El Gobierno define su hoja de ruta para respaldar el veto a las leyes de jubilaciones y discapacidad
Luego de que el Congreso aprobara las leyes de recomposición jubilatoria, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, el Gobierno nacional se prepara para avanzar con el veto presidencial anunciado por Javier Milei y analiza cómo sostener políticamente esa decisión en medio de una creciente tensión institucional.
Desde el Ejecutivo se evalúan tres caminos posibles para enfrentar este escenario: consolidar el veto en el Congreso, presentar una demanda judicial que cuestione el proceso legislativo, o restablecer vínculos con gobernadores claves que influyen en la dinámica parlamentaria.
Cabe recordar que el pasado 10 de julio, el Senado aprobó por unanimidad los proyectos del aumento a los jubilados y aquel vinculado a las personas con discapacidad. Por otro lado, también logró su aprobación la extensión de la moratoria.
Previsión, veto y frente judicial: el plan de tres pasos que buscaría implementar el Gobierno
Según trascendió, la primera etapa se centrará en ejercer la atribución constitucional del presidente para vetar normas aprobadas por el Parlamento. En este sentido, el oficialismo intentará reunir un tercio de votos en al menos una de las cámaras legislativas, lo que permitiría bloquear cualquier intento de insistencia por parte del Congreso.
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La experiencia reciente del veto a la ley de movilidad jubilatoria, en la que la Casa Rosada logró sostener su postura con acuerdos puntuales y ausencias opositoras, alienta esta posibilidad.
En paralelo, el Gobierno analiza llevar el caso a la Justicia. El argumento que se baraja es la supuesta invalidez de la sesión en la que se aprobaron los proyectos, una medida que serviría para ganar tiempo en el plano político y administrativo. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional advierten que esta vía sería controvertida, ya que “no hay base legal para impugnar el proceso una vez superadas las mayorías reglamentarias”.
Además, el Ejecutivo busca reducir la confrontación con los gobiernos provinciales. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó entrever un giro en el tono del oficialismo: “Siempre hay margen para el diálogo” y agregó que “no todos los mandatarios provinciales son iguales en su administración de los fondos”. La declaración sugiere una intención de establecer diferencias dentro del bloque opositor y de explorar acuerdos que permitan evitar nuevas derrotas en el Congreso.
El desenlace de este conflicto tendrá impacto no solo en la política previsional y fiscal del país, sino también en la gobernabilidad del oficialismo, que enfrenta el desafío de sostener su agenda de reformas en un escenario legislativo sumamente fragmentado. La estrategia que adopte el Gobierno en los próximos días marcará el ritmo de una disputa institucional que, de no llegar a un acuerdo, promete extenderse en el tiempo.
