Los travestis pidieron que no violen sus derechos y llamaron a "resistir"

Los travestis que pugnan por seguir trabajando en el Rosedal de Palermo le presentaron este lunes una carta al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, en donde le reclaman libertades para continuar ejerciendo su profesión.

En lo que fue una manifestación pacífica y repleta de carteles en el Palacio Municipal, en pleno centro porteño, la titular de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), Marcela Romero, expresó que “no van a violar nuestros derechos” y llamó a “seguir resistiendo”.


“Queremos trabajar juntos para terminar con la discriminación. Telerman, usted debe decidir de qué lado está. Mientras tanto, vamos a defender la fuente laboral hasta que se nos ofrezca una vida digna”, dijo.

Romero indicó que en el Parque Tres de Febrero los travestis se desempeñan dentro de la ley porque “trabajamos de 21 a 7, tal como lo habíamos pactado”.

“Ya se nos expulsó de (la calle, también en Palermo) Godoy Cruz. Si nos siguen corriendo, vamos a seguir trabajando en la Isla Martín García”, manifestó irónicamente.

Romero pidió mejores condiciones laborales al indicar que el Rosedal “se ha convertido en una zona liberada y no es una zona roja del primer mundo. Las salidas son generar políticas de inclusión. Hay que generar medidas para que la Policía no siga abusándose de nuestros derechos”.

En tanto, se conoció en las últimas horas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocará a travestis, prostitutas y organizaciones vecinales que defienden los bosques de Palermo con el fin de ordenar la oferta de sexo en el Rosedal, luego de que se haya prohibido la prostitución allí.

La polémica surge porque Javier García Elorrio, subsecretario de Areas Protegidas, impulsó la prohibición para que los travestis trabajaran en el lugar.

La discusión alcanza también el aspecto legal, ya que la resolución tomada por el funcionario no respetaría lo que dice el Código Contravencional de la Ciudad, que permite la oferta de sexo a 200 metros como mínimo de viviendas, escuelas y templos.