Filipinas reemplaza al fiscal general que se negó a defender la detención de Duterte

Manila, 29 may (EFE).- Filipinas nombró este jueves a Darlene Marie Berberabe como la nueva fiscal general del país asiático, después de que su predecesor se negara a defender al Gobierno ante el Tribunal Supremo por el arresto del expresidente Rodrigo Duterte, detenido en La Haya acusado de crímenes contra la humanidad.

Berberabe, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas, juró este jueves el cargo ante el presidente del país asiático, Ferdinand Marcos Jr., afirmó en un comunicado la oficina de comunicación del Palacio Presidencial.

La abogada sustituye así a Menardo Guevarra al frente de la fiscalía, después de que éste rechazase representar ante el Supremo al Gobierno, cuya decisión de permitir el arresto y traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya de Duterte fue desafiada por el expresidente.

Guevarra dijo en una carta al máximo órgano judicial del país asiático que se veía obligado abstenerse de participar en el proceso judicial, debido a "la firme posición de la fiscalía de que la CPI no puede ejercer jurisdicción" en Filipinas.

Duterte fue arrestado por sorpresa en Filipinas el pasado 11 de mayo, después de que la CPI ordenara su detención al acusarlo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas, que durante su mandato (2016-2022) causó 6.000 muertos según la Policía y unos 30.000 según ONG locales.

Aunque el propio expresidente retiró al país asiático del organismo en 2019, el tribunal consideró que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.

Marcos Jr. afirmó que simplemente se limitó a colaborar con Interpol para arrestarlo, tras haber intentando bloquear la investigación del tribunal internacional al inicio de su mandato. Aliado al inicio de su mandato con los Duterte, el cambio de postura se produjo en plena ruptura con el clan del expresidente.

No obstante, la defensa legal de Duterte ha afirmado que se trató de un secuestro ilegal debido a la falta de jurisdicción de la CPI, y recurrió la detención ante el Tribunal Supremo. EFE

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