El Gobierno busca “visibilizar” a los jueces laborales con el fin de frenar la industria del juicio
El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, tiene en mente la lucha contra la industria del juicio que tan instalada está en el país.
Ante esto, el gobierno ideó un plan para visibilizar a los jueces, que según creen, frenan las decisiones de estado y favorecen a los sindicatos.
Desde las entrañas del poder revelaron que hay gran preocupación del primera mandatario por el récord de demandas judiciales que se alcanzarán en este año en el Sistema de Riesgos del Trabajo y la gran cantidad de fallos laborales que benefician a los gremios y perjudican al gobierno y también a las empresas e industrias.
Por eso, desde las redes sociales, Milei puso la mira en los jueces del fuero laboral porque aseguran que atentan contra las pymes argentinas y desalientan la inversión, según aseguran desde el gobierno.
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Voces oficiales insisten en que la ola de fallos contra distintos Decretos de Necesidad y Urgencia, que tienen que ver con el sector laboral, como la reglamentación del derecho a huelga y la eliminación del día del trabajador del estado, son una clara muestra de que la justicia responde a los sindicatos.
La magistrada Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal, declaró falló contra la reglamentación el derecho de huelga ante una presentación de los trabajadores del estado, luego también hizo a lugar a una denuncia impulsada por la CGT y, por último, dictó sentencia contra la eliminación del Día del Trabajador del Estado.
Ante esto, desde el gobierno la señalaron como una “jueza militante” en las redes sociales. Pero esto no queda ahí, porque ahora el gabinete está armando un análisis de los fallos que viene dictando la justicia laboral y que, aseguran, demostrarán la parcialidad de los jueces.
El plan de casa rosada se posa en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya que un fallo de la Corte Suprema de diciembre pasado lo habilitó a intervenir como instancia superior en causas civiles, comerciales, laborales y penales. Desde ese entonces, el Tribunal porteño ya recibió 180 causas enviadas por la corte y 140 son del fuero laboral.
Desde el gobierno buscan apurar el traspaso de juzgados laborales y comerciales de la Nación a la ciudad de Buenos Aires como lo estableció en la Constitución Nacional en la reforma de 1994.
En los pasillos de la casa de gobierno aseguran que si no hay traspasos de juzgados, no se podrá limitar a los jueces laborales, por eso apuestan a desgastar a los magistrados laborales con el ataque directo del Presidente y el resto del gabinete y así poder visibilizar los problemas que generan este tipo de fallos. Aseguran que hay que investigar sus patrimonios y que se conozcan sus caras y nombres para que sepan quiénes son los jueces que están del lado de los sindicatos y en contra de las inversiones y las empresas.
Además de la dialéctica, Milei quiere medidas concretas para desbaratar la industria del juicio. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo reveló, en su último informe, que en un año se iniciaron demandas por un valor equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, generando un costo superior a los 2 billones de pesos en el período que va de junio de 2024 a mayo pasado.
Además, este relevamiento advierte que el 40% de los juicios son en la Provincia de Buenos Aires, mientras que en lo siguen Ciudad de Buenos Aires con el 19% y Santa Fe con el 14%.
De los increíbles números que se desprenden de este estudio, cada mes se presentarían más de 10.000 demandas laborales nuevas.
A pesar de que en período que comprende el informe se redujo la mortalidad laboral, la siniestrabilidad y los accidentes de trabajo, se incrementó la liligiosidad.
Desde la Unión de Aseguradoras advierten que esta situación no se da por un reclamo legítimo en su mayoría, sino que cada juicio se convierte en una oportunidad financiera para el demandante.
Ante esto, otra de las medidas que evalúa el gobierno es permitir sancionar a los abogados que faltan a la verdad y convierten esto en un gran negocio.
El malestar contra la justicia laboral y la industria del juicio no es algo nuevo. Es un reclamo empresarial que viene desde hace mucho tiempo y que frena las inversiones, evita la generación de empleo y debilita la economía argentina.
