Un hallazgo histórico clave para la soberanía argentina: en 1813 un inglés solicitó permiso para anclar en las Islas Malvinas
En el material revelado, un capitán inglés pide permiso a Buenos Aires para cazar en el archipiélago, reconociendo la soberanía de las entonces Provincias Unidas.
El reclamo argentino por la soberanía de lasIslas Malvinas es conocido, un conflicto que nos llevó a una guerra en 1982 y aún continúa más vivo que nunca. Al momento en que Reino Unido intenta justificar sus acciones ilegales, lo hace mencionando una supuesta soberanía previa que la misma historia ha demostrado que es falsa. Una carta fechada en 1813 expone una de las mentiras en el relato inglés.
La carta que demuestra la soberanía argentina
El 30 de enero de 1813, el capitán Henry Jones, al mando del bergantín inglés El Rastrero, elevó ante las autoridades de Buenos Aires una solicitud formal para obtener autorización con el fin de realizar caza de lobos marinos en las costas del archipiélago de Malvinas.
El pedido —registrado en documentación oficial de la época— constituye una evidencia temprana y contundente del reconocimiento, por parte de embarcaciones extranjeras, de la autoridad que ejercían las Provincias Unidas del Río de la Plata sobre las islas. Apenas habían transcurrido tres años desde la Revolución de Mayo y el nuevo gobierno patrio ya administraba y regulaba actividades económicas en territorios marítimos bajo su jurisdicción.
La solicitud fue dirigida al Director de la Aduana, Enrique Torres, quien se encargaba de supervisar y otorgar permisos para explotaciones en zonas estratégicas del Atlántico Sur. Este tipo de trámites, habituales en la dinámica administrativa del período, reflejan cómo el Estado naciente comenzaba a consolidar mecanismos formales de control político, fiscal y económico sobre espacios considerados propios.
Este episodio es una de las primeras pruebas documentadas del ejercicio efectivo de soberanía argentina en las Islas Malvinas durante los años iniciales del proceso independentista. En un contexto en el que la caza de lobos marinos representaba una actividad sumamente rentable, el requisito de solicitar permisos reforzaba la noción de un territorio administrado y regulado por Buenos Aires.
Así, el caso del capitán Jones no solo aporta un dato histórico preciso, sino que también se suma al conjunto de evidencias que demuestran la proyección temprana y activa de las Provincias Unidas sobre las Malvinas, mucho antes de la ocupación británica de 1833.
Malvinas, una eterna disputa
El archipiélago fue descubierto por los españoles a comienzos del siglo XVI. Los británicos siempre posaron sus ojos sobre ellas por tener una ubicación estratégica y varios recursos naturales; para 1765, instalaron ilícitamente un asentamiento que violaba varios tratados internacionales vigentes en ese momento. Cuando España supo de esto, los expulsaron en 1770 y 1774.
El 30 de junio de 1777, José de Gálvez, Ministro de Indias del Reino de España, envió una Real Orden al Virrey del Río de la Plata, Don Pedro de Cevallos, para “quemar los edificios de toda clase que se hallaren concluidos o empezados, practicando lo mismo con los materiales que se encontrasen acopiados por el propio intento”.
El pedido se cumplió el 17 de marzo de 1780 por una expedición bajo el mando de Juan Pascual Callexas, que destruyó el puerto y el fuerte que los británicos habían construido en Puerto de la Cruzada (Egmont) en la Isla Trinidad, un pequeño islote de la Gran Malvina.
Este acto no solo demostraba que España mantenía un control de la totalidad del archipiélago, sino también que fue enviada y ejecutada a quien le correspondía la Gobernación de Malvinas. En este caso, al virrey del Río de la Plata. Otro dato clave que se desprende es que la falta de reacción británica se toma como una clara señal de que sabían que nada debían hacer allí.
De esta forma, Gran Bretaña abandonó Puerto Egmont en 1774 y por 55 años no hubo presencia oficial británica en las islas. Tampoco hubo queja alguna de los ingleses sobre los varios actos de soberanía ejercidos por el naciente gobierno argentino entre 1810 y 1829.
