El Salvador: las elecciones de febrero se realizarán bajo régimen de excepción y una ola de violencia en las calles

Nayib Bukele recibió la aprobación del TSE y podrá buscar la reelección. Foto: Reuters.

El Congreso de El Salvador aprobó la extensión por vigésima segunda vez del régimen de excepción. Este suspende las garantías constitucionales por un período de 30 días y marcará la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 4 de febrero.

De cara a los comicios, se espera la participación de más de 5,5 millones de ciudadanos habilitados para votar. Durante la jornada electoral, el presidente Nayib Bukele buscará su polémica reelección inmediata, a pesar de señalamientos de inconstitucionalidad que él mismo sostuvo en el pasado.

Asamblea Legislativa de El Salvador. Foto: Reuters.

En tanto, la ampliación del régimen de excepción -vigente desde marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas o "maras"- fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados y críticas de la oposición. La nueva extensión entrará en vigencia el 12 de enero, previo a su publicación en el Diario Oficial, y sus efectos durarán hasta el próximo 10 de febrero.

Por su parte, el presidente del Congreso y exsecretario de Bukele, Ernesto Castro, indicó horas antes de la votación, que la idea de que este régimen es una amenaza contra opositores o una propaganda oficialista "es una percepción que solo los delincuentes tienen".

Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos y quien votó en contra de la ampliación de la medida, aseguró que "el régimen de excepción no es una política de seguridad, es la suspensión de los derechos fundamentales de los salvadoreños y esa diferencia hay que marcarla bien".

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Asimismo, la funcionaria opositora agregó: "Sí es cierto que muchos de pandilleros han sido capturados, pero también es cierto que muchas personas inocentes han sido capturadas y cientos de personas inocentes han muerto bajo custodia del Estado".

Además, Ortiz añadió que "no se respetan los procesos en los tribunales y una persona puede quedar fácilmente, siendo inocente, desaparecida dentro de un centro penitenciario (cárcel)".

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Según los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores, de las cuales más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.

Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.

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Asimismo, Amnistía Internacional, indicó que esta medida llevó al país a una de "sus peores crisis" de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.

Además, la escalada de homicidios que dio pie al régimen de excepción ya se cobró la vida de más de 80 personas en tres días y los medios locales sostienen que esta alza se debió a una supuesta ruptura del pacto entre el Gobierno y las maras.