La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por la violación de la independencia judicial en el marco de un juicio político que derivó en la destitución de Eduardo José Antonio Moliné O’Connor como juez de la Corte Suprema en el 2003, bajo la justificación de “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones.
La formulación de la acusación contra el señor Moliné O’Connor por parte de la Cámara de Diputados y la consecuente decisión del Senado de removerlo del cargo de juez de la Corte Suprema, luego de la revisión y el cuestionamiento de los criterios sostenidos en decisiones judiciales, configuraron “en su conjunto un serio menoscabo a la independencia judicial”, indicó la Corte IDH en la sentencia.
El tribunal internacional determinó que las autoridades argentinas “negaron la autonomía que es imprescindible reconocer a las autoridades jurisdiccionales para el adecuado ejercicio de las funciones que les son propias”.
“La Corte reitera que la garantía de la independencia judicial conlleva la prohibición de que un juicio político y la eventual destitución de un juez o una jueza se fundamente en el contenido de las decisiones que ha dictado”, señala la sentencia.
El fallo también determinó que hubo distintas decisiones emitidas durante el trámite del juicio político que “carecieron de la motivación necesaria” y que “la revocación de la pensión vitalicia dispuesta en razón de la destitución arbitraria de la que fue objeto el señor Moliné O’Connor conculcó sus derechos”.
Además, “el proceso judicial que la víctima instó para cuestionar tal decisión se prolongó injustificadamente por más de una década”, señala la sentencia.
La Corte IDH declaró que la Argentina violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, los derechos políticos, los derechos a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, y que afectó el proyecto de vida de la víctima.
En el fallo, la Corte ordenó al Estado regularizar el régimen de la pensión que le correspondía a Moliné, quien falleció en 2014; y pagar indemnizaciones a la familia del juez por conceptos de daños materiales e inmateriales.
El tribunal también dispuso que “corresponde a las autoridades internas del Estado interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución argentina conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El artículo 53 de la Constitución argentina dispone que los miembros de la Corte Suprema pueden ser responsabilizados “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones”, sin embargo, la CIDH explicó que es necesario que el ordenamiento jurídico interno detalle las posible las causas que autorizan la destitución.
