Constitucional taiwanés convoca audiencia para abordar la legalidad de la pena de muerte

Taipéi, 26 ene (EFE).- El Tribunal Constitucional de Taiwán convocó una audiencia para abordar la legalidad de la pena de muerte, un tipo de condena que todavía se aplica en la isla, sobre todo para casos de asesinato.

En un comunicado, el alto tribunal anunció la convocatoria de una audiencia oral para el próximo 23 de abril, después de aceptar la petición de Wang Xin-fu -el taiwanés de mayor edad en el corredor de la muerte, con 72 años- y de otros 36 presos.

Según medios locales, los 37 reos argumentaron que la pena capital infringe principios constitucionales como el derecho a la vida, la dignidad humana y el principio de proporcionalidad, por lo que debe ser declarada inconstitucional.

En este sentido, el Tribunal Constitucional organizará un debate oral en torno a dos cuestiones principales: la constitucionalidad o no de la pena de muerte y, en caso de que sí lo sea, las restricciones que deben implementarse para su aplicación.

Una vez concluya la audiencia, el veredicto se conocerá en un plazo de tres meses, que puede extenderse otros dos más si es necesario.

En Taiwán, la pena de muerte es aplicable para una amplia variedad de delitos, como asesinato, robo violento, violación, secuestro, tráfico de estupefacientes o piratería aérea.

Con todo, esta condena solo se estaba aplicando para algunos casos de asesinato, y de forma muy limitada: durante los últimos ocho años de gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP), tan solo dos personas fueron ejecutadas en Taiwán, cifra que contrasta con las más de 250 muertes registradas en la década de los 90.

De hecho, la preservación de la pena capital fue uno de los principales temas de campaña de las últimas elecciones presidenciales y legislativas, en las que el principal partido de la oposición, el Kuomintang (KMT), criticó al Gobierno por no querer tramitar las penas pendientes de ejecución.

En un comunicado del pasado 5 de enero, el Ministerio de Justicia negó estas acusaciones, explicando que los 37 prisioneros condenados a muerte en la isla tenían sus penas suspendidas por haber presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, que finalmente ha aceptado esta petición. EFE

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