cuáles serían los requisitos para acceder al beneficio.
Nayib Bukele busca liberar de forma anticipada a presos vinculados con las pandillas
Durante una conferencia de prensa en San Salvador, Bukele confirmó que las autoridades analizan una alternativa para que determinados condenados puedan salir de prisión antes de cumplir la totalidad de sus penas, bajo condiciones y mecanismos de supervisión.
“Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada. O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente”, explicó el mandatario. El presidente sostuvo que la iniciativa contempla las circunstancias particulares en las que vivían algunas de las personas detenidas, en un país donde las pandillas ejercían un fuerte control territorial y social.
En ese sentido, diferenció entre quienes formaban parte de las estructuras criminales y quienes colaboraban con ellas para sobrevivir en los lugares dominados por estas organizaciones. “Estas personas vivían bajo ese yugo y no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad”, señaló.
Qué presos podrían acceder a la liberación condicional
Según explicó Bukele, la propuesta estaría dirigida a personas consideradas culpables de colaborar con las pandillas, pero cuyos casos podrían evaluarse teniendo en cuenta el grado de participación y las circunstancias en las que actuaron.
Para ilustrar esa diferencia, el presidente mencionó que no sería equivalente haber ayudado a enterrar un cadáver que haber cumplido tareas de vigilancia para advertir sobre la presencia policial. “Sí son culpables, sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, afirmó.
El mandatario aclaró que la medida no implicaría una absolución ni el reconocimiento de la inocencia de los beneficiarios. Los presos continuarían siendo considerados culpables, pero podrían recuperar la libertad de manera condicional y bajo monitoreo.
Sin embargo, Bukele no detalló cuáles serían los criterios definitivos para seleccionar a los beneficiarios, qué mecanismos de control se aplicarían ni si el plan ya comenzó a ejecutarse o continúa en etapa de evaluación.
El régimen de excepción en El Salvador: más de 93.000 detenidos
El anuncio se produce en el marco del régimen de excepción que rige en El Salvador desde marzo de 2022, cuando el Gobierno puso en marcha una ofensiva contra las pandillas conocidas como maras.
Desde entonces, al menos 93.162 personas fueron detenidas bajo esta política, acusadas de pertenecer a esas estructuras criminales o de colaborar con ellas, según las cifras incluidas en la información oficial.
La estrategia de seguridad permitió al Gobierno de Bukele consolidar su política de combate a las pandillas, aunque también generó cuestionamientos por la suspensión de garantías constitucionales y las denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos.
Las denuncias por abusos y las críticas de organismos internacionales
Organizaciones humanitarias registraron más de 6.400 denuncias de presuntos atropellos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal en el contexto del régimen de excepción. Según las denuncias, muchas de esas muertes presentaban signos de violencia.
Además, organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, advirtieron sobre la gravedad de los abusos denunciados y señalaron que algunas prácticas atribuidas al Estado salvadoreño podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Por el momento, el presidente no anunció una fecha oficial para poner en marcha el plan ni confirmó cuántas personas podrían recuperar la libertad bajo esta modalidad.
