España suspende en la evaluación sobre reglas de altos cargos y Fuerzas de Seguridad

París, 30 may (EFE).- El órgano anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha suspendido a España en su evaluación sobre las reglas que regulan la acción de los altos cargos del Gobierno y las fuerzas de seguridad, según el informe anual del organismo.

El presidente del GRECO, Marin Mrcela, explicó a EFE que las autoridades españolas no han autorizado que esas reglas que se adoptaron el 1 de diciembre pasado se hagan públicas, por lo que no puede comentar su contenido.

Según Mrcela, ese suspenso en el informe anual del GRECO se debe a que menos de dos tercios de las recomendaciones se han aplicado o tratado de manera satisfactoria.

En realidad España ha puesto en práctica sólo parcialmente cuatro de las diez recomendaciones que le ha hecho el Grupo de Estados contra la Corrupción para los altos cargos y tres de las nueve para las fuerzas del orden.

En el conjunto de los 21 países del Consejo de Europa evaluados hasta finales de 2023, se han cumplido totalmente el 13 % y un 31,6 % parcialmente las recomendaciones sobre los altos cargos del Gobierno; y un 24,3 % totalmente y un 38,9 % parcialmente de las referidas a las fuerzas del orden.

Aunque España no está obligada a divulgar en un plazo determinado ese contenido con el detalle de los incumplimientos, sí que tendrá que informar internamente de los progresos realizados antes del 31 de diciembre a este organismo de referencia en la lucha contra la corrupción con 48 países miembros.

En total, al final de 2023 había 12 países, de un total de 21 evaluados, que como España han aplicado menos de dos tercios de las recomendaciones que se les han hecho para combatir la corrupción de altos cargos y de las fuerzas del orden.

Los otros son Dinamarca, Finlandia, Islandia, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido.

Los autores del informe anual del GRECO señalan que durante 2023 han pedido a varios países (sin señalar cuáles) que adopten nuevos códigos de conducta para los altos cargos o que revisen los existentes para dar "orientaciones claras sobre los conflictos de intereses".

También que los marcos regulatorios sobre la integridad deben aplicarse no sólo a los altos cargos de la Administración, sino también a los ministros, a sus consejeros y a otros cargos políticos que forman parte de los gabinetes de los jefes de Estado.

Han recomendado a muchos países que precisen qué actividades secundarias pueden ejercer los altos cargos y que reglamenten su notificación o la demanda de autorización.

Sobre la movilidad entre los cargos públicos y el sector privado, lo que se conoce como las 'puertas giratorias', o en el sentido inverso, la recomendación general es elaborar orientaciones generales y establecer un plazo de latencia, que propone que sea de dos años, para limitar los conflictos de intereses.

El GRECO ha constatado que hay "puntos débiles" en las reglas sobre las declaraciones de los cargos de responsabilidad, y ha sugerido que se amplíe la exigencia de esas declaraciones de interés a las parejas y a las personas a cargo, aunque esas informaciones no tengan necesariamente que hacerse públicas. EFE

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