El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) impulsa la destitución del juez Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, luego de la absolución de siete acusados por el conflicto sindical ocurrido en la distribuidora Rey Distribución, de San Pedro.
Entre los beneficiados por la sentencia se encuentra Maximiliano Cabaleyro, dirigente del Sindicato de Camioneros. La organización empresaria cuestiona los fundamentos jurídicos de la decisión y busca que se evalúe la actuación del magistrado.
Unas 30 empresas impulsan un jury contra el juez Alejandro López
La iniciativa es encabezada por Verónica Razzini, fundadora del MEAB y diputada nacional de La Libertad Avanza. Según explicó la legisladora, unas 30 empresas de diferentes provincias se sumaron al reclamo, mientras la organización continúa reuniendo adhesiones y acompañando a los propietarios de la distribuidora.
La dirigente cuestionó la interpretación judicial del conflicto y sostuvo, en declaraciones a Clarín, que considera de “extrema gravedad” que el magistrado haya avalado conductas que, desde su perspectiva, constituyen delitos.
El reclamo también cuenta con cuestionamientos jurídicos formulados por Pablo Salvatori, asesor legal del MEAB. El abogado considera que el fallo confunde dos conceptos del derecho penal: la tipicidad, que determina si una conducta encuadra en una figura delictiva, y la antijuridicidad, que analiza si esa conducta resulta contraria al ordenamiento jurídico.
En particular, Salvatori objetó la aplicación del artículo 34, inciso 4, del Código Penal, relacionado con el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho. Según su interpretación, los hechos investigados no podían quedar justificados por el carácter sindical de la protesta.
El fallo que absolvió a los dirigentes de Camioneros y provocó el reclamo empresario
El conflicto judicial se originó en febrero de 2021, cuando se denunciaron presuntos bloqueos, amenazas y extorsiones contra la distribuidora Rey Distribución, ubicada en San Pedro.
El proceso terminó con la absolución de Cabaleyro y otros seis acusados, pese a que la fiscalía había solicitado una condena de diez años de prisión para el dirigente sindical.
La resolución provocó cuestionamientos de distintas entidades empresariales. La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) expresaron su preocupación por las posibles consecuencias del fallo sobre la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y las inversiones.
En paralelo, el MEAB sostiene que la sentencia podría afectar los cambios impulsados en materia laboral y las restricciones a los bloqueos sindicales. El pedido de enjuiciamiento busca que se examine si la actuación de López constituye una causal de mal desempeño que justifique su remoción.
