Gabriel Vega, el padre de Agostina, la menor asesinada en la provincia de Córdoba, presentó este martes en la Legislatura el proyecto de ley que busca prevenir, detectar y proteger a niños, niñas y adolescentes. Hay ocho puntos fundamentales, pero el sistema integral incluirá otros aspectos esenciales.
A más de tres meses del femicidio de la joven de 14 años, cuyo caso tiene seis detenidos, el padre de la menor intentará impulsar este proyecto que buscará dar respuestas rápidas ante situaciones de violencia o abuso.
De qué se tratará el Sistema Integral Agostina que fue presentado en la Legislatura de Córdoba
El proyecto propone crear el Sistema Integral Agostina, un mecanismo provincial destinado a la prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección de niños, niñas y adolescentes (NNYA).
El objetivo central es actuar ante las primeras señales de una posible vulneración de derechos, antes de que la situación se agrave o el daño sea irreversible. Para eso, plantea una articulación entre distintos organismos del Estado y establece procedimientos específicos para responder ante situaciones de riesgo:
Alerta y detección temprana: cómo funcionaría
Uno de los principales ejes de la iniciativa es la creación de un sistema de alerta y detección temprana. Ante indicadores serios y objetivos de una posible vulneración de derechos, se activaría una evaluación para determinar qué organismo debe intervenir.
La propuesta busca evitar que señales como cambios de conducta, ausentismo escolar, violencia, abuso, autolesiones, grooming o consumos problemáticos pasen inadvertidas o no reciban una respuesta adecuada.
Los niños y adolescentes podrán pedir ayuda
Otro de los puntos centrales es reconocer el derecho de niños, niñas y adolescentes a pedir ayuda. El proyecto establece que puedan comunicar situaciones de riesgo que los involucren directamente o que afecten a otras personas, solicitar asistencia y ser escuchados de acuerdo con su autonomía progresiva.
De esta manera, la detección de un problema no dependería únicamente de que un adulto advierta lo que está ocurriendo.
Línea Agostina 24/7: un canal para solicitar asistencia
La iniciativa también contempla la creación de la Línea Agostina, un servicio gratuito y permanente, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.
El canal funcionaría mediante distintas vías, como teléfono, mensajería, aplicación, página web y chat. La idea es generar una puerta de entrada sencilla al sistema de protección para que los NNYA puedan comunicar una situación de riesgo y recibir orientación.
Programa Agostina en Escuelas
El proyecto incorpora un programa de formación preventiva destinado a las escuelas. La propuesta contempla contenidos relacionados con grooming, abuso, trata, consumos problemáticos, violencia, salud mental, autolesiones, riesgo suicida, seguridad digital y autoprotección.
El objetivo será brindar herramientas para que los estudiantes puedan reconocer situaciones de riesgo, identificar señales de alerta y conocer dónde y cómo pedir ayuda.
Gabinetes Agostina: equipos interdisciplinarios de asistencia
Los Gabinetes Agostina serían equipos formados por profesionales de distintas disciplinas. Su función estaría vinculada con la escucha, orientación, primera evaluación, acompañamiento y derivación de cada situación.
Estos equipos buscarían acercar una primera respuesta profesional y conectar a cada niño o adolescente con el organismo correspondiente según el tipo de problema detectado.
Protocolo de Alerta y Búsqueda ante desapariciones
El proyecto también establece un protocolo específico para actuar ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta plantea una respuesta inmediata, sin necesidad de esperar una determinada cantidad de horas para comenzar la búsqueda. Además, contempla la coordinación entre los organismos involucrados para acelerar la intervención y evitar demoras.
Registro de Restricciones Judiciales
Otro de los puntos incluidos es la creación de un Registro Provincial de Restricciones de Contacto con NNYA.
El registro tendría acceso restringido y contemplaría medidas de protección de datos. Su finalidad sería facilitar que las autoridades habilitadas puedan conocer si existen restricciones judiciales de contacto vigentes y actuar en consecuencia.
Qué protocolos se aplicarían en escuelas, clubes y otros ámbitos
La iniciativa no se limitaría al ámbito escolar. También contempla protocolos específicos para establecimientos educativos y clubes donde participan niños y adolescentes.
En las escuelas se prevé la detección y actuación frente a situaciones como ausentismo reiterado, cambios de conducta, violencia, abuso, grooming, autolesiones y consumos.
En el caso de los clubes y entidades deportivas, el proyecto plantea establecer protocolos de protección y contar con un referente institucional encargado de actuar ante posibles situaciones de riesgo.
Consumos problemáticos: prevención sin estigmatización
El proyecto también incorpora herramientas para abordar los consumos problemáticos. En estos casos, se plantea una evaluación interdisciplinaria que permita determinar los riesgos y definir la intervención correspondiente.
El enfoque busca priorizar la protección y el acompañamiento de los NNYA, evitando que la detección de un consumo derive automáticamente en una respuesta estigmatizante.
El rol de la Justicia en los procesos de familia
Dentro de los procesos de familia, la propuesta contempla la comunicación judicial de indicadores de riesgo y medidas de protección.
La finalidad es que la información relevante pueda ser conocida por los organismos que intervienen en la protección de los derechos de los niños y adolescentes y que las medidas adoptadas tengan continuidad entre las distintas áreas.
Estadísticas y seguimiento del sistema
El proyecto también prevé mecanismos de evaluación y seguimiento. Para eso, se utilizarían estadísticas anonimizadas que permitan conocer el funcionamiento del sistema, detectar dificultades y realizar mejoras.
La información recopilada serviría para evaluar las intervenciones sin exponer datos personales de los niños, niñas y adolescentes involucrados.
La Ley Agostina plantea una intervención articulada entre diferentes áreas. Entre los organismos involucrados aparecen SENAF, Educación, Salud, Justicia, el Ministerio Público Fiscal, los municipios y otras dependencias estatales.
La intención es evitar respuestas aisladas y generar una coordinación que permita determinar rápidamente quién debe intervenir en cada caso.
La implementación del sistema sería progresiva y, según el proyecto, buscaría aprovechar los recursos existentes para evitar duplicaciones innecesarias.
A su vez, la iniciativa plantea una articulación con la Ley Lucio, que tiene como eje fortalecer la detección de situaciones de violencia y vulneración de derechos. En este esquema, la Ley Agostina apuntaría a organizar y fortalecer la respuesta posterior a la detección de una señal de alerta.
