El presidente ecuatoriano elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con la que pasó a catalogar a las bandas criminales como "grupos terroristas".
Por Canal26
Miércoles 22 de Mayo de 2024 - 13:21
La declaración del "conflicto armado interno" en Ecuador fue acompañada de un estado de excepción mediante el que Noboa militarizó las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia del país, al estar muchas de ellas controladas por las bandas criminales. También permitió que las Fuerzas Armadas patrullen y participen junto a la Policía en operaciones contra la delincuencia organizada en las calles.
El estado de excepción estuvo vigente desde el 8 de enero hasta el 7 de abril, y se saldó con veinte supuestos delincuentes abatidos e identificados por las autoridades como "terroristas", así como más de 18.400 detenciones.
Ante este panorama, la organización Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para advertir que su decisión de elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno" carece de sustento y contribuyó a "serias violaciones de derechos humanos" por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
"Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos", señaló la organización internacional defensora de derechos humanos que asegura que la decisión carece de sustento legal y "podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos".
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En un caso documentado por Human Rights Watch, los soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco, a quienes las Fuerzas Armadas acusaron de haber supuestamente intentado “evadir el control, embistiendo a personal militar” y los calificó de “terroristas”.
Las entrevistas de la Organización No Gubernamental con testigos, familiares y abogados de las víctimas, junto con videos y fotografías que fueron verificados, y documentos judiciales, contradicen la versión del Ejército.
Muchas de las personas reportadas como detenidas no fueron llevadas ante la Fiscalía y parecen haber sido detenidas durante breves periodos al margen del proceso legal y sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes.
HRW también denunció que "los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica".
"Los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión", agregó la organización.
Human Rights lamentó que "las autoridades parecen haber tomado pocas medidas para prevenir violaciones de los derechos humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones".
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El mandatario ecuatoriano acusó de “antipatria” a las organizaciones e instituciones que denunciaron violaciones de derechos humanos en las cárceles militarizadas y prometió respaldo absoluto a la Policía y Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señaló que "el gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos".
Los homicidios en Ecuador aumentaron un 574,30% entre 2019 y 2023, lo que elevó la tasa de homicidios de poco más de 7 a más de 47 por cada 100.000 habitantes.
Y si bien los homicidios se redujeron en torno a un 27% bajo el estado de excepción, "las extorsiones y los secuestros han aumentado, y los recientes asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión demuestran que la situación sigue siendo grave", concluyó HRW.
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