Confirman un embargo de $10 mil millones contra De Vido

La Cámara Federal de Casación confirmó el embargo de 10 mil millones de pesos contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, en el marco de una causa por presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

La sala IV de este tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, rechazó de esta manera el recurso presentado por el ex funcionario kirchnerista, y al que luego adhirió su esposa, Alessandra Minnicelli.

En la resolución, los magistrados resaltaron que "la cautela impuesta tiene por fin evitar que se consolide el provecho del delito" que se investiga.

También señalaron que "el proceso penal no sólo apunta a establecer la verdad material" de los hechos y de "determinar la eventual responsabilidad de los imputados", sino también la derecuperar el dinero originado de los ilícitos.

"He resaltado que en los delitos en donde se investigan presuntos actos de corrupción, como el de autos, debe ponerse el acento precisamente en esta función reparatoria", agregó Borinsky en el fallo.

La decisión se tomó en el marco del caso conocido como "Vialidad", en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, que ya fue elevada a juicio y en la cual también está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner.

El monto del embargo se realizó en base a una valoración del perjuicio que se habría causado con la maniobra pesquisada, precisó el Centro de Información Judicial (CIJ).

De Vido, que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde octubre pasado, también fue embargado por el juez federalSebastián Ramos por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, al no haber conformado los equipos técnicosestablecidos por ley para renegociar contratos ferroviarios.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Claudio Bonadio, también dispuso que se embarguen sus bienes hasta cubrir la suma de 1.000 millones de pesos por presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos.