Ecuador: Gobierno investigado por presunto caso de corrupción por financiamiento ilícito en campaña
Se habrían usado, según la denuncia, al menos 5 millones de dólares de empresas públicas para financiar la campaña a favor del "Sí", que impulsaba el presidente Lenín Moreno.
Por Canal26
Martes 16 de Junio de 2020 - 07:58
Lenín Moreno.
En plena crisis por la pandemia de coronavirus, en Ecuador investigan por un escándalo de corrupción salpica al Gobierno del presidente Lenín Moreno.
La denuncia ocurrió en octubre pasado, ante la Fiscalía un presunto peculado en la campaña electoral para la consulta popular y referendo de febrero de 2018.
La campaña del oficialismo por el Sí, para luchar contra la corrupción, fue financiada con dinero de empresas públicas. Es decir, se habría incurrido en un desvío de fondos por unos USD 5 millones.
Además, eso implicaría haber cometido delitos electorales sobre el financiamiento de campaña que debían ser detectados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estos serían dos: haber excedido el presupuesto máximo para campaña y el uso de recursos públicos con fines electorales, que es una infracción muy grave. La última implica multas de entre 20 y 70 salarios básicos y pérdida de derechos políticos de entre 2 a 4 años para los tesoreros de las organizaciones políticas, dependiendo el caso.
Sin perjuicio de que se envíe la información a la Fiscalía en caso de detectarse aportes ilícitos. La denuncia había estado congelada en la Fiscalía hasta este domingo 14 de junio.
Cabe recordar que en Ecuador, está prohibido el uso de fondos públicos para el financiamiento de campañas electorales. Estas acciones pueden ser fondeadas con las aportaciones de los afiliados a los partidos y donaciones voluntarias (cuyo monto tiene un techo); además, hay un fondo que otorga el CNE, pero es manejado por el mismo ente.
La victoria del oficialismo llevó a que que se hicieran varias reformas políticas en el país, como la eliminación de la reelección indefinida; la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que luego hizo cambios de autoridades en casi todos los poderes del Estado, incluyendo el nombramiento de la fiscal general Diana Salazar; entre otras.
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