El Gobierno de Javier Milei planea enviar al Congreso antes de fin de año una reforma integral del Código Penal, con aumentos de penas para robos, narcotráfico y delitos contra menores. El borrador también contempla cambios en la legítima defensa y nuevas reglas de prescripción, mientras la Casa Rosada busca cerrar las diferencias internas antes de avanzar con la iniciativa.
La reforma del Código Penal se convirtió en uno de los principales proyectos del Ejecutivo en materia de seguridad y forma parte de la agenda que el oficialismo pretende impulsar rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. Según la estrategia que se discute en Balcarce 50, el texto se presentará como una iniciativa conjunta, sin separar sus principales capítulos en varios proyectos de ley.
El Gobierno busca cerrar las diferencias sobre la reforma del Código Penal
Las negociaciones continúan entre el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, y los equipos técnicos que revisan el articulado. Durante los últimos meses circularon distintas versiones del proyecto, con diferencias sobre la extensión y el alcance de los cambios propuestos.
La primera versión superaba los 900 artículos y planteaba una modificación amplia del Código Penal. Sin embargo, una de las alternativas que analiza el Gobierno consiste en reducir aproximadamente a la mitad la reforma original para alcanzar un texto intermedio.
En ese contexto, la iniciativa presentada por la diputada Virginia Gallardo sobre penas y prescripción de delitos no modifica la hoja de ruta oficial. La Casa Rosada sostiene que ese proyecto no reemplazará ni fragmentará la reforma general que prepara el Ejecutivo.
Aumentos de penas para robos, narcotráfico y delitos contra menores
Entre los principales cambios que contempla el borrador figura el endurecimiento de las penas para distintas modalidades de robo y hurto. La propuesta incluye delitos cometidos con vehículos, entraderas y salideras, y establece agravantes cuando se utilizan automóviles para facilitar el delito o escapar, con penas que podrían alcanzar los 15 años.
El texto también incorpora un delito específico para determinadas actividades de cuidacoches sin autorización, con sanciones más severas cuando existan amenazas, violencia, armas o participación de organizaciones. Además, contempla como agravante el uso de sustancias para anular la voluntad de las víctimas.
Otro de los ejes apunta a los delitos contra menores, con modificaciones para las figuras vinculadas con la captación de niños y adolescentes por medios digitales, el material de abuso sexual infantil, la venta de niños y el impedimento de contacto.
En materia de narcotráfico, el proyecto propone endurecer el régimen penal y concentrar dentro del Código Penal determinadas figuras que actualmente se encuentran reguladas por leyes especiales.
Qué cambios propone el Gobierno para la legítima defensa
La reforma también contempla modificaciones en las reglas de legítima defensa. El borrador establece una presunción favorable para quien se defiende cuando existan dudas sobre la necesidad racional del medio empleado y amplía la protección en situaciones ocurridas dentro de una vivienda.
Asimismo, incorpora un tratamiento específico para agentes de seguridad que utilicen la fuerza frente a un peligro grave e inminente.
En cuanto a la prescripción, la propuesta establece que los delitos castigados con prisión perpetua sean imprescriptibles y eleva de 12 a 15 años el plazo máximo para otros delitos, además de sumar nuevas causales de suspensión e interrupción.
El documento incluye, por otra parte, sanciones por el ingreso de celulares a las cárceles y la tenencia de armas, junto con nuevas figuras vinculadas con el ingreso irregular al país, las estafas piramidales, la suplantación de identidad y otras modalidades de fraude.
La seguridad, uno de los ejes de la campaña presidencial de 2027
En la Casa Rosada consideran que el endurecimiento de la respuesta penal será uno de los temas centrales de la agenda electoral, junto con la evolución de la economía. El oficialismo también busca vincular la reforma con las políticas de seguridad implementadas durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del área.
El próximo paso será acordar la versión definitiva entre el Ministerio de Justicia y los equipos técnicos. La intención del Gobierno es enviar la reforma del Código Penal al Congreso antes de diciembre, mantener una iniciativa amplia y convertir su debate parlamentario en una de las principales apuestas políticas del oficialismo de cara a 2027.
