Adiós seguros: los micros de larga distancia ya no cubren los riesgos de muerte e incapacidad

Transporte, micros de larga distancia, boleto. Foto: X

A través del Ministerio de Economía, el Gobierno eliminó la resolución que establecía la ampliación de seguros de responsabilidad civil, por parte de las empresas de colectivos de larga distancia, que ya no cubrir los riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros.

Mediante la Resolución 775/2024, publicada en el Boletín Oficial, comienza a aplicar el principio de desregulación establecido por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que lanzó Javier Milei en diciembre. Ahora, las empresas solo deberán brindar los seguros básicos. 

La normativa derogó la Resolución 684, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, que establecía que el seguro de responsabilidad civil tenía que cubrir los riesgos de muerte e incapacidad de pasajeros por accidentes en servicios de larga distancia.

  Transporte, micros de larga distancia, boleto. Foto: X 

Además de eliminar los seguros, quedó sin efecto la medida que obligaba a las empresas de transporte a informar el costo del seguro en los boletos. La iniciativa se había dispuesto “a los efectos de dejar constancia del alcance de la cobertura otorgada a los pasajeros”.

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¿Qué pasa con el precio de los boletos? 

La cartera que conduce Luis Caputo precisó que la medida llega tras considerar la opinión de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros sobre la compatibilidad de las disposiciones del decreto de Milei. 

Ahora, las compañías del sector solo deberán brindar a los pasajeros los seguros básicos que tengan contratados, por lo que se espera que la quita de la cobertura se refleje en un menor costo en las tarifas. 

Transporte, micros de larga distancia, boleto. Foto: X

A través del texto oficial, el Gobierno explicó que para cumplir con el DNU "se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”