La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó la decisión de la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso particular y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. Para la funcionaria, la resolución afecta a la Justicia y a las víctimas.
“Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”, afirmó Monteoliva durante una entrevista en Infobae en Vivo. La ministra manifestó su rechazo a la decisión judicial y defendió el nuevo régimen penal juvenil, que entró en vigencia a comienzos de septiembre.
“Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador”, sostuvo Monteoliva durante su participación en Infobae a las Nueve.
La funcionaria también destacó el trabajo de otros integrantes del Poder Judicial y planteó que la resolución de De Marinis contradice el camino que, según su interpretación, se viene impulsando desde el Gobierno. “Tenemos jueces y fiscales tan valientes, tan valiosos. Trabajamos y avanzamos tanto, que realmente creo que este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, le hace daño a las víctimas, y atentan contra lo que venimos sosteniendo y defendiendo”, expresó.
Además, Monteoliva recordó que la nueva Ley Penal Juvenil fue consensuada con distintos sectores políticos como respuesta a una cuestión que, según señaló, constituía una deuda histórica.
Qué había decidido la jueza Laura De Marinis
La reacción de Monteoliva se produjo después de la resolución firmada por Laura De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa particular y, como consecuencia, sobreseyó a un adolescente de 14 años identificado por sus iniciales como M.I.A., acusado de tentativa de robo.
El expediente se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que cinco jóvenes habían intentado robarle. La Fiscalía calificó provisoriamente el episodio como robo simple en grado de tentativa.
La decisión de De Marinis no suspendió la vigencia general de la norma. La declaración de inconstitucionalidad quedó circunscripta al caso que tuvo bajo análisis, a diferencia de la medida adoptada previamente en la provincia de Buenos Aires.
Los argumentos de la jueza
En su resolución, De Marinis sostuvo que la aplicación del nuevo régimen al adolescente implicaba una regresión en materia de derechos de niños y adolescentes y vinculó su decisión con las obligaciones asumidas por la Argentina a través de tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La magistrada también citó las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en 2018 y 2024 había recomendado a la Argentina mantener en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.
Otro de los elementos considerados fue la situación particular del adolescente. Según el informe socioambiental incorporado a la causa, el chico atravesaba un contexto de vulnerabilidad familiar y dificultades vinculadas con su escolaridad. Frente a esa situación, la jueza ordenó dar intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para establecer un plan de acompañamiento.
De Marinis también sostuvo que la incorporación al sistema penal debería constituir “el último recurso” y planteó que, en determinadas trayectorias de vulnerabilidad, las respuestas estatales deberían contemplar mecanismos de protección social.
La reacción política tras la resolución
El fallo generó distintas reacciones dentro del ámbito político. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó públicamente la decisión y anunció que pediría un juicio político contra la magistrada. Patricia Bullrich, por su parte, también criticó el fallo.
Mientras tanto, la discusión quedó planteada sobre la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, sus alcances y la posibilidad de que la Justicia revise su constitucionalidad en casos concretos. La resolución de De Marinis, por el momento, no dejó sin efecto el régimen de manera general: su alcance se limitó al expediente en el que intervino la jueza.
