La Justicia de Río Negro condenó a una vecina de Dina Huapi por realizar publicaciones ofensivas contra los propietarios de una pollería en un grupo de Facebook con alrededor de 12.000 integrantes. El fallo consideró que la mujer excedió su derecho a reclamar por una situación que consideraba problemática y terminó afectando el honor y la reputación de los comerciantes mediante acusaciones y descalificaciones difundidas públicamente.
La sentencia fue dictada por el juez de Bariloche, Mariano Castro, quien ordenó el pago de una indemnización de $500.000, más intereses acumulados desde la fecha de las publicaciones. Además, la demandada deberá afrontar los costos del proceso judicial, que rondan los dos millones de pesos entre honorarios profesionales y pericias, y publicar el texto completo de la resolución en el mismo grupo de Facebook donde realizó los cuestionamientos.
Publicó acusaciones en Facebook contra una pollería y terminó condenada por la Justicia
El origen de la disputa se remonta a 2021, cuando la mujer publicó mensajes en el grupo “Soy de Dina Huapi”, donde aseguró que desde la pollería alimentaban chimangos y gatos con restos de pollo. También calificó a los propietarios como personas “sucias” y “desagradables”, y puso en duda las condiciones de higiene con las que elaboraban los alimentos que comercializaban.
Según expuso en sus publicaciones, las aves arrojaban residuos sobre su propiedad, lo que generaba molestias y atraía roedores. Incluso llamó a otros vecinos a tomar medidas y alertó sobre los supuestos riesgos derivados de la actividad del comercio.
Los dueños del local sostuvieron que las expresiones eran falsas y que perjudicaban directamente su imagen personal y comercial. Frente a esa situación, certificaron el contenido de las publicaciones mediante una actuación notarial e iniciaron una demanda por daños y perjuicios.
Las denuncias municipales fueron archivadas y no encontraron irregularidades en el comercio
Durante el proceso judicial, la mujer argumentó que nunca tuvo la intención de difamar a los comerciantes y aseguró que su único objetivo era lograr que dejaran de alimentar animales en las inmediaciones del negocio. También señaló que había realizado denuncias ante organismos municipales y que el problema terminó resolviéndose a través de una instancia de mediación.
Una pericia informática confirmó que efectivamente había remitido reclamos y correos electrónicos a las autoridades locales. Sin embargo, el juez destacó que la Municipalidad de Dina Huapi informó que esas denuncias fueron archivadas sin detectar infracciones ni aplicar sanciones a los propietarios de la pollería.
Además, en el expediente no surgieron pruebas que acreditaran irregularidades vinculadas con la higiene del comercio, la manipulación de residuos o la elaboración de alimentos.
Cuál fue el límite que marcó el juez entre reclamar un problema y difamar públicamente
En su resolución, Castro remarcó que existe una diferencia entre presentar reclamos ante los organismos competentes y exponer públicamente a personas mediante acusaciones que no pudieron ser corroboradas.
Para el magistrado, la demandada tenía derecho a plantear sus quejas e incluso a realizar denuncias administrativas, pero eso no la habilitaba a cuestionar públicamente la integridad de los comerciantes ni a calificarlos de manera ofensiva frente a miles de personas.
El juez entendió que las publicaciones provocaron una afectación a la dignidad y al honor de los propietarios, especialmente porque su actividad económica depende de la confianza del público en la calidad e higiene de los productos que venden.
Redes sociales bajo la lupa: el fallo que advierte sobre los riesgos de difundir acusaciones sin pruebas
La sentencia también incluyó una reflexión sobre el impacto de las redes sociales en la difusión de agravios. Castro advirtió que muchas personas parecen considerar que las expresiones vertidas en internet tienen consecuencias menores que las realizadas en otros ámbitos, cuando en realidad pueden causar daños significativos debido a su alcance y permanencia.
En ese sentido, sostuvo que el crecimiento de las redes incrementó los conflictos vinculados con la intimidad, el honor y la reputación de las personas. Por eso encuadró el caso dentro de la protección que el Código Civil y Comercial establece frente a intromisiones en la vida privada y situaciones que generan mortificación o afectación de los sentimientos.
Como parte de la condena, la mujer deberá publicar el fallo completo en el grupo de Facebook donde realizó las acusaciones y acreditar el cumplimiento de esa medida ante la Justicia en un plazo de diez días desde su notificación. De lo contrario, podrá recibir nuevas sanciones.
