La controvertida Ley Ómnibus genera debate en torno a la protección de los bosques

Deforestación en el norte de Argentina. Foto: Gentileza Greenpeace.

Tras un largo e intenso debate, en septiembre de 2007 se sancionó en nuestro país la Ley 26.331 para la protección de bosques nativos, conocida también como la Ley de Bosques.

La normativa buscaba reducir la deforestación en el país, conservar los bosques nativos y regular la gestión responsable del uso forestal. Para ello, se establecieron una serie de obligaciones a las provincias para "ordenar" y clarificar el estado de su territorio de bosques nativos.

Crisis climática y deforestación. Foto: Unsplash.

Se avanzó entonces a un esquema donde las áreas de bosque debían dividirse en base a un modelo de “semáforo”, es decir; áreas en color rojo, amarillo y verde, de acuerdo a su valor de conservación. 

Así, el color "rojo" corresponde a la categoría I y se refiere a sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera. El color amarillo (categoría II), indica sectores de alto o medio valor de conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrán ser utilizados para un aprovechamiento sostenible, turismo o investigación científica. Finalmente, la categoría III -el color verde- que se refiere a sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, pero solo con una evaluación previa de impacto ambiental.

De esa manera, "el 80% de los bosques del país quedaron como zona amarilla o roja después de la sanción de la Ley", explicó al medio LPO Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. Sin embargo, todo esto podría modificarse con la propuesta de la Ley Ómnibus.

Te puede interesar:

"Amazonia Viva": la iniciativa que busca conservar la selva amazónica de la mano de Natura Colombia

La llegada de la Ley Ómnibus: porqué 

Con la llegada del proyecto, se propuso inicialmente un paquete de reformas donde figuraban medidas que implicaban una regresividad en materia ambiental, ya que impactarían de lleno sobre los bosques nativos.

Según declaró Giardini, "la modificación que mandaron al Congreso tira por la borda el espíritu de la norma".

Para comenzar, en la primera versión presentada ante la Cámara de Diputados, se propuso habilitar zonas de deforestación que la ley vigente protege. Se trataba de las zonas de mayor valor de conservación (categoría I). En lo referido a las zonas de mediano valor de conservación (categoría II), la modificación implicaba que los lotes puedan ser deforestados en su totalidad y no sólo en un porcentaje (como dice la ley actual).

Finalmente, para las zonas de menor valor de conservación (categoría III), la propuesta buscaba eliminar el requisito indispensable de presentar un estudio de impacto ambiental, previamente aprobado por las Autoridades Locales de Aplicación (ALA).

Te puede interesar:

Colombia anuncia acuerdo para frenar el "pico histórico" de delitos ambientales en la Amazonía

Recorte y desfinanciamiento al cuidado de bosques

Si bien algunas modificaciones debieron ser removidas para dar curso al tratamiento de la ley, una de ellas sigue vigente y atenta contra el financiamiento de la protección de bosques: se trata de la composición del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos, que prevé un fuerte recorte y plantea un retroceso al desmantelar los recursos que estaban destinados a proteger los bosques.

A raíz de ello, organizaciones ambientalistas mostraron su disconformidad con las modificaciones y enviaron una nota a los diputados en rechazo al DNU 70/2023 y al Proyecto de Ley Bases. Además, lanzaron una campaña para que la gente "exija que no voten las modificaciones a la Ley de Bosques, la de Glaciares, la de Control de Actividades de Quema, la de Pesca y los capítulos de Energía y de Privatización de Empresas Públicas".

En la nota advierten que “en un contexto en el cual la crisis climática se agrava y amenaza nuestros medios económicos y la salud de nuestra población, creemos fervientemente en la necesidad de adoptar medidas que sean fruto de amplios consensos, y que permitan mitigar y adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, fortaleciendo las capacidades estatales para asegurar nuestra soberanía y defender los intereses de la Nación”.

Además de los negocios que abre la modificación a la ley sancionada en 2007, nuestro país también se arriesga a sanciones si permite la deforestación indiscriminada: "La Unión Europea definió que no van a comprar productos que vengan de área deforestada. Si Argentina flexibiliza la norma se expone a perder ese mercado", advirtió Giardini.