Indemnizarán con $ 150 mil a la madre de un joven víctima de una masacre policial

La provincia de Río Negro deberá indemnizar por orden de la justicia con más de 150 mil pesos a la madre de un joven que fue fusilado por policías en 1992, en una aparente venganza por el crimen de un efectivo, que se conoció como la "Masacre de Nochebuena" durante la cual también murieron baleados otros tres sospechosos.

La víctima fue Florentino Abelardo Jaramillo Oyarzún, de 28 años, quien al entrar a una vivienda del barrio Lera fue reducido, reconocido por una mujer que estaba escondida junto a los policías, y asesinado de tres balazos en el pecho.

Frente a la casa también fueron matados a tiros otros tres sospechosos, pero las demandas civiles de sus familiares aún no fueron atendidas por la justicia.

El juez civil Emilio Riat resolvió el beneficio económico de 153.950 pesos como resarcimiento por "daño moral" para Nelly Oyarzún Rainqueo, y en cambio negó la indemnización por "lucro cesante", que también había reclamado.

En su sentencia el juez describió sucintamente el hecho, cuya causa penal aún está en trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La denominada "Masacre de Nochebuena" sucedió a las 23 del 24 de diciembre de 1999 en un barrio de los suburbios de Bariloche, cuando ocho policías emboscaron a cuatro sospechosos de haber asesinado poco antes a otro uniformado en un asalto. El jefe del procedimiento, el oficial Jorge Saúl Bovadilla, se escondió con otros dos policías en una vivienda del barrio Lera, junto a una mujer que vivía en el lugar e identificaría a los sospechosos.

Otros policías aguardaban en la calle, en un auto del organismo, y también había un grupo agazapado en un terreno lindero. Jaramillo llegó a la vivienda en un Renault 18, junto a José Pedro Figueroa, Daniel Omar Palma y José Oyarzo Navarro. Mientras sus amigos esperaban en el coche, Jaramillo entró a la vivienda, donde fue reducido por los policías, y expuesto a la mujer, que lo reconoció como el sospechoso que era buscado por el homicidio del sargento Guillermo Osés, ocurrido días antes.

Los policías dispararon a Jaramillo, mientras afuera de la casa el auto policial se acercaba al Renault 18 y los policías balearon en "ráfagas" a los sospechosos, hiriéndolos mortalmente, y remataron en el piso a uno de ellos de un tiro en la cabeza. A diferencia de los casos de Figueroa, Palma y Navarro, Riat resolvió procesar la demanda de la madre de Jaramillo luego de exceptuar su causa del precepto de "prejudicialidad", que exige sentencia en causa penal previa.

Al referirse a la causa juzgada, el juez consideró que quedó debidamente probado el "obrar irregular de la policía", en un procedimiento en el que no hubo voz de alto, y en el que fue fusilado Jaramillo estando reducido, sin posibilidad de defensa ni fuga.

El magistrado consideró que el procedimiento fue "irregular en todos sus aspectos" y precisó que no fue comunicado a la jueza de turno, mientras informaban datos de menor importancia del mismo tema. También destacó que luego de la muerte de los cuatro sospechosos, los policías "aludieron falsamente a un quinto sospechoso prófugo para aislar a los vecinos en sus viviendas y recomponer probablemente el escenario".

En ese sentido, Riat consideró que "procuraron mantener el procedimiento fuera del control judicial y que después de los sucesos intentaron borrar algunas huellas y distorsionar otras". Agregó que "tardaron media hora en avisar a la jueza y procuraron acallar o condicionar a los testigos, lo que corrobora la irregularidad del procedimiento".

"Evidencia del exceso, por ejemplo, es el disparo en la cabeza de uno de los sospechosos cuando ya estaba en el suelo, sin que su cabeza se moviera mientras corría la sangre, muestra el desproporcionado accionar policial", afirmó. El juez señaló en ese sentido que "la hipótesis más benévola" para los policías "es que fueron ineptos en el operativo encarado".

El magistrado aceptó el deber de indemnizar a la madre de Jaramillo por "daño moral", mesurando la compensación en 153.950 pesos: 50.000 pesos en concepto de capital y 103.950 por intereses moratorios. En cambio rechazó la demanda de "lucro cesante", por falta de verosimilitud en los argumentos de la presentación.

Al respecto, señaló que Jaramillo era albañil, pero en la causa no se acreditó el "ejercicio constante de esa actividad lucrativa ni una renta lo suficientemente elevada para presumir con certeza que ayudaba o ayudaría en el futuro a su mamá".

"Al contrario, los antecedentes policiales y judiciales de la víctima directa no son característicos de un hombre trabajador y ocupado en el sustento de su madre", expresó el juez. Por otra parte, el abogado Rubén Marigo, quien patrocina a los familiares de las otras tres víctimas del procedimiento, señaló a Télam que sus causas civiles no podrán prosperar hasta tanto se emita sentencia en la causa penal.

Ese proceso sufrió innumerables percances, durante los cuales hubo numerosas acusaciones de irregularidades, tanto para algunos peritajes encargados por la justicia a la policía, como en los mismos trámites procesales.

El primer juicio fue anulado en el marco de una polémica por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, y la instrucción penal subsiguiente sufrió una paralización de cuatro años, lo que derivó en el pedido de juicio político para el juez Jorge Pafundi.

En ese segundo proceso, iniciado en 2001, los policías acusados pasaron de ser ocho a cinco, y la carátula de "homicidio simple" fue transformada en "homicidio en agresión", a favor de los planteos de la policía. Finalmente, luego de varios trámites del STJ, el abogado de la policía Oscar Pandolfi presentó un recurso de prescripción del caso, que espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia. (Télam).-