El Gobierno busca avanzar con la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y acercar posiciones para conseguir un dictamen de mayoría en el Senado. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezará este miércoles 14 de octubre una conferencia de prensa para presentar los acuerdos alcanzados con otros sectores, en una instancia clave para definir el texto que el oficialismo pretende llevar al recinto durante la última semana de octubre.
La senadora estará acompañada por Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud; y Nadia Márquez, titular de la Comisión de Legislación General. El objetivo es consolidar los consensos necesarios para avanzar con una iniciativa que propone modificar aspectos centrales de la Ley 26.657, vigente desde 2010.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Salud Mental
Uno de los principales puntos del proyecto es la modificación de los criterios para disponer internaciones involuntarias, es decir, aquellas que se realizan sin el consentimiento del paciente. La legislación actual establece que esta medida solo puede aplicarse ante un riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros. La propuesta busca reemplazar ese criterio por una evaluación de un posible daño grave, que también tenga en cuenta los antecedentes y la evolución previsible del cuadro.
El texto plantea que la decisión requiera la evaluación y la firma de dos profesionales del servicio asistencial, uno de los cuales deberá ser médico y, preferentemente, psiquiatra. La iniciativa también contempla un procedimiento de intervención en situaciones de urgencia y mantiene mecanismos de control judicial, cambios que todavía forman parte de una reforma en discusión y no están vigentes.
Otro eje es la incorporación explícita de los consumos problemáticos de sustancias al abordaje de la salud mental. La propuesta incluye nuevas pautas para la atención de niños, niñas y adolescentes, con equipos especializados y dispositivos diferenciados de los destinados a adultos. También establece principios vinculados con la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a ser escuchado y la participación de las familias.
Además, la reforma contempla la posibilidad de aceptar o rechazar tratamientos de manera anticipada, el uso de teleconsultas para ampliar el acceso a la atención y nuevas reglas para la conformación de los equipos interdisciplinarios.
En cuanto a las altas médicas, prevé que los familiares o representantes legales reciban información con anticipación razonable para organizar el egreso y que se implementen medidas de seguimiento ambulatorio que podrían extenderse hasta seis meses, con controles judiciales periódicos.
El proyecto también asigna al Estado la responsabilidad de garantizar dispositivos comunitarios y medidas de apoyo para los pacientes que no cuenten con una red familiar capaz de acompañarlos. Entre sus disposiciones, incorpora referencias a las Reglas Nelson Mandela, vinculadas con el tratamiento de las personas privadas de la libertad.
Bullrich busca acuerdos para llevar el proyecto de Salud Mental al Senado
Las negociaciones se intensificaron durante los últimos meses. En agosto, Bullrich y Arrascaeta mantuvieron reuniones con representantes sanitarios de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, de las que también participó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. El objetivo fue recoger las posiciones de las distintas jurisdicciones y acercar criterios para destrabar el debate.
La discusión legislativa había comenzado en mayo, cuando las Comisiones de Salud y Legislación General recibieron a funcionarios nacionales y organizaron jornadas de exposiciones con especialistas, organizaciones civiles, asociaciones profesionales, familiares de pacientes y trabajadores del sistema sanitario. Durante esas reuniones, se debatieron las condiciones de internación, el papel de los equipos interdisciplinarios y las herramientas disponibles para intervenir ante situaciones de riesgo.
En ese marco, Nadia Márquez defendió la necesidad de actualizar la normativa y sostuvo: “Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone”.
La legisladora también se refirió a la terminología vinculada con los consumos problemáticos: “No es lo mismo hablar de consumo social que de uso, abuso o adicción. Estamos hablando de enfermedades, y la ley debe reflejarlo con claridad”.
La conferencia de prensa de este miércoles permitirá conocer qué modificaciones quedaron consensuadas y cuál será la redacción que el oficialismo buscará llevar a las comisiones. Para avanzar, La Libertad Avanza necesita reunir los apoyos suficientes para emitir un dictamen de mayoría y habilitar el tratamiento parlamentario durante la última semana de octubre.
Hasta entonces, la reforma continúa en etapa de negociación. Los cambios propuestos no forman parte de la legislación vigente y deberán completar el trámite parlamentario correspondiente para entrar en vigor.
