Qué hay detrás de la acusación del Gobierno sobre la cartelización de las prepagas

Prepagas, médico, salud. Foto: NA.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en su conferencia del jueves que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó a un grupo de empresas de medicina prepaga, la Unión Argentina de Salud (UAS) y a Claudio Belocopitt por la "presunta cartelización".

Cabe recordar que el primero en apuntar contra las prepagas fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien a comienzos de abril señaló que estas empresas "le están declarando la guerra a la clase media". 

Prepagas. Foto: Reuters.

Más atrás en el tiempo, en diciembre de 2023 y con la publicación del DNU 70 que desreguló el mercado de la medicina privada, los dueños de las prepagas abordaron dos posturas: la de quienes buscaban recuperar el terreno en mediano plazo y los que preferían hacerlo de inmediato. Estos últimos fueron los "ganadores" de la discusión.

La imputación del Gobierno señala a siete prepagas en particular de un total de más de 40 que fueron incorporadas luego a la misma denuncia. Las multas que podrían aplicarse podrían llegar a una cifra equivalente al 30% de su volumen de negocios o al doble del "beneficio ilícito obtenido".  

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La relación entre las prepagas y el Gobierno

Cabe señalar que la decisión administrativa llega en un punto diferente en el vínculo entre las prepagas y la administración de Javier Milei al que existía apenas meses atrás.

Es que desde la asunción de Mario Lugones como ministro de Salud de la Nación en octubre, el vínculo del Gobierno con estas entidades de medicina se mostró más aceitado, lo que le permite señalar tanto los acelerados aumentos de las cuotas, si no también avanzar en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), con el objetivo de finalizar la triangulación de aportes de la seguridad social y las obras sociales. 

Prepagas. Foto: NA

Según la CNDC, hay 20 días hábiles para que los imputados hagan su descargo; luego, otros 90 más para producir la prueba; y finalmente otros 6 días hábiles para presentar los alegatos.

Tras ello, el ente decidirá si las prepagas son culpables o inocentes del delito que se les imputa. En caso de llegar a la primera conclusión, a las empresas podría caberles multas por "hasta el 30 por ciento de su facturación" o "hasta el doble del beneficio ilícito obtenido", según señaló Adorni. Luego correrán los plazos de la apelación.

“Los acuerdos de precios constituyen una de las conductas más graves de la normativa de defensa de la competencia. En esta nueva Argentina ya no hay lugar para este tipo de prácticas, para este tipo de avivadas", remarcó el vocero.

Desde el lado de las prepagas, el paso a seguir es demostrar que la cartelización nunca tuvo lugar.