La Casa Rosada descartó utilizar un DNU para reformar la Corte Suprema

El pedido del decreto había sido realizado por Jorge Capitanich, gobernador de Chaco. Sin embargo, el Gobierno negó esta posibilidad.

Por Canal26

Miércoles 18 de Enero de 2023 - 12:13

Corte Suprema. Foto: NA.Corte Suprema de Justicia. Foto: NA.

Desde el Gobierno aseguraron que no aplicarán un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ante la falta voluntades para tratar en el Congreso el pedido de juicio político a la Corte Suprema.

La respuesta vino poco tiempo después de que Capitanich señalara en declaraciones a El Destape Radio que “hay 37 iniciativas legislativas en las que hay que buscar el máximo nivel de consenso, pero si no hay consenso, por el consenso social y ciudadano que esto tiene, hay que ir y trabajar en materia de instrumentación por Decreto de Necesidad y Urgencia”.

“Uno está observando que este bloqueo político institucional de Juntos por el Cambio respecto al no tratamiento de otras iniciativas legislativas para generar el bloqueo respecto al juicio político, denota claramente la connivencia”, señaló Capitanich

Corte Suprema de Justicia, NA

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Las razones

El proyecto que presentó el Frente de Todos para impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema enumera una serie de causas judiciales. La principal es el fallo por la coparticipación que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y desencadenó la crisis entre el Gobierno y la Justicia.

Pero también hay referencias directas al fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, y a la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2x1 para los delitos de lesa humanidad. 

Otra de las causas mencionadas involucra la situación de la obra social del Poder Judicial. El pedido de juicio político destaca que hubo irregularidades detectadas por una auditoría impulsada por el propio Máximo Tribunal.

Al desarrollar los hechos que probarían el mal desempeño de los jueces de la Corte, el proyecto apunta directo al fallo de la coparticipación. Dice que fue “una arbitraria sentencia” que puso ”en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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