Avanza la privatización: el Gobierno habilitó a AySA a cortar el servicio por falta de pago
El Gobierno nacional avanzó un paso más en el proceso de privatización de AySA, anunciado el viernes, al autorizar los cortes del servicio por falta de pago. La medida fue oficializada mediante el DNU 493, publicado este martes en el Boletín Oficial.
Con este decreto, se actualizó el marco regulatorio de la empresa, abriendo la puerta a la venta de acciones y al ingreso de capital privado. Actualmente, el 90% del capital de AySA está en manos del Ministerio de Economía, mientras que el 10% restante pertenece a empleados de la compañía que participan del Programa de Propiedad Participada.
Estos cambios se dan “en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”, según explicaron las autoridades.
AySA podrá cortar el servicio si no se paga por él
La empresa quedó habilitada a interrumpir el servicio en caso de falta de pago. La medida impacta en los usuarios de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y de 26 municipios del conurbano bonaerense, y entra en vigencia a partir de este martes 22 de julio.
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En el marco de la actualización del régimen regulatorio, el Gobierno también definió un esquema de cooperación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA).
Así, se instruyó a APLA a crear un Plan Director de Mejora Estratégica que deberá “establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.
Y también, la normativa señala: “El Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”.
El DNU 493 fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que “tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días hábiles”.
