Brasil: Supremo Tribunal ordenó convocar a Bolsonaro para declarar por la toma de la sede de los poderes

Jair Bolsonaro. Foto: NA.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, máxima instancia judicial, dispuso que la Policía convoque en no más de 10 días al expresidente Jair Bolsonaro. Es para declare sobre el ataque a las instituciones del 8 de enero por parte de miles de seguidores del exmandatario.

"Determino que la Policía Federal proceda a la audiencia de Jair Bolsonaro, en el plazo máximo de 10 días", resolvió el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación por la ocupación de las sedes de los tres poderes el segundo domingo del año.

En esa jornada, miles de bolsonaristas que rechazaban el triunfo y la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva -que había jurado una semana antes- ocuparon y generaron destrozos en el Palacio presidencial, el Congreso y el Tribunal Superior en Brasilia.

Intento de golpe de Estado en Brasil. Foto: Reuters.

La solicitud de audiencia de Bolsonaro había sido hecha por la Procuraduría General de la República (PGR), reseñó el sitio de Globo.

Te puede interesar:

Se agravó la salud de Jair Bolsonaro: sufrió una "elevación de la presión arterial y empeoramiento de los exámenes hepáticos"

Qué pasó tras el ataque

Ese pedido fue realizado cuando Bolsonaro todavía estaba en los Estados Unidos, a donde viajó antes de terminar su mandato para evitar traspasar el mando a Lula. Con su regreso al país, De Moraes ordenó programar la audiencia.

El 10 de enero, dos días después de los ataques, la Procuraduría hizo el pedido a partir de un video subido a las redes sociales en el que Bolsonaro volvía a cuestionar el resultado de las elecciones.

Incidentes registrados a comienzo de año. Foto: Reuters.

La Fiscalía sumó la semana pasada nuevas imputaciones sobre la jornada: "Ya son 1.390 los denunciados, siendo 239 en el núcleo de los ejecutores, 1.150 como incitadores y una persona en la vía que investiga la supuesta omisión de agentes públicos", señaló la dependencia.

Las penas máximas podrían llegar a los 30 años para los acusados de delitos graves, como golpe de Estado e intento violento de abolición del Estado Democrático de Derecho, mientras que las más leves (por incitar a los militares contra los poderes constitucionales) podrían alcanzar los cuatro años.