Reclaman declarar la "emergencia tarifaria" para frenar la crisis desatada por ajustes en luz y gas

El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que coordina el economista Claudio Lozano, consideró que es necesario "declarar de inmediato la emergencia tarifaria", para frenar "la crisis desatada por los tarifazos impulsados por el Gobierno nacional".

Según la entidad, los ajustes de tarifas "han cuadruplicado el peso del gasto en servicios públicos esenciales en los ingresos de un hogar medio (del 6% en el 2015 a 26% a fines del 2018)".

Para Lozano, "hay que hacer un replanteo integral de la problemática energética nacional. Esto supone refundar el sector energético para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la protección del ambiente, la mayor eficiencia y la diversificación de la matriz energética hacia fuentes renovables".

"Este objetivo exige terminar con la regulación privatista del sistema que, puesta en marcha en los noventa, se ha mantenido hasta la actualidad promoviendo el comportamiento rentístico del sector y su control por un reducido número de agentes económicos.

Regulación sostenida en normas que promueven la dolarización y la mercantilización del sector", alertó el ex diputado nacional y presidente del partido Unidad Popular.

De acuerdo con el informe distribuido a la prensa, "el camino para lograr ese objetivo exige realizar una auditoría integral de los balances de las empresas de luz y gas, desde la declaración de emergencia económica de comienzos de 2002 hasta la actualidad".

"Durante el período kirchnerista, se volcaron más de 25.000 millones de dólares en subsidios a las empresas energéticas, mientras que en tan sólo dos años de tarifazos- 2016-2017-, la transferencia de toda la población a ese selecto grupo de privilegiadas, orilló los 16.000 millones de dólares", aseguró el reporte.

Por último, advirtió: "esa es la magnitud de la estafa, con ganancias exorbitantes de las empresas que nadie explica y con las mismas deficiencias del servicio que se profundizan desde fines de los ’90. Estafa que, en tanto se explicite, permitirá rescindir contratos y avanzar con mayor presencia pública en el sistema".