Por supuestos pagos de sobornos, pidieron en Italia la indagatoria de dueños de Techint
El dueño de la multinacional Techint, Paolo Rocca, se encuentra en la mira de la Justicia italiana luego de que el fiscal Fabio Di Pasquale pidiera que la Justicia argentina ordene las medidas que el Ministerio Público de Milán había solicitado vía exhorto hacía un mes: la citación a declaración indagatoria del dueño de Techint, Paolo Rocca.
El fiscal italiano viajó para exigir que la Justicia argentina cumpla con medidas que ordenó desde Milán hace dos meses.
Di Pasquale exigió también que sean secuestrados correos electrónicos y registros de llamadas de Rocca y los miembros de la cúpula de la compañía, sospechados de haber entregado dádivas a funcionarios brasileños, aunque en el ámbito argentino le habrían advertido que “el sistema argentino no funciona así”, sino que exige una mayor cantidad de pruebas según informó un matutino.
El italiano apunta a Techint en el marco de una investigación que indaga sobre un “vínculo directo” entre la firma, sociedades offshore y cuentas en Suiza con las que se habrían pagado sobornos a miembros de Petrobras.
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Techint vendió en Brasil tubos y caños a Petrobras por más de 1.600 millones de dólares, pero la investigación analiza si para lograr esos contratos se pagaron coimas por 9,4 millones de dólares entre 2009 y 2013.
La multinacional cuenta con dos causas abiertas en la Justicia federal por el presunto pago de sobornos, ambas denunciadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e investigadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Porcelac).
En cuanto a los aportes italianos, suman testimonios de varios arrepentidos en Brasil. Se trata de Joao Antonio Bernardi Filho, quien dijo ser intermediario de los pagos, y Nicolau Marcelo Bernardo, que entregó documentos sobre las presuntas coimas, que habrían llegado hasta el ex jefe de Gabinete del entonces presidente Lula Da Silva, José Dirceu.
En total, en tierras brasileñas, Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras que funcionaban como una asociación para repartirse las obras millonarias.
